Por Roberto Álvarez Mur
“Usurpadores” con una organización respaldada por una “estructura delictiva con características mafiosas” es como el diario El Día decidió calificar al total de 1.300 personas que resistían a un desalojo ordenado por la Justicia luego de la denuncia del titular de la inmobiliaria Mattioli. “Mientras los vecinos de la zona esperan que se concrete el desalojo mañana, los usurpadores realizaron asambleas y gestiones para evitar que se concrete la medida judicial”, expresó el diario platense días atrás, sin mencionar que la resistencia contaba con el acompañamiento, no sólo por parte de vecinos, sino también de concejales como Guillermo Cara, Ludmila Kostiuk, Florencia Saintout, el senador Emilio López Muntaner, el diputado Gustavo Di Marzio o el propio vicegobernador Gabriel Mariotto, y también militantes de izquierda entre las diversas organizaciones barriales que se pronunciaron en contra del desalojo forzoso de las más de 300 familias.
El Día planteó en sus páginas que “distintos quinteros y vecinos de la zona expresaron su preocupación por lo ocurrido” y que “cuentan con apoyo de la Asociación de Productores Hortícolas, que se solidarizaron con las familias afectadas por la toma”. La insistencia del diario por instalar un carácter delincuencial a la presencia de las familias en las cincuenta hectáreas expresa el posicionamiento discursivo parado a la derecha de la coyuntura.
La publicación persiste en la polarización del conflicto como un dilema inherente al estado en sí mismo, tanto desde la configuración mafiosa de los “usurpadores” como de la inoperancia a priori del Estado para garantizar políticas habitacionales.
“En esta, como en las otras ocupaciones, las denuncias coinciden en que los organizadores de estas intrusiones se hallan bien organizados y manejan información precisa que les permite, por ejemplo, concretar el ingreso aprovechando los momentos en que los propietarios salieron de vacaciones o no se encuentran en el lugar”. Cada publicación construye un sentido de estigma y persecución sobre los ocupantes de los predios, sin siquiera reparar en la presencia de niños, es decir, de familias enteras.
Tal lectura elude la relación de intereses y especulaciones que el sector inmobiliario ejerce a diario sobre terrenos y zonas cuya propiedad nunca termina de esclarecerse. Asimismo, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Luis Arias solicitó un informe sobre la situación catastral de los predios que pertenecían a una empresa que luego se presentó en quiebra; después pasaron a manos del Estado, y hoy son reclamados por la empresa inmobiliaria Mattioli. En el lugar de los hechos, el diario reporta: “A la vera de la calzada, en tanto, se puede ver a las personas que coparon ilegalmente las tierras que habitualmente son utilizadas por quinteros para la explotación agrícola”. ¿Es certera la idea de “copar ilegalmente”, impuesta en torno a la presencia de más de 300 familias en un predio cuya propiedad se encuentra en litigio y es reclamada por una firma privada en sospecha de generar negocios con terrenos que no le corresponden?
Esta posición discursiva del diario no es azarosa. Tinta y papel mediante, El Día se caracteriza por establecer en sus páginas la impronta de un periodismo ajeno a las disputas populares y a una matriz democrática para observar los hechos de la realidad.
En tanto, El Día promueve que “es evidente que La Plata ha sido elegida como uno de los blancos predilectos por estas organizaciones”. Resultaría interesante que el diario aplique tal razonamiento en rigor de desenmascarar los intereses económicos y políticos que subsisten de este tipo de conflictos, en lugar de apuntar sus dardos contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
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