Por Gabriela Calotti
El viernes pasado, mientras todos los canales de televisión se hacían eco del femicidio de Araceli Fulles, la inmensa mayoría de los medios de comunicación pasaron por alto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata de otorgarle la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, con el voto favorable de la jueza Liliana Elena Catucci y del juez Eduardo Riggi y el voto en contra de la magistrada Ana María Figueroa.
“Ese día todos estábamos reconociendo la lista terrible de lo que fue el mes de abril en cuanto a femicidios, a las chicas secuestradas, violadas, hablando de los violadores que son dejados en libertad. Ahora, ¿se llenan la boca hablando por televisión cuando violaron a una y mataron a una, a dos, a tres y a 27, y no se horrorizan de aquel que es el responsable de miles de violaciones, secuestros y asesinatos de mujeres en esta provincia de Buenos Aires y que podría irse a su casa?”, se preguntó el martes Nilda Eloy ante un grupo de periodistas convocados frente a los Tribunales Federales de La Plata.
Los jueces que fallaron a favor se apoyaron en “razones de índole humanitaria” y en virtud de la edad del represor (87 años), que fue mano derecha de otro represor de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. La jueza Figueroa votó en contra porque el Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicó que “Etchecolatz está recibiendo atención médica de acuerdo a su estado” de salud.
Eloy, secuestrada en La Plata el 1º de octubre de 1976 por un grupo de tareas de la Bonaerense dirigido por Etchecolatz, a quien reconocería años después por televisión, sostuvo que la decisión de la Sala I “es una medida vacua, vacía de contenido», porque días antes, la Sala IV rechazó un pedido similar de la defensa del ex policía en relación con la causa por el llamado “Infierno”, un centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en la Brigada de Avellaneda. El 20 de abril, los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron el pedido de domiciliaria. A favor se pronunció el juez Juan Carlos Gemignani.
“Los informes médicos dicen que el tipo será viejito, tendrá todas las ñañas que tienen los viejitos, tendrá como la mayoría de los hombres mayores de ochenta años cáncer de próstata, pero puede estar perfectamente en un hospital penal”, sostuvo Eloy, acompañada entre otras por Nora Ungaro y por la abogada María Luz Santos.
Etchecolatz fue condenado en varias causas por delitos de lesa humanidad y genocidio. Fue responsable del “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos de detención en el Conurbano bonaerense y en La Plata, entre los que se encontraban la Comisaría 5ª de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada “Puesto Vasco”, COT-I Martínez y la Brigada de San Justo, y es el principal sospechoso de la desaparición, en septiembre de 2006, del Jorge Julio López, que ya había sido detenido-desaparecido durante la dictadura y encarcelado en la Unidad 9 de La Plata. López desapareció días después de un nuevo juicio contra el represor de la Bonaerense que reclama la prisión domiciliaria.
Nilda Eloy se preguntó por qué los jueces se pronunciaron a favor de la domiciliaria para Etchecolatz, cuyo último domicilio conocido está en Mar del Plata, dado que sabían que “nada de lo que estaban firmando era efectivo”.
“¿Quedaron bien políticamente porque es lo que ahora se estila: ‘reconciliación y perdón’? ¿Lo hicieron ‘pour la galerie’ para quedar bien con el Gobierno? ¿Porque ahora queda bien dejar a los asesinos en libertad?”, insistió la referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Admitió que un precedente es el fallo de la Corte Supema de Justicia de semanas atrás que revocó una sentencia que rechazaba la detención domiciliaria para el represor Felipe Alespeiti, que volvió a su casa. Pero insistió en que contra Etchecolatz aún pesan varias causas, algunas esperando ser elevadas a juicio desde hace años y varias que ni siquiera fueron abiertas, como la de la Comisaría 3ª de Valentín Alsina, que “era lugar de derivación” de detenidos-desaparecidos que llegaban del Pozo de Banfield, del Pozo de Quilmes, del Pozo de San Justo y del Infierno (Brigada de Avellaneda). “Aquí la responsabilidad de Etchecolatz es innegable”, pues “hay compañeros que el último lugar en el que fueron vistos fue en esa comisaría”.
“Nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde, que es reclamar justicia, para que Etchecolatz y todos los genocidas estén donde tienen que están, en la cárcel”, enfatizó.
Eloy advirtió que “como corresponde, si no hay justicia, habrá escrache. Se lo estará esperando”. No obstante, insistió: “Su domicilio es el Hospital Penal de Ezeiza, y esperemos que de ahí salga en cajón”.
