El domingo 15 de octubre se llevará a cabo el balotaje (la segunda vuelta electoral) en el que se definirá la presidencia de Ecuador para los próximos dos años (y así completar el período iniciado de Guillermo Lasso). La elección será entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el candidato de Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa. Las encuestadoras anuncian una definición voto a voto.
Gane quien gane, el presidente Lasso le entregará a su sucesor o sucesora un país sumido en una profunda crisis multidimensional y atado en una enmarañada red controlada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas norteamericana (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus brazos de acción en la sociedad civil: la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Leyes aprobadas fuera del territorio ecuatoriano, organismos infiltrados y dirigentes cooptados forman una trama que ha convertido Ecuador en uno de los principales enclaves norteamericanos en la región. Los halcones de Washington no piensan dejar que eso cambie.
Una ley para Ecuador aprobada en Estados Unidos
Lejos queda el recuerdo de aquel 2009 en el que el entonces presidente Rafael Correa, en un acto de soberanía, anunciaba la expulsión de las fuerzas militares norteamericanas de la base de Manta, en territorio ecuatoriano.
Con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia (2017-2021) comenzó un giro en la política exterior ecuatoriana que implicó el regreso a las políticas de alineamiento incondicional con el Departamento de Estado norteamericano. Esa postura fue luego profundizada durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-223).
En diciembre de 2022, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador. La legislación fue ideada por los congresistas de ultraderecha Marco Rubio (del Partido Republicano) y Bob Menéndez (del Partido Demócrata), quienes tienen un marcado historial de acciones contra los procesos populares de la región y a favor de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos.
Como recordó en un reciente artículo publicado en Página/12 el periodista Gustavo Veiga, la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador «se enlaza con un memorando de entendimiento firmado el 19 de julio entre los gobiernos de Joe Biden y Guillermo Lasso para fortalecer la capacidad militar de las fuerzas armadas ecuatorianas. Pero además, amplía la gran influencia de Washington en el terreno que a través de su Embajada en Quito, la CIA y la DEA».
Cabe recordar que antes de ser tratada en el Congreso norteamericano la propuesta había sido rechaza en la Asamblea Nacional de Ecuador. A pesar de ello, los legisladores estadounidenses la trataron y la aprobaron.
Un aspecto que llama la atención por su nivel de cinismo es que, según un comunicado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, la legislación tiene como propósito el aumento de las capacidades de Ecuador para confrontar «la influencia extranjera maligna».
Las excusas recurrentes
Los gobiernos de norteamericanos (no importa si son demócratas o republicanos) han usado -y siguen usando- una serie de excusas recurrentes a la hora de justificar sus actos injerencistas: la lucha contra el terrorismo, la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, la lucha por la democracia, el combate al narcotráfico, y en el último tiempo la protección del medioambiente. Excusas que les han servido para llevar adelante invasiones militares, bloqueos y sanciones o para simplemente intervenir en la política de otros países mediante la supuesta «colaboración» para enfrentar estos males o capacitar al personal local.
En el último tiempo, en Ecuador se han utilizado varias de estas excusas para profundizar el injerencismo norteamericano.
La protección del medioambiente y el combate al cambio climático son argumentos que permitieron la puesta en marcha de proyectos encabezados por la USAID con Word Wildlife Found (WWF) y el Ministerio de Ambiente ecuatoriano, lo que implica la inversión de millones de dólares en ese territorio. Fondos que luego son manejados de forma discrecional.
La colaboración en la lucha contra el narcotráfico y la protección del medioambiente en las islas Galápagos han justificado el regreso de las tropas norteamericanas a ese territorio. La presencia militar norteamericana con aviones de espionaje que pueden intervenir comunicaciones dentro y fuera de Ecuador (espiando también a otros países de la región) ha sido justificada por el Gobierno de Lasso en pos de la lucha contra las bandas de narcotraficantes.
La cooptación
Con el argumento de la «colaboración», la Embajada norteamericana, la DEA, CIA, la NED y la USAID han permeado las instituciones ecuatorianas, en especial sus fuerzas de seguridad, y han logrado cooptar a dirigentes y funcionarios de altos rangos.
Las fuerzas de seguridad y de inteligencia han recibido asesoramiento de las entidades norteamericanas y se ha denunciado que varios funcionarios de alto cargo de estas entidades visitan con asiduidad la Embajada de Estados Unidos en Quito, donde más que apoyo lo que reciben son instrucciones.
Esto ha llevado a que las prioridades de la Policía Nacional ecuatoriana y de los servicios de inteligencia sean definidas por la propia Embajada norteamericana en función de interés de Washington y no de los del país suramericano.
Como también suele pasar en otros países de la región, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Pentágono y los organismos de inteligencia promueven la participación de militares, jueces, fiscales, periodistas y dirigentes políticos y sindicales en cursos dictados por las instituciones norteamericanas con el fin de cooptar a «objetivos» que luego puedan ocupar altos cargos y serles funcionales.
Entre los dirigentes ecuatorianos que han sido señalados por su cercanía a la Embajada norteamericana y a los organismo de inteligencia de ese país figuran María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Lenín Moreno, Gustavo Larrea, político vinculado al Partido Democracia, Osvaldo Jarrin, exministro de Defensa de Lenín Moreno, Mauricio Alarcón, director de una ONG de derecha vinculado al Partido CREO, Lourdes Tiban, dirigente de Pachakutik, Carlos Pérez Guartambel (conocido como Yaku Pérez), excandidato a la presidencia, y José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional por el Movimiento Alianza País.
Estás formas de infiltración, cooptación e injerencismo por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Ecuador no son nuevas (ni se desarrollan exclusivamente en este país suramericano). Otros ejemplos ya han sido denunciadas por el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana Philip Agee en su libro La compañía por dentro. Diario de la CIA. Sin embargo, en los últimos años estas prácticas parecen haber tomado un nuevo vigor y, con la complicidad del actual mandatario ecuatoriano, dejan un terreno minado para quien gane las elecciones del 15 de octubre.
