La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria Maite Alvado, que busca mejorar las indemnizaciones en el territorio bonaerense.
La iniciativa busca modificar el artículo 48 de la Ley Nº 11.653, para sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Este cambio busca subsanar el perjuicio que representa para las y los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licua enormemente la indemnización que recibe la persona beneficiaria a la hora de su pago efectivo.
Al respecto, la diputada Alvado le respondió a los diputados que denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto: «Me parece fructífero el debate que hoy se dio, estoy convencida que a partir de este proyecto vamos a poder construir una provincia mejor». «Tenemos que cuidar las fuentes de trabajo, tenemos que cuidar la producción nacional».
La legisladora Soledad Alonso, coautora del proyecto, celebró la medida y dijo que «es una reparación de justicia para los trabajadores despedidos. Este proyecto tiene el apoyo de Correa, de los sindicatos, porque las leyes se hacen con la gente».
«Lamentablemente siempre se dice que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, y esto es porque cuando llega la sentencia y de cobrar ese juicio laboral la tasa en la provincia de Buenos Aires es pasiva. Nos podemos poner a pensar que durante los 4 o 5 años que el empresario no le pagó y que tenía en su poder el dinero del trabajador lo puede poner en una tasa activa y después en esos 4 o 5 años sacaba esa plata que le había dado rédito económico y le pagaba a tasa pasiva, provocando un gran perjuicio, pero no así durante todo ese tiempo que pudo capitalizar hasta un interés con el dinero de la indemnización».
En este sentido, la legisladora oficialista dijo que, sin esta modificación, «son muy perjudiciales estas sentencias que reciben los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, y que cruzando la General Paz, no es así». En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se beneficia mucho más a los trabajadores que inician el juicio laboral por despido.
«Pensando en no dilatar estos juicios y que aportaría en este momento de crisis económica y de pérdida de su fuente laboral, que el arreglo sea lo más parecido a la justicia, invito a que acompañemos este proyecto», concluyó Alonso.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Unida Guillermo Kane explicó que «es un problema la licuación de los montos que son objeto en los fallos de justicia laboral, cuando se encuentra que no se cumplió con la indemnización, que se hizo un despido ilegal, que cuando llega el momento de la justicia que son tiempos muy largos para los trabajadores que tienen que darle de comer a sus familias, sino que también la inflación pulveriza el ingreso».
Asimismo, cuestionó los dichos del legislador Castello sobre la «industria del juicio» y «que piqueteros y sindicalistas se enriquecieron con el hecho de que la inflación no se coma los salarios adeudados de alguien que gana un juicio laboral porque fue injustamente despedido», y que apuntó: «Los piqueteros reciben planes de 78.000 pesos. Yo lo quiero ver a Castello tratando de alimentar a su familia con 78.000 pesos, venir acá de hablar de privilegios».
El proyecto tuvo el acompañamiento de la izquierda más el bloque «dialoguista». Por su parte, el PRO y la Coalición Cívica lo rechazaron marcando la inconstitucionalidad de la iniciativa, mientras que los dos bloques de la UCR se abstuvieron, alegando que no es competencia de la Legislatura.
