Por Contexto
Macri asumió su mandato con la promesa de avanzar en tres ejes: pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Pero en sus primeros sesenta días de gobierno su agenda sufrió una serie de modificaciones y el rumbo elegido fue el contrario. En un abrir y cerrar de ojos, lo que iba a ser nuevo se transformó en lo viejo y se desempolvaron las recetas del pasado: reducción del Estado a través de despidos, eliminación de retenciones, quita de subsidios, desprecio por la Justicia y el Congreso, suba de precios, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y persecución ideológica.
Parece mucho para tan poco tiempo. El cambio se hizo sentir. Para hacer posible este proyecto tan drástico, el ex presidente de Boca dejó atrás la propuesta de “modificar lo malo y dejar lo bueno”. Como argumento de fondo para tomar medidas, apeló a la idea de la urgencia y de la excepción: el país está inmerso en una crisis y todo vale para sacarlo de ella.
El cambio se hizo sentir. Para hacer posible este proyecto tan drástico, el ex presidente de Boca dejó atrás la propuesta de “modificar lo malo y dejar lo bueno”. Como argumento de fondo para tomar medidas, apeló a la idea de la urgencia y de la excepción: el país está inmerso en una crisis y todo vale para sacarlo de ella.
Así, fueron declaradas la emergencia en seguridad pública, en electricidad, en estadística, entre otras. Una necesidad y una urgencia para justificar la suspensión de garantías constitucionales y la concentración en pocas manos del Ejecutivo de poderes que estaban delgados o al menos controlados (o fiscalizados) por organismos descentralizados. Quizá el ejemplo más grotesco de ello haya sido la intención de nombrar dos jueces de la Corte en comisión, es decir, sin acuerdo del Senado.
En tanto, para evitar el costo político y el inevitable desgaste que hubiese significado su aparición continua para dar malas noticias, el hijo de Franco se tomó vacaciones primero y licencia después, bajo pretexto de que sus primeras horas en el poder fueron “intensas y agotadoras”. Luego se lesionaría una costilla al jugar con su hija Antonia, con lo que amplió su permiso para no presentarse.
A partir de esta ausencia se genera un estilo en el que son los propios ministros los que ponen la cara y hacen los anuncios que nadie quiere escuchar. Una alternativa más impersonal es el uso, directamente, del Boletín Oficial para comunicar decisiones trascendentes: las nuevas reglas aparecen publicadas y que cada cual saque sus propias conclusiones. A veces esto se convierte en un gran desafío, porque los considerandos son escuetos y poco elaborados.
Todo esto estuvo acompañado de la introducción de conceptos que permitieron argumentar mediante eufemismos que ablandan los significados, que los suavizan, para quitarles el sesgo y plantearlos desde un lenguaje aparentemente neutro, casi quirúrgico. De esta manera se habló de «desideologizar» el Estado, como si eso fuese algo posible. Se habló de «quitar la grasa» del Estado para referirse a miles de cesantías. Todo esto, instalado y reforzado por los medios hegemónicos.
Un recorrido que da vértigo
-En el segundo día hábil de su gestión, Macri designó en comisión por DNU a dos nuevos miembros para la Corte Suprema, el ex ministro Horacio Rosatti y el abogado Carlos Rosenkrantz. La medida fue defendida por la diputada nacional Laura Alonso porque el tribunal estaba en estado de «cuasi emergencia». No obstante, las criticas llegaron de opositores y de aliados.
-El mismo día cumplía con los reclamos del sector agrario a través de la eliminación de las retenciones para el trigo, el maíz, la carne, y una reducción del 35% a la soja (DNU 133). Eso significó, según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamerica (IERAL), una recuperación de 3.685 millones de dólares para el sector. La cifra fue avalada hasta por Clarín y generó el rechazo de los sindicatos en general.
-El 14 de diciembre, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell y actual ministro de Energía) anunciaba la quita de subsidios a los consumos de luz, lo que llevaría a una suba de entre 300 y 700% para los usuarios. Desde el Gobierno nadie negó que ese aumento se traslade a los precios.
-Al día siguiente (15 de diciembre), el mismo Aranguen anunciaba el DNU que presentaba la «emergencia electrica» hasta diciembre de 2017, adquiriendo mediante este decreto facultades de excepcionalidad para tomar medidas en la materia.
