Por Miguel Croceri (*)
Hacia mediados de 1982 y a lo largo de 1983, a partir de la guerra de Malvinas (que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982), los/las estudiosos/as y especialistas más comprometidos con los Derechos Humanos, la democracia y los intereses nacionales, conocieron y divulgaron informaciones sobre el estado de las finanzas de la Nación que -aunque tal vez nadie lo sabía en aquel momento- afectarían a las siguientes generaciones que habitaran el suelo patrio. Incluso hasta hoy, cuando el calendario se aproxima a las cinco décadas desde que fue perpetrado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Aquella información, que se abría paso a pesar del ocultamiento dictatorial y del terror impuesto por los criminales tanto militares como civiles que aún gobernaban el país, se refería a un tema que hasta ese momento era ajeno a los dramas económicos nacionales.
Todo puede resumirse así: “Entre 1976 y 1983 la deuda externa argentina se multiplicó por seis: pasó de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, sumando los atrasos de intereses y la deuda militar, según cálculos del Banco Mundial”.
El enunciado que está entre comillas fue escrito por Noemí Brenta, doctora en Economía, docente e investigadora en instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien ha dedicado gran parte de su labor académica a indagar sobre la deuda externa argentina y en particular las relaciones entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los montos indicados en la cita precedente son aproximados. La propia especialista lo explica. Dice que esos “cálculos” del Banco Mundial son “más o menos, porque nunca se supo bien la cifra exacta ni de la deuda pública ni de la deuda privada. Aunque todo el endeudamiento del sector público debía aprobarse previamente por el ministerio de Economía y por el BCRA (Banco Central de la República Argentina), las estadísticas de la deuda compiladas por este último guardaban diferencias inexplicables con todos los demás registros y estimaciones, y con el propio balance de pagos elaborado también por el Banco Central. Peritos judiciales, funcionarios, economistas de izquierda y derecha señalaron la información deficiente sobre la deuda externa, y el gobierno posterior a la dictadura inició una investigación en 1984 que derivó en vía muerta dos años más tarde”.
(Brenta es autora, entre otros libros, de “Historia de la deuda externa de la dictadura a nuestros días”. La primera edición salió en 2019, a finales del gobierno de Mauricio Macri, publicada por la editorial Capital Intelectual. Los conceptos transcriptos en esta columna pertenecen a un escrito suyo posterior, de hace tres años, coincidente con el 46 aniversario del golpe de Estado. Esa vez la edición Cono Sur de la revista mensual Le Monde Diplomatique, también conocida como “el Dipló”, incluyó un texto de Brenta titulado “La deuda odiosa de la dictadura”. Artículo de marzo/2022. Por otra parte, de allí fue tomado el gráfico que ilustra esta nota).
Teniendo en cuenta las características solo aproximativas de las cifras, a los efectos de un “redondeo” puede afirmarse que luego del asalto militar contra el sistema constitucional en 1976, el pasivo de Argentina aumentó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones en siete años y medio.
Alejandro Olmos, el pionero
El primer investigador y divulgador sobre el endeudamiento perpetrado por el régimen de facto fue el periodista, historiador y militante nacionalista Alejandro Olmos (quien fallecería en abril de 2000). Ya en octubre de 1982 y aún bajo el poder dictatorial, presentó una histórica denuncia penal por ese tema, que hasta entonces era absolutamente desconocido no solo por la opinión pública sino incluso por las dirigencias democráticas que se oponían al Estado terrorista.
Aquel recurso judicial recién tuvo sentencia en el año 2000 (pocos meses después de la muerte del patriótico dirigente), y fue resuelta por Jorge Ballestero, juez federal en esa época, pero no hubo condenados. Allí se dictó el “sobreseimiento definitivo de la causa, en la que no existen procesados”.
Previamente, sin embargo, Ballestero emitió una extensa fundamentación (que actualmente está volcada en más de 100 páginas digitales), donde explicaba que se comprobaron 477 delitos cometidos en la toma de la deuda externa, en los cuales estaban implicados grupos económicos y funcionarios de alto rango de la dictadura, empezando por su ministro de Economía, José Martínez de Hoz.
Desde 1976 el país fue puesto bajo la voluntad de acreedores externos para favorecer negocios privados, era una de las principales conclusiones del juez. (Veintiús años después de la sentencia, la página web “Palabras del Derecho” hizo un recordatorio. Allí se incluyó un vínculo para acceder al texto completo del fallo. Publicación del 13/07/2021).
Uno de los continuadores del trabajo pionero de Alejandro Olmos fue su hijo, Alejandro Olmos Gaona. También historiador y dedicado a investigar la misma temática que su padre, actualmente dirige el “Observatorio de la Deuda Pública” que funciona en el ámbito de la Universidad de La Punta (ULP), institución educativa pública y gratuita con sede en la ciudad homónima (La Punta), provincia de San Luis.
