La “Doctrina Bullrich”, fogueada al calor de la empatía del macrismo con el “justiciero” Luis Chocobar, vuelve a tomar cuerpo esta semana al declararse la inocencia de Cristian Duarte, miembro del Grupo Halcón procesado por el asesinato de los jóvenes Ismael Perusatto y Mauricio Andrada, en el marco de un robo al efectivo en febrero de 2014. Según las pericias, Duarte disparó con su arma reglamentaria de costado y desde atrás a ambos jóvenes cuando estaba fuera de servicio.
Si bien los fundamentos se conocerán mañana, el fallo fue por unanimidad y fortalece el alegato de la defensa, proporcionada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, basado en que la actuación de Duarte fue en “legítima defensa”, al responder con un arma de fuego al momento del robo.
Cabe destacar que la fiscal Graciela Rivero, quien dio por probado que el robo violento hacia Duarte existió y que en esa situación el policía actuó de manera “desproporcionada”, había pedido doce años de prisión como autor de doble homicidio simple agravado por el uso de arma. En igual sentido, la representante de familiares de Mauricio Andrada, Raquel Ponzinibbio, había solicitado igual condena por igual delito y había sumado como agravantes la cantidad y característica de los disparos de Duarte y el hecho de que sea efectivo policial con preparación específica, dado que era integrante del Grupo Halcón de la Bonaerense.
El caso significa un nuevo avance en el aval del poder político y judicial al gatillo fácil, hecho que ha sido denunciado con preocupación por organismos jurídicos y de derechos humanos.
“por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia, en los casos de muerte en manos de policías es superior la cantidad de casos homicidios por parte de policías fuera de servicio».
“Nosotros ya advertimos que, por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia, en los casos de muerte en manos de policías es superior la cantidad de casos homicidios por parte de policías fuera de servicio. Eso es una curva que se está viendo no sólo en La Plata, sino en todo el territorio bonaerense”, dijo a Contexto la abogada Sofía Caravelos, referente del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Según la letrada, que también representa a la familia de Juan Martín Yalet, otra víctima de violencia institucional, en todos los casos la figura de “legítima defensa” supo ser el elemento clave para alegar inocencia.
Según señala un balance realizado de manera conjunta entre el CIAJ y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre enero y abril de 2017, “casi el 80% de las víctimas murieron a manos de un policía que no estaba cumpliendo servicio en el momento del hecho”.
En esta línea, según la especialista, existen dos elementos claves que propician esta tendencia: por un lado, el Estado mantiene un esquema que permite a efectivos policiales portar armas fuera del servicio y, por otro lado, establece la obligación de intervenir en episodios violentos aun sin estar en horario de trabajo. Esto, explicó la abogada, brinda un marco legal para amparar el accionar.
entre enero y abril de 2017, “casi el 80% de las víctimas murieron a manos de un policía que no estaba cumpliendo servicio en el momento del hecho”.
“Esto genera un ejército paralelo de personas de civil –asumiendo que un policía que no está de servicio es un civil– que estarían autorizadas para el uso legítimo de la fuerza”, sostuvo Caravelos.
En los últimos años, La Plata fue territorio de casos de gatillo fácil como los de Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos, entre otros.
Otro detalle que arroja el balance del CIAJ y el CELS es la recurrencia del patrocinio otorgado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, hecho que se repitió en la defensa de Cristian Duarte, a través de los abogados Fernando Pedersoli y José Antonio Postillone, pertenecientes al área de Asesoramiento Legal de la cartera manejada por Cristian Ritondo.
“Esos mismos abogados que intervinieron en este caso son los que intervinieron en el caso de Yalet, que fue el que nosotros llevamos. Esos son abogados otorgados por el Ministerio de Seguridad. Eso significa legitimar el accionar del personal policial”, aclaró Caravelos.
