El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, pidió vincular al expresidente Rafael Correa con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. La acusación no se basa en pruebas sino en declaraciones de exagentes de la inteligencia ecuatoriana. Rápidamente los medios opositores a Correa salieron a respaldar el intento de vincularlo con la causa e intentaron sostener la versión del fiscal.
La arremetida mediática-judicial contra Correa tiene claros paralelismos con los ataques contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Esta nueva forma de persecución política, denominada “lawfare” (guerra judicial), intenta imponer una condena judicial sostenida en una condena mediática. Sin pruebas ni argumentos sólidos, jueces y fiscales vinculados a los sectores del poder sostienen sus acusaciones en el discurso de los medios hegemónicos que instalan en el “sentido común” la idea de “obvia culpabilidad”.
El juez federal de Brasil Sergio Moro, al emitir su fallo condenatorio contra Lula da Silva, definió con claridad esta lógica. Admitió que no existían pruebas contra Lula, pero aseguró tener “la convicción” de que el exmandatario había cometido el delito del que se lo acusaba y que con eso “era suficiente”.
En igual medida, las acusaciones que el juez federal Claudio Bonadio ha realizado contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner han sido calificadas como “mamarracho jurídico”, y sólo se sostienen en una parte del imaginario social gracias al discurso del grupo mediático hegemónico Clarín.
Ahora llegó el turno de Correa. El expresidente ecuatoriano aseguró a través de la red social Twitter que el “pedido del fiscal de mi vinculación en el caso Balda. No tiene ninguna fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal. Es decir, primero me ‘vincula’ y luego buscará el porqué. Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas”.
“Se los dije: jamás podrán encontrar una sola prueba, por eso recurrirán a falsos testimonios. Lo mismo hicieron con Lula y Jorge (Glas)”, sostuvo Correa.
Pedido del fiscal de mi vinculación en el caso Balda. No tiene NINGUNA fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal.
Es decir, primero me “vincula” y luego buscará el porqué.
Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas. pic.twitter.com/iyZDs2wGB1— Rafael Correa (@MashiRafael) June 12, 2018
En este sentido, en diálogo con Contexto, Jorge Kreyness, analista de política internacional, aseguró: “Esta es una matriz que se repite en varios países de la región: atacan y demonizan a los líderes populares. No es difícil sospechar que detrás de este ataque a Correa se encuentra la mano negra de los mismos sectores que impulsan la desestabilización de gobiernos como el de Nicaragua y Venezuela, y la demonización de líderes como Lula y Cristina”.
“Es una matriz creada por el Imperio, y, con sus diferencias en cada país, se dio contra Lula en Brasil y también contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”, remarcó.
Por último, Kreyness sostuvo que “el entramado entre un sector de la corporación judicial y el poder mediático se vio claramente en Argentina cuando jueces de primera instancia trabaron la aplicación de la Ley de Medios que combatía la concentración y democratizaba la comunicación”.
