En la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Diputados emitió dictamen esta tarde al proyecto que establece el «Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de facultades y funciones de seguridad». La iniciativa -que había recibido la media sanción del Senado el 2 de octubre- establece que el mantenimiento de la Policía porteña se realizará en cuotas mensuales y será ajustable trimestralmente a través de un índice compuesto en un 80 por ciento por la variación salarial de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el IPC de la CABA.
En septiembre, el presidente Alberto Fernández anunció una reducción de los fondos que le gira a la CABA a través del DNU 735/20, y aclaró que debía ser aprobado posteriormente por el Congreso.
La medida respondió a las desigualdades históricas de la CABA con respecto a la provincia de Buenos Aires y a las demás provincias en la distribución de la coparticipación, que se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri en favor de la CABA. En 2016, el expresidente acrecentó por decreto los fondos para la CABA, del 1,40 por ciento del total de la masa coparticipable al 3,75 por ciento. Con el Pacto Fiscal de 2017 el porcentaje bajó levemente a 3,5 %.
La excusa utilizada por Cambiemos en 2016 para el incremento de la coparticipación porteña fue que era para financiar el traspaso de la Policía Federal, aunque después se supo que el cálculo de la carga fiscal fue excesivo.
La medida de Fernández apuntó a la creación de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, perjudicada históricamente por la distribución de coparticipación.
Durante el tratamiento, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González (Frente de Todos), cuestionó que el decreto de Macri de 2016 fue «unilateral, arbitrario e intempestivo». «De ninguna manera se trata de perjudicar a la ciudad de Buenos Aires, sino que se trata de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos que determina la transferencia de servicios y seguridad a la ciudad», sostuvo.
Juntos por el Cambio se opuso y firmó un dictamen de rechazo. El primero en hablar fue el chubutense Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien pidió postergar la firma del dictamen. El legislador afirmó que «dada la complejidad y trascendencia que tiene este tema, la detracción trascendente muy grande de recursos a la ciudad, estamos hablando de una cuestión que tiene anclaje constitucional», afirmó.
Luego señaló que el Decreto 735 por el cual Fernández redujo la coparticipación de la ciudad y la ley en discusión «terminan de completar un despojo de dimensiones inéditas a una de las partes componentes del Estado argentino, y este tema no ha tenido ningún tratamiento en comisión. Fuimos anoticiados ayer de esta reunión de comisión», reclamó.
Los beneficios de la CABA
Las desigualdades entre la CABA y las provincias son muy evidentes. Para el caso de la provincia de Buenos Aires -donde vive la mayor cantidad de argentinos y argentinas en situación de vulnerabilidad-, en 2019 el gasto público per cápita representó 59.485 pesos. Le correspondió por coparticipación federal de impuestos la suma de 300.232 millones de pesos, con una población de 15.625.084 (según censo del INDEC de 2010). A su vez, en el populoso distrito bonaerense de La Matanza -de 1.775.000 habitantes, también según el último censo oficial- el gasto público per cápita en 2019 representó apenas 8.700 pesos.
Como contrapartida, en CABA el gasto público per cápita fue casi el doble en 2019 con respecto a la provincia de Buenos Aires: 113.172 pesos, con un coeficiente de coparticipación federal de 84.269 millones y una población de 2.900.000 habitantes.
Estas diferencias existen a pesar de que la provincia de Buenos Aires es la que más valor agregado genera en la Argentina, aportando cerca del 36 por ciento del PBI, con una estructura de producción diversificada. Su industria representa más del 50 por ciento del total industrial del país, mientras que el sector primario representa aproximadamente un cuarto del total, según el mensaje que acompaña a la Ley 15.078 de Presupuesto de esta jurisdicción para el año 2019.
Para los gobernadores, la disputa debe resolverse en el Congreso y no en la Justicia
Por otro lado, esta semana diecinueve gobernadores peronistas firmaron una solicitada donde cuestionaron el decreto de Macri de 2016 y reclamaron que la pulseada por el recorte de fondos del gobierno nacional a la CABA se resuelva en el Congreso y no en la Justicia. En particular, el mensaje al Tribunal apuntó a que no se trata de un problema de coparticipación sino de reparto de los fondos nacionales. Por esto, según establece la Constitución, el tema debe resolverlo el Congreso y no la Justicia.
Vale recordar que la Corte Suprema debe resolver si acepta la cautelar que presentó en septiembre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ponerle un freno a la poda. Los mandatarios peronistas sostuvieron en la solicitada: «Siempre hemos planteado el debate desde la política, y con carácter federal. Ninguna provincia judicializó esta decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país, sin respetar los mecanismos constitucionales y sin una discusión transparente sobre los recursos otorgados».
