Por Maximiliano Ceci
“El ministro Bullrich nos prometió que el decreto se actualizará con las leyes vigentes que no fueron incluidas. No podemos retrotraernos a una ley que no está en vigencia. Es un mecanismo regresivo”, dijo a Contexto Silvia Almazán, secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA, tras la reunión en la que el titular del Ministerio de Educación y Deportes reconoció “el error” del artículo 23 del Decreto 13/2015 que no reconoce las leyes nacionales aprobadas en los últimos doce años por el Congreso, que atienden a reclamos históricos del sector educativo. “Esta medida es acorde a las políticas neoliberales. Pretende el desfinanciamiento de la educación pública y el desguace de la Escuela Técnica”, agregó.
“Esta medida es acorde a las políticas neoliberales. Pretende el desfinanciamiento de la educación pública y el desguace de la Escuela Técnica.”
El decreto desconoce la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) aprobada en diciembre de 2005, que estableció que la inversión educativa debía alcanzar el 6% del PBI cinco años más tarde, y la Ley de Educación Nacional (26.206), sancionada en diciembre de 2006, que reestructuró el sistema educativo. Es decir, si el DNU es ratificado por el Congreso, la inversión del PBI en educación pasará del 6 al 3%. Además, se restablece el polimodal y se eliminan las paritarias y las Escuelas Técnicas.
Mientras el macrismo en sus primeros pasos al frente del Ejecutivo ignora el presupuesto establecido por ley en materia de Educación, los diputados del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós y Mario Oporto, con el apoyo del gremio de trabajadores de la educación CTERA, presentaron en noviembre pasado un proyecto para crear una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La ley llevada al Congreso pretende “profundizar el camino de las transformaciones” y propone el aumento de dos puntos porcentuales el monto del PBI destinado a financiar la educación. Es decir, busca superar la norma sancionada en 2005.
El pasado 28 de octubre de 2015, el Senado aprobó la Ley de Gratuidad, que garantiza la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la Educación Superior y la gratuidad de los estudios de grado en las Universidades públicas. En aquella ocasión, el PRO se ausentó y en Diputados votó en contra. Así, el bloque macrista mostró su desinterés por la inversión en políticas de educación pública. “La ley de gratuidad habla de la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso irrestricto a la Educación Superior. Mientras otros países avanzan en un camino de mercantilización de la Educación Superior, nosotros avanzamos apostando a una educación más inclusiva en el nivel Superior. Vamos a estar atentos para monitorear que se cumplan estas leyes que nos costaron tantos años de lucha”, concluyó Almazán.
La reunión que mantuvo Bullrich con los gremios docentes el viernes pasado concluyó con el compromiso del ministro de rever la norma con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Además, Bullrich prometió que iba a convocar de nuevo a los representantes de los gremios, quienes advirtieron que no abrirán el diálogo si este punto no está resuelto.
