Mientras la Cámara de Diputados debate en plenario de comisiones el proyecto de ley ómnibus del Gobierno de Javier Milei, diputados de Unión por la Patria (UP) rechazaron la venta de las empresas públicas y de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trata de dos iniciativas al interior del megaproyecto de ley denominado «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», que contiene más de 600 artículos y aborda reformas en temas electorales, fiscales, previsionales y de huelga.
En este marco, los diputados Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky presentaron un proyecto de declaración para que sea tratado en el Congreso rechazando la totalidad de las privatizaciones de empresas del Estado.
«No podemos permitir que se concrete este masivo e injustificado plan de privatización de empresas y sociedades del Estado y venta de activos del FGS», sostuvieron los legisladores. «Este plan tendría un carácter irreversible y produciría nefastas consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores», apuntaron.
En total, son 41 empresas y organismos, entre los que destacan Aysa, Banco Nación, YPF, Correo Argentino, Enarsa, la agencia de comunicación pública Télam (entre otros medios estatales) y Aerolíneas Argentinas.
En los fundamentos, los diputados de UP cuestionaron que el proyecto de ley ómnibus se justifica en la mayor «eficiencia y eficacia del Estado» pero no cuenta con «análisis previo de viabilidad ni eficiencia de ningún tipo». «Se trata de un procedimiento privatizador absolutamente dogmático. La privatización por la privatización misma, sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado», señalaron.
La iniciativa también cuestionó que el proyecto de Milei «no tiene apego por las formas ni las pautas jurídicas». En ese sentido, sostuvo que una privatización de este tipo debería pasar por el Congreso y ser abordada en particular, no en general. Y objetaron que otorgue un permiso genérico al Poder Ejecutivo para que venda el patrimonio estatal.
«Por tratarse de una iniciativa legal que pregona tanto la eficiencia, resulta paradójico que sea tan ineficiente en términos jurídicos y que prescinda de parámetros económicos y fiscales. Por eso, se reitera: se trata de una política dogmática y netamente perjudicial para el Estado y el pueblo argentino», resaltaron.
En sus fundamentos, el proyecto de Milei justifica el intento de privatizar las empresas públicas para «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas».
En este punto los diputados peronistas sostuvieron que gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía. «Su venta habilitaría grandes negocios para el sector privado», advirtieron.
Dieron los ejemplos de IEASA en energía, Aysa en servicios de agua y saneamiento y Trenes Argentinos en transporte. «Son vitales para la prestación de servicios esenciales», remarcaron. También destacaron la importancia de empresas y entidades estratégicas para el desarrollo económico y social, como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Por el lado del FGS, indicaron que el proyecto de Milei tiene como objetivo encubierto la «venta de sus activos». «El proyecto de ley viene a amplificar el proceso de venta y disponer los activos del FGS, en particular las acciones. El FGS tiene acciones por más de 13.1100 millones de dólares, lo que equivale al 17,4 % del total de sus activos», afirmaron.
Entre las participaciones accionarias del FGS se encuentran las sociedades Ternium, Pampa, Grupo Clarín, Molinos, entre otras grandes empresas. «Esas empresas, socias del gobierno 2015-2019 y del actual, siempre vieron en el FGS y el sistema público previsional una incautación y una intromisión. Por eso este proyecto de ley viene a concretar un histórico anhelo doble de desplazar la participación estatal y de hacerlo a precio irrisorio», alertaron.
Y finalizaron: «Entendemos que robustecer la eficiencia del sector público y de las empresas y sociedades del Estado es un desafío. Pero rechazamos rotundamente que la forma de resolver presuntas ineficiencias consista en la entrega del patrimonio público».