-El 16 de diciembre, el ministro de Hacienda y Finanza, Alfonso Prat-Gay, terminaba con las restricciones a la compra de dólares. La flexibilización generó una devaluación del peso del 40% que todavía no fue compensada.
-Se declara la emergencia en seguridad pública (Decreto Nº 228), la cual fue comunicada por la ministra de dicha careta, Patricia Bullrich. A partir de allí, se empieza a dar funciones policiales a las fuerzas armadas con potestades que atentan con las garantías constitucionales. Se incluye la posibilidad de derribar aviones sospechados de participar en narcotráfico (“una especie de pena de muerte y sin juicio previo”, había dicho el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi).
-El jefe de Gabinete Marcos Peña informa que se busca regular las protestas callejeras para evitar los cortes de calles y piquetes. Aparece el argumento de la libertad de circulación por sobre el derecho a protestar. Sería la antesala para los primeros hechos de represión a las protestas como los ocurridos con los trabajadores de Cresta Roja en la autopista Richieri, o con los empleados municipales de La Plata; o el episodio en el asentamiento 1.11.14, donde la Gendarmería usó balas de goma en una supuesta persecución sin considerar que había niños, que quedaron heridos.
-Un bono de cuatrocientos pesos por única vez para los jubilados que cobran la mínima y para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo sería hasta el momento el único anuncio en favor de los sectores menos favorecidos de la población.
-El ministro de Modernización, Andrés Ibarrra, anuncia que revisarán 24 mil contratos de trabajadores del Estado con la justificación de reducir el gasto público. A partir de allí comienza una secuencia de despidos en la cual los gremios denuncian «persecución ideológica». Incluso aparecen declaraciones en las que se afirma que se revisaron las cuentas de Facebook y Twitter de los empleados. Se habla de sacar la «grasa militante» del Estado. Hasta el 4 de febrero, hay 25.956 despedidos en diversos organismos y agencias del Estado.
-Ibarra confirma también que darán por finalizados los convenios firmados con Universidades nacionales, sin permitir nuevas contrataciones a partir del 1º de marzo.
-Ibarra habla de querer construir «un Estado moderno, fuerte, solidario, innovador. Hemos venido para hacer una transformación». Entre el cúmulo de despidos se encuentran los comunicadores del Estado (TV Pública, Radio Nacional –AM y FM–, y DeporTV).
-El secretario de Finanzas, Luis Caputo, viaja a Estados Unidos para establecer una agenda de encuentros con los representantes de los fondos buitre (los que en los medios comienzan a denominarse con el más técnico y neutro “holdouts”). Las últimas cifras rondan un preacuerdo de 1.350 millones de dólares con los acreedores de la banca italiana, que conseguirían 1,5 por cada dólar invertido, contra el 0,3 que recibieron en la deuda restructurada por la gestión kirchnerista.
-El 21 de diciembre, Macri participa de la cumbre del Mercosur (en Asunción del Paraguay) donde tiene un marcado discurso contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pide por la liberación de los presos políticos de Venezuela, impulsa acuerdos comerciales con la Unión Europea y propone asociarse con la Alianza del Pacífico.
-El 23 de diciembre, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, interviene la AFSCA y la AFTIC y anuncia que la Ley de Medios «no va a subsistir». En medio de idas y vueltas sobre el tema, presentaciones de recursos judiciales como el del juez Arias en La Plata, el 4 de enero se anuncia el DNU 267/16 que crea el ENaCom (Ente Nacional de Comunicación), unificando los organismos para controlar la LSCA y la Ley Argentina Digital, modificando muchos de sus artículos sustanciales.
-El 24 de diciembre, Macri se toma vacaciones en un country en La Angostura. La licencia es hasta el 4 de enero. El 9 de enero sumó más días de reposo debido a «la fisura del arco posterior de la décima costilla derecha», según el parte de prensa. Durante los días previos y posteriores a las fiestas, ocurrieron drásticas inundaciones en varias provincias del noreste argentino. Sólo suspendió un día para mostrarse sobrevolando en helicóptero la zona. La otra suspensión de su licencia fue para viajar al Foro de Davos. No usó el mismo criterio para la cumbre de la CELAC, a la que prefirió no concurrir.
