En consonancia con el rechazo general que ya motivó una presentación judicial por parte del fiscal Guillermo Marijuán, el bloque de diputados provinciales del FpV-PJ se pronunció en contra la Resolución 20/2108 de aumento retroactivo en la tarifa de gas, que implica que los usuarios paguen la deuda de las distribuidoras con las petroleras. El bloque legislativo presentó un proyecto de Declaración de Repudio e insta a que María Eugenia Vidal impugne la medida de manera inmediata.
La iniciativa del macrismo, conocida la semana pasada, conmocionó a la opinión pública al ser considerada una maniobra que –bajo complicidad de las grandes empresas distribuidoras– busca salvar a través del bolsillo del usuario las deudas generadas por la disparada del dólar, generada este año por el propio gobierno.
“La deuda se genera porque la tarifa que estamos pagando en la actualidad fue cotizada en el mes de abril con un valor del dólar a 20,55 pesos. Considerando que las distribuidoras pagan a las petroleras a 75 días, la devaluación constante del peso argentino provoca una diferencia del valor pagado por los usuarios y el que factura la petrolera; diferencia que, con intereses, el gobierno ahora autoriza a trasladar a las tarifas para que paguen los usuarios a partir de 2019”, explicaron desde el interbloque a través de un comunicado.
La deuda, estimada entre abril y septiembre de este año, es entre las empresas distribuidoras de gas y las petroleras productoras y asciende a unos 10.600 millones de pesos. En conferencia de prensa, el secretario de Energía, Javier Iguacel, relativizó el aumento diciendo que “serían noventa pesos por mes” –que en veinticuatro cuotas representarían un total promedio de 2.160 pesos sacados del bolsillo de cada usuario– y volvió a hacer hincapié sobre la “pesada herencia” para justificar la medida.
En tanto, “inconstitucional” fue la definición de la medida pronunciada por Roberto Daoud, referente de la Defensoría de Usuarios y Consumidores. En diálogo con Contexto, Daoud expresó: “El macrismo nos quiere hacer socios de las empresas, pero para afrontar las pérdidas. Esto no es nuevo. En 2016 el gobierno nacional condonó una deuda de 19.000 millones de pesos a todas las empresas de energía eléctrica que tenían deuda con el mercado eléctrico mayorista” .
En este mismo sentido, desde Unidad Ciudadana afirmaron: “El gobierno elige garantizar la rentabilidad de las empresas, asegurándoles el mínimo costo posible a expensas de las y los ciudadanos, desconociendo el contexto de crisis y ajuste. Una vez más, el gobierno propone una extraordinaria transferencia de recursos de la población a las grandes empresas”.
Cabe destacar que el aumento fue rechazado por intendentes del peronismo como Gabriel Katapodis de San Martín o Juan Zabaleta de Hurlingham, que impulsaron acciones ante la Justicia, como también la asociación civil CEPIS, que exige dejar en suspenso la medida hasta tanto se resuelva su legalidad.
Por su parte, Daoud remarcó que cobrar estas cuotas representa violar “el derecho del consumidor a la irretroactividad y el derecho a la propiedad”, y que es el gobierno quien debería hacerse cargo de la deuda acumulada por las empresas.
“El servicio público tiene un principio de protección para el usuario por ley. Acá se están desviando no sólo de las reglas de la esfera de lo público, sino también de las reglas mismas del mercado. En el ámbito del servicio público hay grandes facultades para las empresas. Esto está dejando un precedente muy grave para otras empresas”, agregó.
En este sentido, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se calcula que el precio de la tarifa de gas promedio podría escalar a los 2.921,88 pesos. De un consumo inicial en el año 2015 de 150 pesos, la sumatoria de aumentos trepa hasta casi los 3.000 pesos.