Entre múltiples producciones y actividades académicos, dicha dependencia universitaria difunde en línea un cálculo aproximado de cómo aumenta permanentemente, minuto a minuto y segundo a segundo, el endeudamiento de la Nación. El monto estimado superaba los U$D 374.000.000.000 (trescientos setenta y cuatro mil millones de dólares) en la semana recién transcurrida. (Acceso al Observatorio de la Deuda Pública de la ULP).
Argentina, ultrajada otra vez
En estos días de abril de 2025, la sociedad es víctima de una colosal maniobra de ocultamiento acerca de decisiones económicas que marcarán la vida de las actuales y futuras generaciones. Como en la conocida metáfora, el árbol tapa al bosque.
El viernes 11 de este mes el gobierno de Javier Milei proclamó el denominado “levantamiento del cepo”, y desde entonces la opinión pública está dominada por ese tema y sus derivaciones.
(Digresión: el autor de esta columna, con pedido de disculpas por la reiteración, se remite una vez más a sus observaciones contra el uso del término “cepo”, el cual fue generado e implantado socialmente a partir de 2012 por el grupo empresarial Clarín. En aquel momento la presidenta Cristina Kirchner había dispuesto controles en el mercado de cambios para administrar el uso del dólar en un país que no fabrica esa moneda sino la propia. En torno del poderío que detenta el principal conglomerado mediático del país para imponer sus propias palabras y cómo pensar los asuntos de interés público, hace seis años Vaconfirma publicó un artículo titulado “‘Grieta’, ‘guerra’, ‘cepo’, ‘dinero K’ y otros inventos de Clarín”. Nota del 15/07/2019).
La obsesión financiera actual se concentra en la cotización del dólar y se manifiesta en infinitas consideraciones sobre la salida del “cepo” y la devaluación. Después de ello, a lo sumo, se pone la lupa también en el aumento de precios y los perjuicios para la población.
Sin embargo, son escasísimas las referencias a la gran trampa escondida en las decisiones que adoptó Milei como resultado del pacto con el FMI, respaldado a su vez por Estados Unidos a través del gobierno de Donald Trump.
Dicha trampa es nada menos que un nuevo y criminal endeudamiento. Las acreencias del Fondo Monetario se incrementarán en U$D 20.000.000.000 (veinte mil millones de dólares). Y sumando a otras instituciones prestamistas, el pasivo ya existente aumentará en U$D 32.000.000.000 (treinta y dos mil millones de dólares), según dijo el propio Milei cuando hizo los anuncios por cadena nacional. (Crónica de Infobae, nota del 11/04/25).
El cacareado fin del “cepo” y la consecuente devaluación, equivalen a árboles que tapan el bosque de la deuda.
Argentina está siendo ultrajada nuevamente y sometida al poder de acreedores extranjeros, como ocurrió por primera vez bajo el régimen genocida, en un proceso que luego agravaron los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y, en una etapa posterior, Mauricio Macri. Solamente Néstor Kirchner y Cristina desendeudaron al país. (Los distintos datos y comentarios sobre cada ciclo de endeudamiento se pueden encontrar, precisamente, en el ya citado artículo de Noemí Brenta).
Hoy no existe un Estado terrorista como el de hace casi 50 años, que impedía conocer el saqueo de la economía nacional mientras acontecía. Lo ocurrido se revelaría tiempo después y de a poco, desde finales de la dictadura.
Ahora la dominación es más sutil. Nada impide que las dirigencias políticas opositoras y los medios de comunicación contrarios al oficialismo traten de esclarecer a la sociedad respecto del endeudamiento perpetrado por la ultraderecha gobernante.
Sin embargo la catástrofe transcurre de forma casi inadvertida. Se repiten a continuación los montos que acaba de pactar Milei: 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, y sumando otros acreedores, 32.000 millones en total.
Cuando en 2018 Macri enterró otra vez al país bajo las garras del FMI, al menos hubo reacciones políticas y la decisión fue motivo de cuestionamientos. (En una reseña que publicó el portal “Letra P” hace siete años, pueden verse distintos y sorprendentes ejemplos de críticas formuladas en aquella ocasión por dirigentes de variado origen, incluyendo a Milei y a Alberto Fernández. Nota del 07/06/2018).
En cambio esta vez, aún desde los sectores que se posicionan en contra del gobierno y de la timba financiera, la discusión pública se reduce a la inmediatez de la devaluación del peso, y en el mejor de los casos a alertar sobre el drama que el rebrote inflacionario genera en la economía de las familias y en el aparato productivo.
De la nueva y criminal deuda que azotará a varias generaciones, no habla prácticamente nadie.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
