Un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitió dictamen esta tarde al proyecto de modificaciones al impuesto a las ganancias. La iniciativa eleva el piso desde el cual se paga a salarios brutos de 150.000 pesos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos. De este modo, alcanza a 1.267.000 trabajadores y jubilados.
El proyecto que modifica el artículo 30 de la Ley N° 20.628 exceptúa el aguinaldo e incorpora a su vez mayores beneficios para jubilados y pensionados, parejas en concubinato y contribuyentes de la zona patagónica. El objetivo del Frente de Todos es tratarlo la semana próxima en el recinto.
Las últimas incorporaciones al proyecto, resultado de reuniones entre el oficialismo y las centrales sindicales, abarcaron la suma de una deducción por gastos de guardería de hijos e hijas de hasta tres años; se duplica la deducción por hijo con discapacidad y se extiende la eximición hasta el 20 de septiembre del 2021 para el personal de salud por las guardias y horas extras de sus jornadas de trabajo a causa de la pandemia de covid-19. Así lo informó el diputado Carlos Heller (Frente de Todos), presidente de Presupuesto y Hacienda, al inicio de la jornada.
«Estamos planteando un proyecto que va a hacer que 1.267.000 personas dejen de pagar el impuesto a las ganancias», dijo Heller. De sancionarse el texto, agregó, el impuesto «alcanzaría solo al 7 % de los trabajadores registrados y al 2,4 % de los jubilados». El legislador agregó que el proyecto «será una contribución para la mejora de la actividad económica, además de la mejora individual para cada uno de los alcanzados».
Por su parte, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), titular de Legislación del Trabajo, destacó el «diálogo intersectorial que involucró a representantes del Poder Ejecutivo, tributaristas y representantes de los trabajadores» para consensuar los alcances de la iniciativa.
Otros de esos cambios aplicados al texto original del proyecto son la exclusión del impuesto a la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado.
Por el lado de Juntos por el Cambio, el diputado Luis Pastori (UCR) adelantó que su bancada acompañaría el dictamen con disidencias. «Estamos de acuerdo con el objetivo, que es aliviar el bolsillo de muchos trabajadores. Pero no es el diseño correcto que vaya en línea con la economía del impuesto. Con tantos parches a lo largo de los años y los gobiernos, ha perdido la progresividad, que es su característica esencial», planteó. «No se está aumentando el mínimo no imponible, sino que se está creando una deducción especial para una determinada franja de trabajadores. Es un proyecto con buenos objetivos pero mal diseñado», afirmó el radical mendocino.
El proyecto será retroactivo a enero, por lo tanto, a los trabajadores que perciben hasta 150.000 pesos de salario bruto se les reintegrará en abril la suma que se les descontó en el primer trimestre del año.
El diputado Jorge Sarghini, del bloque Consenso Federal, recordó que «se ha prometido una reforma tributaria que no llega». «Seguimos haciendo política económica como si estuviéramos con un nivel de informalidad de los países escandinavos, nos olvidamos que el 50 % de los trabajadores privados están en negro», criticó. Al mismo tiempo, coincidió en que «la reforma propuesta distorsiona aún más el impuesto y le quita progresividad».
Antes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo emitieron dictamen también al proyecto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. La iniciativa de la AFIP establece cambios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y apunta a facilitar el traspaso de esos trabajadores al Régimen General.
En el marco de las modificaciones al impuesto a las ganancias, cobró impulso un proyecto de ley del diputado Marcelo Casaretto para que los jueces dejen de estar exentos de este tributo. Según informó el legislador, dicho privilegio tiene un costo fiscal para este año de 41.285 millones de pesos.
