Por Florencia Abelleira
Aunque el sistema carcelario nunca logró ser definitivamente un espacio donde aquel que cometió un error –un delito– pueda repararse a sí mismo para volver a la vida en sociedad, el Estado tiene que insistir en llegar a consensos para lograr una convivencia lo más armónica posible entre sus habitantes.
Como un obstáculo para ese objetivo, en las últimos horas se reavivó un debate sobre lo que perciben como salario aquellos privados de la libertad que acceden a un trabajo. Algunas personas se indignaron, otras discutieron, otras contrastaron datos. Algunas creen que los presos deben pudrirse en la cárcel sin gozar de ningún derecho, otras creen que no debería existir la cárcel, otras no entienden cómo un jubilado puede ganar menos que un preso.
¿El Estado debe “invertir” o “malgastar” presupuesto en ellos? ¿Qué pasa cuando cumplen su condena? ¿Qué se hará con ellos cuando vuelvan a circular libremente por las calles? ¿Qué implica la libertad? ¿Qué implican los barrotes de la cárcel? ¿Los presos siguen siendo ciudadanos con derechos y obligaciones?
Para el abogado Damián Barbosa, referente de la Asociación Civil Reinserción Social y Dignidad, la discusión que se generó en torno al monto del sueldo de los presos respecto al de las jubilaciones “se apartó de la noticia sobre el aumento del salario mínimo, vital y móvil”.
“Se buscó maliciosamente relacionar esto con el salario de los privados de libertad. Se compararon dos situaciones que no tienen nada que ver entre sí para generar cierto desprecio hacia algunas iniciativas”, opina el abogado.
“Se buscó maliciosamente relacionar esto con el salario de los privados de libertad. Se compararon dos situaciones que no tienen nada que ver entre sí.»
Estos cuestionamientos demuestran que la sociedad no está dispuesta a que a los presos se les reconozca el estatus de trabajador. Lejos quedó la percepción de la cárcel como entidad resocializadora: hoy se la percibe como el último orejón del tarro, “como el lugar que corresponde a los que son ‘irreciclables’”, en palabras del abogado y magíster en Ciencias Sociales, Esteban Rodríguez Alzueta.
Pero lo cierto es que el Estado tiene como obligación minimizar las tensiones sociales que genera el sistema punitivo. Según la Constitución Nacional de Argentina y los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a esta ley suprema, aquellas personas que no gozan de libertad tienen derecho a un trabajo remunerado. A esto se le suman otras leyes nacionales, como la 24.660, que ampara lo que exige desde muchos sectores conservadores: la retribución por el daño causado.
La norma, vigente desde 1996, establece en su artículo 121: “La retribución del trabajo interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito […]; 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil; 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento; 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.”
“Justamente, una de las formas de recuperación o resocialización es a través del trabajo, y un trabajo que no tiene que ser trabajo esclavo o gratuito.»
Por eso, la misma sociedad se vuelve contradictoria cuando rechaza los caminos hacia la seguridad social. “Justamente, una de las formas de recuperación o resocialización es a través del trabajo, y un trabajo que no tiene que ser trabajo esclavo o gratuito, sino digno, donde se le reconozcan los derechos”, sostiene Alzueta. “El hecho de que una persona esté presa no significa que deje de ser ciudadana, no significa que no tenga derecho a la salud, a la educación, a la identidad, y, entre esos derechos, también el del trabajo”, agrega.
Emparejar para arriba
Robar, matar, violar, ¿es parte de la esencia humana? ¿Hay asesinos, violadores o ladrones por naturaleza? Según Esteban Rodríguez Alzueta, existe el delito pero no los delincuentes. “Los violadores, los ladrones o los asesinos son figuras tributarias de nuestros fantasmas”, aclara. Es decir, no hay que eternizar un accionar que fue propio de un contexto. Cabe agregar que tampoco hay que propiciar la reincidencia tan común en estos tiempos. Cuando una persona no sólo estuvo privada de su libertad, sino que también fue víctima de violencia institucional, tuvo vejaciones y carencias de derechos, y cuando sale de la cárcel no encuentra trabajo, hay grandes probabilidades de reincidencia.
Según Barbosa, esto ocurre “sobre todo en personas que han cometido delitos contra la propiedad: no tienen para comer, no tienen ningún tipo de salida laboral, dentro de la cárcel no se los capacitó ni salieron con un trabajo y, lamentablemente, caen en el delito. Ese es el círculo que hay que detener”.
“Si los jubilados no ganan lo suficiente, que no sirva de excusa para retroceder en los derechos conquistados. Hay que emparejar para arriba”, agregó el letrado. En todo caso, que los avances que se tienen en la sociedad sirvan para debatir constructivamente hacia la mejora de todos los sectores. Si la delincuencia y la desocupación disminuyó pero las cárceles cada vez rebalsan más de personas detenidas, es hora de intentar por las vías de la inclusión.
