El Congreso aprobó anoche el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, bautizado como “Ley Micaela García”.
Tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y la conmoción política que generó, el Ejecutivo nacional se vio obligado a ceder a la presión de legisladores y legisladoras de la oposición para que el proyecto ingrese en el temario de las sesiones extraordinarias en Diputados, donde finalmente tuvo media sanción, con 171 votos a favor y sólo uno en contra, del oficialista Alfredo Olmedo.
La iniciativa de la diputada del Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga, con el apoyo de los diputados del Movimiento Evita, donde militaba Micaela García, joven entrerriana víctima de feminicidio, propone una capacitación con perspectiva de género en los tres poderes del Estado.
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Estas capacitaciones serán de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, en los diferentes estratos estatales, y se prevén sanciones para las personas que se nieguen sin causa justa a realizarlas. El incumplimiento será considerado una falta grave que no sólo dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente, sino que, además, se hará pública la negativa a participar en la capacitación a través de la página del Instituto Nacional de las Mujeres, que será la autoridad de aplicación.
“Son dos proyectos que lograron transformarse en uno. Hay otros once que apuntaban a la prevención que todavía no han llegado a tratarse”, explicó Néstor García, padre de Micaela, minutos antes de tratarse la normativa.
Néstor García: “Son dos proyectos que lograron transformarse en uno. Hay otros once que apuntaban a la prevención que todavía no han llegado a tratarse”.
“El tratamiento de esta ley significa que se concretó algo por lo que Micaela luchó. Micaela era feminista, dio su vida por defender los derechos de la mujer. La autopsia comprobó que ella se resistió hasta último momento por los moretones y las marcas. Ella le había dicho a los compañeros de militancia: ‘a mí que me maten, pero yo no me dejo violar’”, contó García.
Al inicio, tras una larga jornada de discusión de la ley de barras bravas, la radical Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara, destacó que el debate es producto de “la revolución cultural” que se viene desarrollando en Argentina, producto de que “las mujeres decidieron no callarse más”. “Necesitamos dar una respuesta institucional”, sostuvo.
Rach Quiroga por su parte, destacó que “si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía estado parlamentario”, y remarcó: “Sin esta sororidad esto no hubiera sido posible”. La diputada kirchnerista destacó que la iniciativa fue presentada en abril del año pasado y que sólo logró que entrara al recinto la presión social.
Rach Quiroga: “si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía estado parlamentario”.
“El proyecto tenía el dictamen consensuado y no se trató en el período ordinario. Hubo que presionar mucho para incorporarlo. La inclusión se la debemos a la presión social de las mujeres. Porque el gobierno declama su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres pero recorta el presupuesto del INAM, los planes de apoyo a las mujeres. No es cuestión de hablar, es cuestión de políticas públicas concretas”, consideró.
La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti remarcó que esta normativa forma parte de un paquete de leyes “que todas juntas tienen la misión de generar políticas de prevención de la violencia machista”. “Estas leyes son herramientas para profundizar un camino para transformar y construir una sociedad mejor, más igualitaria, con más respeto, y el Estado tiene que estar al frente de esas transformaciones, no llegar siempre tarde ni tener una mirada punitivista cuando el crimen ya fue cometido”, agregó.
El proyecto hoy mismo podría tratarse en sesiones extraordinarias del Senado. Con el visto bueno de la Cámara Baja, sólo queda la Cámara Alta para que la Ley Micaela sea un hecho.
