En la tercera sesión virtual del año, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que regula el teletrabajo. Fue con 214 votos positivos frente a uno negativo y 29 abstenciones. De aprobarse en el Senado, entrará en vigencia noventa días después de la finalización de la cuarentena. Luego de esa votación, la Cámara Baja se disponía a iniciar el debate de las iniciativas para regular la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, y el proyecto de Economía del Conocimiento.
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El teletrabajo se venía consolidando como una práctica recurrente en los últimos años y el debate sobre su regulación se instaló con mayor fuerza desde que comenzó el aislamiento. Prueba de eso fue la cantidad de proyectos presentados, veinte en total, cuyos trazos se unificaron en el definitivo. El dictamen provino de la comisión de Legislación del Trabajo, que encabeza la diputada de raíz gremial Vanesa Siley (FdT), y donde participaron las principales centrales sindicales, cámaras empresarias y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
La sesión comenzó a las 16:30 hs, con las manifestaciones políticas, antes de empezar las intervenciones sobre el proyecto. En esa instancia se cruzaron oficialismo y oposición, con relación a qué agenda de temas tratar. El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo que su espacio no va a «proponer temas que dividen». Aludió indirectamente al impuesto para gravar a las grandes riquezas y a la expropiación de Vicentin, algo que pasó a un segundo plano, marcando cuál es la posición de la oposición dura al respecto.
Quien le contestó fue la diputada oficialista Gabriela Cerruti. «¿De verdad creen que la sociedad está dividida entre investigar o no el aparato de espionaje durante el macrismo?», objetó, y refirió también en ese sentido a la intervención de Vicentin para cuidar las fuentes de trabajo y la reestructuración de la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Con respecto al tratamiento del proyecto, Siley fue la primera diputada en hablar. Destacó el interés social de legislar sobre el trabajo a distancia, debido al crecimiento de esta modalidad por la pandemia. «Que este tema esté regulado tiene que ver con todos los actores de la vida social, con los trabajadores y trabajadoras, con el sector privado, empresario, y con el Estado», resaltó. También afirmó que el proyecto «protege los derechos de las personas que trabajan», y desarrolló los principales puntos de la iniciativa.
El proyecto determina que quienes se desempeñen a través del teletrabajo «gozarán de los mismos derechos y obligaciones que quienes cumplan labor bajo la modalidad presencial, y su remuneración será la misma del convenio colectivo de trabajo».
A su vez, establece el derecho a la desconexión digital; contempla el principio de voluntariedad y reversibilidad en la modalidad de home-office, que deben ser acordadas entre las partes; la asignación del equipamiento tecnológico -y su reparación- a cargo del empleador; la compensación de los gastos del trabajador, en función de la conectividad y de servicios como la electricidad; y el derecho a tener horarios compatibles para quienes tengan a cargo el cuidado de personas menores, con discapacidad o adultos mayores, un punto que Siley resaltó.
Estas son las pautas generales, mientras que el proyecto delega las especificidades por rubro a los convenios colectivos de trabajo de cada actividad.
Campaña de donación de plasma
La iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apunta a la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, en todo el territorio nacional, en el marco del Plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos.
El proyecto establece una licencia especial para aquellos donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen. Además, garantiza el traslado de aquellas personas recuperadas que reúnan las condiciones para donar y que no tengan los medios para realizarlo. La campaña tendrá «una duración de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, que podrá ser prorrogable por el Poder Ejecutivo Nacional si lo considera necesario».
El proyecto basa estas medidas en que «se hace imprescindible que sea la sociedad en su conjunto que ponga en valor la donación de quienes, luego de haber pasado por una situación angustiante, cooperan para mejorar la calidad de vida de los demás».
El procedimiento, que se realiza en diferentes centros habilitados, consiste en un procesamiento de la sangre a partir del cual se separa el plasma del resto de los componentes. Así, glóbulos rojos, blancos y plaquetas se devuelven luego al paciente sin el plasma. Se trata de un remedio eficiente para tratar el virus.
