La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria que promovió la oposición frente a la crítica situación social que se profundizó desde la devaluación de agosto. La votación fue de 222 votos positivos, ninguno negativo y una abstención. El oficialismo se sumó, luego de que el Ejecutivo se negara a declarar la emergencia por decreto. Ahora la deberá tratar el Senado.
El proyecto fue una síntesis de una serie de proyectos de distintos bloques de la oposición. Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto 108/2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. «Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición», sostiene el artículo cuarto del proyecto que finalmente se sancionó luego de pequeñas modificaciones con respecto al que había presentado la oposición.
Las partidas destinadas a las políticas de alimentación y nutrición serán actualizadas trimestralmente tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La sesión estuvo signada por la brevedad en las intervenciones y la ausencia de rispideces y cruces entre los distintos bloques de diputados y diputadas. El quorum se formó apenas pasado el mediodía. En medio de la campaña electoral, hacía tres meses que no había sesiones en la Cámara Baja.
El pedido de emergencia alimentaria había sido expresado, además de por la oposición y las organizaciones sociales, por la CGT, la Iglesia y los gobernadores peronistas. En este sentido, el presidente del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi, afirmó que la normativa permite «dar respuesta a una demanda solicitada por diferentes sectores sociales». «Cuesta encontrar una demanda tan unánime», señaló. Remarcó que la sanción es un «paliativo para superar la emergencia» y añadió que «estamos convencidos de que los problemas sociales se resuelven cuando la Argentina retome un rumbo económico con mayores niveles de inclusión, movilidad social y recuperación del empleo».
Desde el mismo bloque, Carlos Castagneto apuntó contra la política económica del gobierno. «Nos llevaron a una delicada situación social y económica. Llegamos acá porque no quisieron tomar una decisión ni quisieron ver la realidad», disparó.
«Hay un montón de gente que está con problemas para comer. Tenemos que reconocer que tenemos un país en emergencia», dijo por su parte Leonardo Grosso (Red por Argentina).
El reclamo en la calle
Las organizaciones sociales, encabezadas por el Polo Obrero y Barrios de Pie, ejercieron presión en las afueras del Congreso. Desde las 11 de la mañana, media hora antes del inicio pautado para la sesión, las alrededor de veinte organizaciones se fueron apostando frente al palacio hasta llenar la explanada y parte de la Plaza del Congreso. Miles de personas pidieron por una ley que el gobierno les viene negando en las últimas semanas.
Asimismo, anoche continuaron su acampe sobre la Av. 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, para pedir mayor cantidad de alimentos en los comedores, aumentos en las asignaciones y apertura de los planes sociales.
Se instalaron el pasado miércoles, en el marco de un clima de tensión por la fuerte presencia policial que incluyó represión a través de golpes y gases lacrimógenos. Fue cuando los piqueteros buscaron cortar el tránsito sobre la traza del Metrobús.
