Por Carlos Ciappina
El 9 de junio de 1956, los patriotas generales Tanco y Juan José Valle iniciaron un levantamiento cívico-militar contra la dictadura del general Aramburu y el almirante Rojas. La reacción de la Revolución “Libertadora” fue rápida y brutal: Valle y treinta seguidores –inclusive algunos que no participaban de la sublevación– fueron fusilados sin juicio y sin condena.
Apenas un mes después, el 20 de julio de 1956, la dictadura que había derrocado al presidente constitucional Juan D. Perón, con el diagnóstico económico de Raúl Prebish, firmaba el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI se había constituido en Breton Woods, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Perón, asumido en junio de 1946, se negó sistemáticamente a adherir al FMI por considerarlo un instrumento de intromisión de los Estados Unidos en la política económica de los países. Mantuvo su política hasta que fue derrocado por un golpe de Estado antipopular y pro oligárquico.
Así, la relación fundante del FMI con nuestra sociedad no deja lugar a dudas: aceptó firmar su adhesión y primer ingreso bajo una dictadura ilegítima e ilegal. Poco le importó que el gobierno fuera dictatorial, que hubiera violado y continuara violando los derechos humanos.
La dictadura Aramburu-Rojas buscó una salida eleccionaria con una novedad: la proscripción del partido mayoritario, el peronismo. Arturo Frondizi aceptó ser candidato a presidente en esas elecciones ilegítimas y ganó por la UCRI con el apoyo de los votos peronistas.
En diciembre de 1958 volvió a solicitarle un préstamo al FMI con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos. El FMI estableció sus condiciones: recortar el gasto público, congelar salarios, eliminar controles de precios y restricción a las importaciones. Frondizi designó al ministro ultraliberal Álvaro Alsogaray para llevar a cabo este plan. La reacción social no se hizo esperar y Frondizi instauró el Plan CONINTES (Plan de Conmoción Interna), que facultaba a las fuerzas de seguridad a actuar con un régimen especial de “justicia” frente a la protesta obrera y social. Nuevamente, FMI y gobiernos argentino semiilegales confluían en las mismas políticas: plan económico antipopular y plan represivo. Una mano sostenía a la otra.
El Fondo y la “Revolución Argentina”
En 1963 resultó electo en la presidencia el radical Arturo Illia –con el peronismo otra vez prohibido–. De tradición yrigoyenista, se negó a repactar créditos con el FMI. ¿El resultado? Un nuevo golpe militar que lo derrocó en 1966.
La “Revolución Argentina”, eufemismo de autodenominación de la dictadura del general Onganía –que dió el golpe de Estado de 1966–, decidió en una de sus primeras medidas volver al FMI. Las condiciones que impuso el Fondo fueron, esta vez, mucho más duras que las anteriores: control sobre el gasto público y las cuentas públicas en general. El general Lanusse, continuador de la dictadura, profundizó aún más la deuda: en 1966 era de 3.300 millones de dólares, y en 1973 llegó a 4.800 millones de dólares.
El retorno de la democracia con el triunfo de Cámpora y luego de Perón en 1973 volvió a distanciar a la Argentina del FMI. Durante el período de 1973 a 1976 la Argentina no se salió del organismo pero no le solicitó préstamos. Oh casualidad, un gobierno democrático y popular que cuestionaba al FMI terminó con un nuevo golpe de Estado.
Dictadura del 76: la economía en el Fondo
El 24 de marzo de 1976 se inició la dictadura cívico-militar-eclesiástica más terrible de nuestra historia. Tenía dos grandes objetivos: desarticular la organización política y social popular (barrer con la democracia) con un plan sistemático de desaparición de personas, y desplegar un plan económico de reconversión de la Argentina hacia una economía ultraliberal.
El plan del terrorismo de Estado y económico eran una misma cosa, pero para el económico era imprescindible contar con un viejo aliado de dictaduras y gobiernos oligárquicos: el Fondo Monetario Internacional.
El FMI fue el principal soporte económico de la dictadura iniciada por Rafael Videla. El ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz recibió miles de millones de dólares para llevar adelante el plan fondomentarista: congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación financiera. El plan de Martínez de Hoz y la asistencia del FMI generaron por primera vez un número creciente de desempleados, cierre de fábricas nacionales, reducción de servicios de educación y salud y, por supuesto, más deuda externa. La Argentina tenía en 1976 7.000 millones de deuda externa. En 1982, a fines de la dictadura genocida, su deuda llegaba a la astronómica suma de 42.000 millones de dólares.
El retorno democrático y el Fondo
Electo Raúl Alfonsín en 1983, nuevamente las relaciones entre el FMI y el gobierno democrático-popular se agriaron: Alfonsín proponía realizar una auditoría de la deuda contraída por la dictadura, se negó a firmar un nuevo crédito Stand By y promovió un acuerdo de deudores de alcance internacional para negociar mejor la deuda. ¿Las consecuencias? El FMI aisló económicamente al ministro Grinspun, restringió el crédito internacional y comenzó a presionar para el pago de la deuda sin renegociaciones ni excepciones. El gobierno radical cambió a su ministro de Economía en 1985 (asumió Sorrouille), quien volvió a abrir canales de negociación con el FMI. Sin embargo, la dimensión de la deuda externa y la negativa del gobierno a llevar a cabo un ajuste estructural llevaron a una crisis hiperinflacionaria (sin ayuda del FMI) que desembocó en la entrega anticipada del poder.
“Carlos Saúl Menem es el mejor presidente de la Argentina en los últimos cincuenta años” . La frase –insólita por quien la expresó– la dijo el presidente del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus en al año 1998, en las postrimerías del gobierno menemista. ¿Por qué semejante frase, más digna de un militante político que del presidente de un organismo de crédito internacional?
