Por Gladys Manccini, Alberto Mendoza Padilla y Sebastián Novomisky
Este año será recordado en el campo educativo por la multiplicidad de frentes en los que el sistema está siendo vaciado y destruido en sus más elementales partes que conforman la estructura pedagógica y administrativa. El tema es por demás profundo para abarcarlo en una nota periodísitca, pero, para mencionar sólo algunas problemáticas, en tres años de gestión el gobierno nacional y provincial lleva en su haber: emergencia en infraestructura escolar –con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense–, clases suspendidas en decenas de escuelas de la región por el riesgo de la caída del cielorraso, las paredes electrificadas por la filtración de agua de los techos cuando llueve, o las pérdidas de gas en las estufas o cocinas, donde los y las auxiliares llevan adelante los comedores escolares, entre otros tantísimos problemas.
A esa grave situación que perjudicó a toda la comunidad educativa, “el clima escolar” –nueva muletilla con la que la alianza Cambiemos arremete en sus cometidos de desideologización de la educación y persecución a docentes– se ha enrarecido: escuelas que redoblaron la tarea para que los niños y niñas coman por lo menos una vez al día, restando para ello las horas de clases; aulas que se llueven, con peligro de electrocución o con pérdidas de gas; edificios con sus techos rotos, sus paredes raídas. En suma, no están dadas las condiciones para un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje porque hay un Estado que incumple su mandato por ley de ser garante del derecho a la educación.
En este escenario, parece entonces que mencionar los llamados por amenazas de bomba que sacuden a varias escuelas de la región es una nimiedad. Pero dado el cariz que asumió la temática –criminalización de los y las jóvenes–, merece ser observado. Por caso, el histórico Normal Nº 1 de La Plata –heredero del proyecto sarmientino de educación pública, modelo pedagógico en otros tiempos– recibió hasta tres amenazas por día, sumando más de cuarenta en lo que va del año, lo que derivó en un despliegue policial, a modo de “capacitación” para docentes y estudiantes en el salón de actos, que no logró hasta el momento revertir la situación.
Como era de esperar, el dedo acusatorio recayó sobre los y las jóvenes y ese fue el enfoque del abordaje: las fuerzas de seguridad no sólo allanan domicilios y tratan a menores como expertos terroristas, sino que ingresan a los edificios escolares para amedrentar. Parece que las herramientas de intervención pedagógica perdieron la vigencia a partir de 2015.
Si los llamados hubiesen cesado, cabría la posibilidad de pensar que entonces efectivamente los y las jóvenes tenían parte en la autoría. Pero esto no fue así. Las amenazas continúan y todo el estudiantado está asustado porque ya vieron las consecuencias, se las mostraron muy claramente, con lo cual cabe preguntarse por el propósito y a quién o a quiénes beneficia el daño que provoca esta situación. Por el momento, se aguarda que en las distintas UFI culminen las investigaciones –llamativamente lentas– y aclaren a la comunidad toda el meollo de la cuestión.
Por otro lado, es menester recordar la multiplicidad de herramientas con las que cuentan los y las docentes para mediar en diversas situaciones de conflicto. Si verdaderamente los y las jóvenes accionan cada día para interrumpir las clases, el problema no es judicial sino pedagógico, político. Entonces debería enunciarse de una vez la pregunta que el síntoma ya habría dejado en evidencia y que se suma a otros: ¿es que el estudiantado quiere huir de la institución?, ¿ya no se sienten contenidos/as, interpelados/as, convocados/as? Por lo menos, antes de intervenir desde una óptica punitiva, de criminalización, existe el diálogo con los y las docentes, directivos, preceptores y preceptoras, auxiliares: toda la comunidad repensando las prácticas, refundando los vínculos, estudiantes pudiendo decir sus angustias, sus necesidades, lo que destacan y lo que requiere ser modificado, resignificado. De eso se trata la docencia y el oficio del estudiante.
En efecto, profesores y profesoras decidieron en algunas ocasiones no interrumpir su clase y continuaron en la calle, mientras que el alumnado realizó sentadas con las que impidieron que se expulse a sus compañeros/as. Pero eso no alcanzó, ni las movilizaciones o notas a la DGCyE de padres y madres, ni lo carteles con que los y las estudiantes ocuparon la fachada del edificio exigiendo “basta de amenazas, queremos estudiar”.
No es la intención de este texto recargar las tintas sobre los y las docentes; el sistema educativo se erige sobre un andamiaje que establece jerarquías de conducción, comenzando por el director general de Cultura y Educación. Las gestiones anteriores a 2015 elaboraban lineamientos pedagógicos con enfoque en la defensa de los derechos humanos, en pos del respeto a la Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, porque su basamento y horizonte político era la educación como derecho y bien público, mientras que los y las jóvenes eran considerados protagonistas activos en la vida institucional desde los ámbitos específicos. Cuando cambia el signo ideológico de la Administración del Estado se evidencia rápidamente en las escuelas, en cómo transitan y resuelven sus conflictos.
Aún no se puede medir el alcance en cuanto a impacto de esta situación a nivel institucional: se espera como efecto directo que haya migración de parte de la matrícula. Pero también se abona a la falsa dicotomía escuela de gestión estatal vs. escuela de gestión privada, esta última “con calidad educativa y continuidad pedagógica”. Sin embargo, en los casos personales sí puede medirse el daño: miedo por la irrupción policial en los hogares, causas penales contra madre/padre, escrache de menores en los medios de comunicación, condena de las autoridades escolares y de esa “opinión pública” conformada por el más rancio y pobre sentido común que circula en la TV basura.
¿Cuál es la verdadera amenaza? ¿Cuál es la bomba que este gobierno activó el día que asumió? La defensa de la educación fue un eslogan de campaña y una promesa de gestión. Como se mencionó en el inicio de esta nota, la realidad demuestra que las decisiones políticas fueron todas contrarias a ese supuesto propósito. La desidia de las autoridades hacia el conjunto del sistema educativo, el rencor a la clase trabajadora, el empobrecimiento de amplias mayorías cuyo correlato es el empeoramiento en la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes, dejó de ser amenaza –no es novedoso el proyecto político, económico, cultural de este gobierno– y es la bomba que no tardará en estallar.
