Por Natalia Ferrante y Cynthia Díaz
A poco más de dos meses de la asunción de Mauricio Macri frente al Poder del Ejecutivo nacional, el Presidente ya firmó 360 decretos, de los cuales nueve son Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), enmarcados en los incisos 2 y 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Cuesta recordar otro mandatario que haya utilizado los DNU como recurso para establecer y direccionar las políticas de Estado. Sobre todo, el dictado de esas herramientas legales para reorientar, según la visión que tiene la coalición gobernante, el rol del Estado antes de que comience a controlarlo el Congreso. Los mismos que, cuando fueron utilizados por Cristina Fernández de Kirchner –quien firmó catorce en ocho años de mandato–, despertaron el horror de los defensores del autodenominado republicanismo.
Más allá del número, que, aunque impactante, es sólo un dato significativo si lo pensamos en el marco de la relación “cantidad de decretos/días de gobierno”, recorrer e indagar la propuesta discursiva que subyace en estos DNU permite observar algunos datos clave: están licuados por la asepsia, la pretendida objetividad y la impersonalidad del discurso legal. Así, develan cuáles son los intereses del proyecto político de Cambiemos.
De la lectura y el análisis de los textos de los DNU firmados por Macri se desprenden, a grandes rasgos, tres cuestiones:
- Es la descentralización de la gestión y el reagrupamiento de funciones a partir de la creación nuevos espacios y la fusión de otros.
- Es la centralización del poder en la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.
- Es la transformación del rol del Estado.
Este último punto es el que resulta interesante revisar, porque es ahí donde es posible vislumbrar de dónde vienen, cuál es el norte de este proyecto y qué sentido cobra pensar el Estado desde una lógica empresarial o de mercado.
Uno de los primeros DNU que firmó el presidente Macri, y sólo por tomar un ejemplo, es el que modifica la Ley de Ministerios. Este decreto señala “Que en función de la asunción de la nueva gestión gubernamental nacional resulta necesario adecuar la organización ministerial de gobierno a los objetivos propuestos para cada área de gestión, jerarquizando y reorganizando funciones en los casos que se requiera, con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública, creándose nuevos organismos y disponiéndose transferencias de competencias”.
Racionalidad y eficiencia son dos términos con una intensa carga positiva que implica la obtención de los mejores resultados con el menor costo posible. Sin embargo, el sentido que cobran cuando salen de la letra escrita y se tornan prácticas concretas es que el “menor costo posible” se convierte en achicamiento del Estado, suspensión de políticas públicas, desigualdad y exclusión.
La creación de sentido
Racionalidad y eficiencia son dos términos con una intensa carga positiva que implica la obtención de los mejores resultados con el menor costo posible. Sin embargo, el sentido que cobran cuando salen de la letra escrita y se tornan prácticas concretas es que el “menor costo posible” se convierte en achicamiento del Estado, suspensión de políticas públicas, desigualdad y exclusión.
Por otra parte, el DNU que crea el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene injerencia directa sobre Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, señala “Que tanto la industria de los servicios de comunicación audiovisual (medios) como la de las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones), que permiten a los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información […] Que ambas industrias constituyen, además, uno de los sectores de mayor dinamismo e innovación de la economía global contemporánea, en los que viene verificándose una innegable tendencia a la convergencia tecnológica entre ambos. En efecto, la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía –voz– y banda ancha –internet–, es una realidad indiscutible en el mundo de hoy, que no sólo beneficia a los usuarios y consumidores de tales servicios, sino a toda la población y al sistema democrático en su conjunto”.
De este extracto se desprenden tres cosas. Por un lado, la idea de que los medios son industrias; por el otro, que los medios son los únicos que permiten y posibilitan al ciudadano el libre ejercicio de sus derechos. Y, por último, que este proyecto político tiende a orientar sus medidas en favor de ciertos sectores que garantizan su continuidad.
Este mismo decreto se vale también de los conceptos de eficiencia y eficacia para justificar la disolución de AFSCA y AFTIC cuando argumenta que “la coexistencia de dos organismos de control es, en sí misma, otro elemento más que resulta incompatible con un marco regulatorio destinado a favorecer la convergencia de redes y servicios, sin perjuicio de los beneficios adicionales que su unificación representaría en materia de eficiencia y eficacia, así como en el mejoramiento, simplificación y unificación de los procedimientos, lo que a su vez también favorecerá a la seguridad jurídica y al adecuado respeto de los derechos de defensa y a la tutela administrativa efectiva de los particulares”.
los derechos garantizados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los organismos encargados de custodiar su real cumplimiento se ven avasallados con la excusa de tornar eficaz y eficiente la gestión pública.
De esta manera, los derechos garantizados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los organismos encargados de custodiar su real cumplimiento se ven avasallados con la excusa de tornar eficaz y eficiente la gestión pública.
El rol del Estado como cuestión de fondo
Un Estado que se piensa a sí mismo como una organización privada tiene como finalidad primera la eficiencia, el cumplimiento de objetivos y la reducción de costos. Desde esta perspectiva, deja de pensarse como un garante de los derechos de todos los ciudadanos para pasar a ser un prestador de servicios para algunos sectores de la sociedad, con todo lo que ello implica. Claramente no es lo mismo, por ejemplo, pensar la educación como un servicio que como un derecho, porque las consecuencias a nivel social son distintas.
Jerarquizar, reorganizar, racionalizar y tornar eficiente la gestión pública: el problema no son las palabras, sino lo que implican y habilitan en el marco de un proyecto político.
Jerarquizar, reorganizar, racionalizar y tornar eficiente la gestión pública: el problema no son las palabras, sino lo que implican y habilitan en el marco de un proyecto político.
Asiduamente escuchamos y decimos que el proyecto político de Cambiemos asume el rol del Estado desde lógicas empresariales, y es quizás en la letra escrita, plasmada en un decreto, donde se torna condición de posibilidad, paso habilitante.