-El 29 de diciembre, Jorge Todesca, titular del INDEC, declara la emergencia estadística por un año. Durante ese período no se contará con los indicadores para medir el índice de precios de manera oficial, por lo que no habrá valor oficial de la inflación, ni valor de la canasta básica ni índice de pobreza hasta 2017.
-El 14 de enero se anuncia que se incorporarán gradualmente nuevos billetes de 200, 500 y 1000 pesos y que se sacará a los próceres para cambiarlos por figuras de animales. En esta medida, muchos leyeron la intención de “desideologizar” papeles. Beatriz Sarlo, a la que no puede considerarse kirchnerista, fue una de las principales voces en contra.
-El 15 de enero detienen a Milagro Sala en Jujuy, acusada de «instigar a la violencia». A casi un mes, la líder de la TUPAC AMARU sigue encerrada a pesar de las presentaciones ante la Justicia y la cantidad de movilizaciones masivas pidiendo por su liberación en todo el país. Junto con la detención de la dirigente, el gobernador Gerardo Morales ordenó la suspensión de la Personería Jurídica de la organización.
-El 25 de enero trasciende que Macri se niega a recibir a los organismos de derechos humanos. Dice que por la “extensa actividad de gobierno le resulta imposible reunirse” con los representantes de Madres y Abuelas de plaza de mayo, HIJOS y otros organismos. A los pocos días se reunirá con la Cámara de Empresarios.
-El 27 de enero, acompañado por algunos ministros de su gabinete, recibe a la Asociación Empresaria Argentina. Entre los invitados se encuentra el CEO del Grupo Clarín, Hector Magnetto. También estuvieron Paolo Rocca y Cristiano Rattazzi, entre otros.
-El 27 de enero, la vicepresidente Michetti participa de la cumbre de la CELAC en la que Mauricio Macri decidió no participar (por su fractura de costilla). Allí, le reclama a Venezuela por “prácticas contrarias a los derechos humanos” (al igual que había hecho Macri en la cumbre de MERCOSUR en Asunción). El pedido no es secundado por el resto de los países.
-Ese mismo día se anuncia mediante el Boletín Oficial aumentos en las tarifas del servicio de electricidad que rigen a partir del 1º de febrero. Se avisa que el mayor aumento se sentirá en la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal. La gobernadora María Eugenia Vidal no emite opinión al respecto.
-El 29 de enero el gobierno toma un crédito de 5 mil millones con siete bancos extranjeros. Significa la primera medida para volver a endeudarse con los capitales extranjeros y la vuelta de las auditorías del Fondo Monetario Internacional.
-El 1º de febrero se anuncia que también se subirán los valores del servicio de gas (aunque aclaran que las subas no serían como las del servicio de electricidad). Aranguren habla de “un retraso de precios menor al de la electricidad”.
-El 2 de febrero, el jefe de Gabinete Marcos Peña justifica la ola de despidos denominándolo como «proceso de organización».
-El 3 de febrero se eliminó el tope a los precios de los vuelos de cabotaje, abriendo la desregulación del sector de transporte aéreo. De manera automática, la suba de los boletos es del 30%.
-El 4 de febrero, eliminan de la web los archivos con más de 10 mil investigaciones realizadas por INFOJUS (portal de noticias del Ministerio de Justicia dirigido por el prestigioso periodista Cristian Alarcón).
-El 5 de febrero se oficializa la presentación del Gobierno argentino para una oferta de pago a los fondos buitre. El monto sería de 9 mil millones de dólares destinados a pagar el valor de la deuda con una quita del 25% para los capitales bajo la sentencia del juez Griesa. En todos los casos se pagará en efectivo con una nueva cadena de deudas. La decisión deberá someterse a la aprobación del Congreso de la Nación. Para eso sí se convoca a sesiones extraordinarias.
-El 7 de febrero, el Gobierno nacional da vía libre a los gobernadores para tomar deuda. Buenos Aires, Mendoza y Neuquén ya lo estarían haciendo. Buenos Aires ya aprobó un marco legal en la Legislatura. El único distrito que recibió recursos genuinos fue la Capital Federal, con una suba del 150% de los fondos coparticipables que recibe cada año.
