Por Contexto
La víspera de la primera movilización masiva de trabajadores contra el gobierno de Cambiemos fue para el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, una noche de recogimiento espiritual: junto a personas de su círculo más íntimo, participó de la misa efectuada en la Iglesia del Socorro al cumplirse un mes del fallecimiento de Miguel Ángel Egea, socio de los represores de la ESMA y titular de sociedades offshore aún activas vinculadas con integrantes del Grupo de Tareas que comandaba Eduardo Massera. El titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ya había publicado un aviso fúnebre en el diario La Nación.
“Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor”. El aviso fue publicado con la firma de Adriana, Cecilia y Jorge Triaca en los Avisos Fúnebres del diario centenario el 26 de marzo pasado. El Viernes Santo no se publicaron diarios, por eso el aviso salió dos días después del 40º aniversario del golpe de Estado de 1976, fecha en que Egea dejó de existir.
La despedida del ministro fue la segunda (en orden de publicación) inmediatamente debajo de la de la familia del muerto (su esposa Bárbara, sus hijos Johnny y Lalo, sus hijas políticas Michelle y Marilyn, y nietos), quienes anunciaban una futura misa en Buenos Aires en su memoria. Egea murió en Miami, donde vivía.
Un poco más abajo también lo despide Mario Luis Fernández, o Lito, un operador político del ex secretario general de la Presidencia de Menem, Alberto Kohan, y que saltó a la fama cuando lo denunciaron como el cobrador del funcionario en “la Mafia del Oro”, un escandaloso episodio de corrupción de los noventa.
Uno de los dos avisos fúnebres con que el diario La Nación anunció el martes misas y funerales convocaba: “Egea, Miguel, q.e.p.d. A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”.
A esa misa asistió ayer, media hora antes de que se pusiera el sol del jueves sobre una fría Buenos Aires, el ministro de Trabajo Jorge Triaca.
La relación del ministro con Egea proviene a través de su padre, Jorge Triaca, el dirigente sindical del Plástico que fue el ministro de Trabajo de Carlos Menem (1989-1992) que garantizó el desguace del Estado y fue interventor de Somisa. Ambos hombres caminaban los pasillos del poder menemista.
Egea: el socio civil de los marinos offshore
A Miguel Ángel Egea lo conocían como “El Colorado”. Murió en Miami, Estados Unidos, el 24 de marzo pasado. Era un civil vinculado a los grupos de la derecha peronista de los primeros años setenta, y con fuertes vínculos con los marinos genocidas de la Armada Argentina. Su estampa siempre fue misteriosa: no hay fotos suyas públicas.
Egea inició su «carrera” como secretario privado del brigadier Raúl Lacabanne, interventor de Córdoba en 1974. En esa época fue el encargado del Brigadier de proveer dinero y logística a la versión cordobesa de la Triple A: el Comando Libertadores de América. Según Miguel Bonasso, en esa época se relacionó con el capitán del Ejército Héctor Vergez (alias Vargas), que fue condenado en 2012 por los crímenes que cometió en el centro clandestino La Perla y el Batallón de Inteligencia 601.
En el nacimiento del menemismo, Egea se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento (FEPAC). Ahí trabó amistad con Lito Fernández. En 1992, el juez Martín Irurzun le dictó la prisión preventiva en una causa económica en la que también estuvo procesado el genocida de la ESMA Tigre Acosta.
Para esa época, según consignó Página/12 el domingo último en la nota “Marinos offshore”, comenzó a vincularse con los integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA que durante la última dictadura cívico-militar habrían lavado grandes cantidades de dinero mediante sociedades offshore que todavía se encuentran activas.
En el registro público de sociedades de Panamá, Egea aparece como titular de Adela S.A., una firma creada en los sesenta por capitales norteamericanos para favorecer golpes de Estado en el Cono Sur durante la Guerra Fría, que el socio de los marinos finalmente compró –o dirigió como testaferro de los represores de la Armada–. Esa empresa está activa, y tiene un capital de 10 millones de dólares.
Repudio
“Es repudiable que un funcionario de Gobierno que debería estar resolviendo la situación de despidos ocupe su tiempo en despedir a un represor vinculado al lavado de dinero relacionado con crímenes de lesa humanidad”, dijo a Contexto Lucía García Itzighson, de H.I.J.O.S. regional La Plata.
En ese camino, la integrante del organismo de derechos humanos recordó que la Unidad de Información Financiera (UIF), cuando era dirigida por José Sbatella durante la gestión del gobierno anterior, “llevó adelante querellas por lavado de activos de la dictadura (contra Egea), pero hoy que la UIF está dirigida por CEO, esas querellas se cayeron”.
De hecho, en 2014, la UIF había logrado probar que empresas radicadas en paraísos fiscales redirigían dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos. Al entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos, el ente público comenzó a investigar la situación. La investigación detectó que el Banco Central señalaba que entre 2001 y 2013 sus compañías, con balances generalmente negativos, llevaban inyectados 19.008.513 pesos.