Entre 1991 y 1999 la Argentina fue el “mejor alumno” del FMI. Adscribió al Plan Brady de renegociación de deuda que se garantizaba con los recursos del Fondo Monetario y llevó adelante una “reforma estructural” de la economía que desplegó el modelo neoliberal en toda la línea: privatizaciones de la seguridad social y las empresas públicas, retiros voluntarios y despidos en el Estado, apertura total de la economía a los productos del exterior, descentralización de escuelas y hospitales, flexibilización laboral y apertura de los recursos naturales a las empresas trasnacionales. El plan se completaba con la Ley de Convertibilidad del ministro Cavallo, quien, con apoyo del FMI, ancló la divisa argentina al dólar estadounidense en forma fija: un peso, un dólar. Nuevamente, el plan del Fondo requirió represión y violencia frente a las protestas populares.
Pese a ser un gobierno democrático, la represión sobre las organizaciones sociales (los “piqueteros”) y las organizaciones sindicales fue una constante durante los casi diez años menemistas.
El Plan de Convertibilidad construyó una recesión económica importante que requería cada vez mayor endeudamiento externo. La crisis de 1998 en Rusia cerró los mercados externos y la Argentina ingresó en una etapa económica crítica.
La Alianza
El gobierno de la Alianza se propuso no modificar en absoluto la convertibilidad y el apoyo del FMI. De este modo, la crisis económica desatada por el propio Plan de Convertibilidad llevó a que el presidente De la Rúa le solicitara al FMI un préstamo de 40.000 millones de dólares (el más grande de la historia del organismo). El FMI exigió, como de costumbre, controlar las cuentas públicas, más despidos en el Estado, rebajas de salarios a jubilados y maestros, flexibilización laboral (la ley “banelco” por la que renunció el vicepresidente frente a denuncias de corrupción) y recortes en educación y salud. Crisis inflacionaria, crisis del dólar, recorte estatal y colapso industrial generaron la crisis más aguda de la historia nacional, la de diciembre de 2001. El gobierno aliancista, que siguió a pié juntillas al FMI, respondió con una represión despiadada: cuarenta muertos y un número indeterminado de heridos fue el resultado de las jornadas de lucha popular del 19 y 20 de diciembre del 2001.
La crisis argentina de 2001-2003 impactó de lleno en la sociedad nacional, pero también en la credibilidad del Fondo Monetario Internacional. Quedó claro, en ese momento, el rol destructivo, recesivo y empobrecedor de las “recetas” del FMI, expresadas profusamente durante esos años por sus “enviados”, verdaderos virreyes que tenían más poder sobre el Estado que los propios presidentes y ministros de economía.
Néstor Kirchner: la cancelación de la deuda
La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 significó la recuperación de la mejor tradición de independencia económica y soberanía política. El gobierno nacional y popular, aún en condiciones adversas, se propuso remover el histórico obstáculo del FMI al desarrollo nacional. El 3 de enero de 2006, Kirchner anunció la cancelación de la deuda total con el FMI y su pago por el valor de 9.600 millones de dólares. La Argentina recuperaba su independencia económica y ya no tendría que consultarle al organismo para llevar adelante un plan económico nacional y popular. Esta independencia permitió además renegociar durante el gobierno de Cristina Kirchner la deuda externa con los acreedores privados –que ya no tenían como instrumento al FMI para que los apoye–. La Argentina, como durante el primer peronismo, se liberó del FMI, no tomó deuda y se desendeudó de la que tenía.
PRO-Cambiemos vuelve al Fondo
En diciembre de 2015 triunfó la alianza PRO-Cambiemos. En su discurso de campaña ni siquiera se mencionó al FMI. Su ministro de Finanzas se mostró en la televisión con un cartel que señalaba “al Fondo no volvemos”. Una vez asumido el gobierno, las cosas fueron distintas: en enero de 2016 el gobierno anunció el retorno de las “misiones técnicas” del FMI (una especie de revisores de cuentas externos), que comenzó a limitar la independencia económica nacional.
El gobierno neoliberal inició una política económica de especulación financiera creciente, de reducción del empleo público, de apertura comercial y de achicamiento de servicios de salud y educación. Un plan del FMI sin –antes de– el FMI.
Pero su política financiera –miles de millones de dólares en Letras (Bonos) del Banco Central– y su política impositiva –reducción de retenciones e impuestos a los más ricos– llevó a una nueva crisis cambiaria que se llevó –mientras la pobreza subía y la economía se estancaba– a una fuga de capitales de 10.000 millones de dólares.
La semana pasada, el gobierno macrista, su ministro de Hacienda Dujovne y el presidente del BCRA Federico Sturzenegger anunciaron –nada menos que en Centro Cultural Kirchner– un acuerdo Stand By por la asombrosa suma de 50.000 millones de dólares del FMI a la Argentina. ¿Exigencias? Reducción del empleo público, apertura de la economía, apertura financiera, liberalización del dólar, privatización de servicios públicos y venta de activos del Estado –y las que no se han hecho públicas y desconocemos–.
La historia casi nunca se repite en forma idéntica. Pero, en este caso en particular, ya sabemos lo que viene: más endeudamiento, recesión, desempleo, pobreza, y lucha y protesta social acompañada de represión creciente.
El gobierno macrista ya anunció que incorporará a las Fuerzas Armadas a la represión interna. Se anuncian meses oscuros para el pueblo argentino y, como desde hace sesenta años, el socio de la crueldad, la pobreza y el oprobio será, nuevamente, el Fondo Monetario Internacional.
