Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza el impacto que tendrá el decreto firmado por Mauricio Macri que modifica el régimen de asignaciones familiares, bajo el cual miles de niños y niñas argentinas se verán afectados por la reducción del aporte escolar anual y el plus en las asignaciones para trabajadores que se desempeñan en zonas desfavorecidas.
Los extra por zona desfavorecida habían sido establecidos en 1996 con el objetivo de impulsar el desarrollo en zonas específicas del país distribuidas entre las regiones del norte, Cuyo y la Patagonia.
Paralelamente a la eliminación de ese ingreso extra, las tres modificaciones más importantes que introduce el Decreto 702/2018 son la elevación del piso mínimo de ingreso familiar para percibir el beneficio, que pasará de 200 a 2.816 pesos; la reducción del tope en los ingresos familiares, que pasarán de 94.786 a 83.917 pesos; y la imposibilidad de acceder a la asignación si uno de los integrantes de la familia supera los 41.959 pesos de ingresos, cifra que antes se ubicaba en torno a los 47.000 pesos.
El informe del CEPA destaca también que el mismo día en que se publicó el decreto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una resolución a través de la cual se limita la posibilidad de deducir del cómputo del impuesto a las ganancias por hijos e hijas a cargo a un sólo cónyuge.
Esto, que hasta ahora podían realizar ambos cónyuges, significa en la práctica una ampliación de los alcances del impuesto y una suba en la recaudación por parte del fisco que, según los cálculos de los economistas del CEPA, alcanzaría los 1.136 millones de pesos aproximadamente.
La eliminación del plus por zona que regía hasta ahora afecta a casi 330 mil niños y niñas, de los cuales 184 mil pertenecían a la zona 1 (que alcanzaba diversas áreas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Formosa, Mendoza y Salta), 71 mil corresponden a la zona 2 (que comprende la provincia de Chubut), y poco más de 70 mil casos se registran en Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Si a esa cifra se le suman los más de 230.000 casos que se verán afectados por el recorte en ayuda escolar que perciben en el mes de marzo, el ajuste alcanza a más de medio millón de personas de todo el país.
Los sectores más afectados por las modificaciones introducidas serán los de menores ingresos, con bajas que alcanzan al 50% en el caso de los comprendidos en el rango más bajo de ingresos familiares (entre 2.816 y 24.492 pesos) y el 26% en el caso de los de mayores ingresos.
El trabajo elaborado por el CEPA recuerda uno de los párrafos del acuerdo alcanzado con el FMI en el que se destaca que “se protegerá el gasto social en asignaciones contributivas familiares (incluyendo subsidios a monotributistas que se contemplan en el programa presupuestario denominado Asignaciones Familiares)”. Incluso, este ha sido uno de los aspectos más celebrados por el propio equipo económico de Cambiemos, que calificó al préstamo stand by entregado por el organismo multilateral de crédito como inédito por con “cláusulas de salvaguarda social”. Paradójicamente, el decreto presidencial recorta justamente en uno de los ítems que el FMI había permitido salvaguardar.
“Los recursos estimados que ahorra ANSES como resultado de la eliminación de las 4 zonas diferenciadas, proyectando a doce meses las erogaciones de marzo de 2018 y considerando lo correspondiente a Ayuda Escolar sólo por un mes, ascienden a $6.866 millones anuales”, sostiene el informe del CEPA, aunque agrega que, si se consideran los cuatro aumentos de movilidad para el año, “la proyección alcanza a los $9.499 millones”.
Pero, como si fuera poco, los economistas advierten sobre otro perjuicio para los trabajadores contenido en el decreto firmado por Macri que pasó desapercibido: las asignaciones serán liquidadas sólo para aquellos trabajadores cuyos empleadores no registren deudas por contribuciones a la ANSES.
En ese sentido, el informe concluye: “Es decir, los trabajadores se ven sensiblemente perjudicados, sin cobrar el salario familiar frente a los incumplimientos del empleador. Peor aún: en un contexto de franca crisis económica, incluso sin una empresa cumplidora se atrasa en los pagos de cargas sociales, el que financia la crisis es el trabajador”.
