Fuentes cercanas al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciaron que el mandatario pretende reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Al igual que lo hizo en Argentina el presidente Mauricio Macri, intentará dar marcha atrás en la regulación de uno de los poderes fácticos que más influyen en los sistemas democráticos actuales: los medios.
Durante la campaña electoral, el candidato de la oposición Guillermo Lasso aseguró que, de ganar, derogaría la LOC, algo que era esperable, dado que es un banquero aliado con los grandes grupos mediáticos, dos sectores cuyos intereses habían sido regulados por la normativa.
El triunfo de Moreno hacía creer que la Ley seguiría vigente. Sin embargo, ni bien asumió el poder, el actual mandatario se alejó de la línea marcada por el expresidente y antiguo aliado político Rafael Correa.}
«En Argentina también luchamos por una ley antimonopólica, y cuando la conseguimos no pudimos imponer su aplicación porque el Poder Judicial lo impidió»
Moreno dejó de lado a sus antiguos compañeros, rompió con el sector que apoyaba a Correa y se alió con algunos de sus exrrivales. El vicepresidente, Jorge Glas, aliado de Correa, fue destituido y arrestado. El sector del partido Alianza País vinculado al expresidente fue aislado y expulsado del espacio político y, mediante un referéndum, Correa fue proscripto como candidato a la presidencia. En este contexto, no llama la atención que Moreno haya sido acusado de “traidor” Correa.
Ahora, el actual mandatario ha decidido avanzar contra uno de los pilares del proceso de la Revolución Ciudadana, que fomentaba, entre otros puntos, el derecho a réplica y rectificación, el fomento a la producción nacional, y combatía la concentración mediática.
Al igual que en Argentina hasta la llegada al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Ecuador, hasta que Correa asumió la presidencia, la Ley que regulaba los medios había sido creada durante la dictadura militar (1975) y favorecía a los grandes grupos económicos. La Ley aprobada en mayo de 2011 cambió la lógica y tomó la comunicación como un servicio público y no como un negocio.
Sólo durante 2016 se produjeron más de mil denuncias de ciudadanos que sintieron vulnerado su derecho a la comunicación y los medios debieron rectificar, en reiteradas ocasiones, sus posturas.
En relación con la posible reforma de la ley, en diálogo con Contexto, el analista de política internacional Jorge Kreyness aseguró que “realmente es preocupante que se tome esta medida, y todo indica que será un retroceso. Es muy negativo para cualquier país que se vulnere el derecho a contar con una información correcta”.
«Es muy negativo para cualquier país que se vulnere el derecho a contar con una información correcta»
“En Argentina también luchamos por una ley antimonopólica, y cuando la conseguimos no pudimos imponer su aplicación porque el Poder Judicial lo impidió”, recordó.
Kreyness sostuvo que “habrá sectores que se enfrenten a ese proyecto. Toda lucha que se emprenda contra la dictadura comunicacional será bien recibida y apoyada por todos los pueblos de nuestra región”.
“Siendo el poder mediático uno de los pilares de la dominación neoliberal en América Latina y en el mundo, hacerles cualquier tipo de concesión puede llegar a ser trágico”, concluyó el analista.
