Tal como había sido anunciado a pocos días de la asunción del nuevo Gabinete, el Frente de Todos avanza en busca de cambiar el modelo de Seguridad represivo instaurado por la exministra Patricia Bullrich. Así lo demostró la actual titular de la cartera de Seguridad de la nación, Sabina Frederic, quien en las últimas 48 horas decidió eliminar varias de las normativas de Cambiemos más cuestionadas por los organismos de derechos humanos y asociaciones civiles.
En las últimas horas trascendieron tres movimientos clave: la derogación del protocolo para utilización de pistolas eléctricas Taser, la eliminación del decreto que habilitaba a las fuerzas de seguridad a requerir DNI en transportes público, y la marcha atrás con la utilización de parte del histórico complejo hotelero de Chapadmalal para formación y entrenamiento de Gendarmería Nacional.
A esto se sumó una serie de modificaciones a la conformación del Servicio Cívico Voluntario para adolescentes que la exministra había dispuesto en manos de esa misma fuerza de seguridad.
Estas medidas se dieron en sintonía con las declaraciones que la propia Frederic había ofrecido a la prensa semanas antes, en la que señalaba que era de vital importancia dar un giro radical a las políticas legadas por la Administración de Bullrich, quien no tardó en salir al cruce de la actual funcionaria por estás decisiones.
En tanto, las medidas de la ministra de Alberto Fernández fueron observadas como un gesto contundente por los organismos de derechos humanos, que destacaron el movimiento político luego de cuatro años de un definitivo enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas de incremento en la discrecionalidad represiva.
«La decisión de la ministra Sabina Frederic es un paso ineludible para la construcción de un modelo democrático de seguridad que incorpore la agenda de derechos humanos con una perspectiva transversal», expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto de las medidas adoptadas. Esta misma entidad fue la que se pronunció contra las paulatinas iniciativas que impulsó Bullrich, en especial desde la irrupción de la controversial «Doctrina Chocobar».
«Este es un paso preciso para restablecer y generar otro paradigma para pensar las políticas de seguridad. El conjunto de medidas que derogó la ministra Frederic de la gestión anterior implicaban unas ampliación de las facultades de las fuerzas federales para el uso de armas de fuego y las detenciones arbitrarias. Nosotros hicimos una presentación judicial en su momento porque entendimos que el reglamento del uso de armas era anticonstitucional, ya que iba a contramano de los estándares internacionales incorporados en nuestro marco normativo», dijo a Contexto Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS.
En referencia a los decretos que estableció Bullrich en el transcurso del último año, en plena temporada electoral, el CELS señaló: «Estas medidas promovieron un modelo de seguridad basado en una intervención policial selectiva y discriminatoria que alentaba el uso de la fuerza y reducía los controles civiles».
«Caracterizadas además por la pobreza técnica, fueron políticas destinadas a generar polémicas mediáticas más que a mejorar el trabajo policial. En distintas instancias, incluidas las judiciales, el CELS cuestionó esas resoluciones de la exministra Patricia Bullrich. Su respuesta y la retórica que en general acompañó esas medidas insistió una y otra vez en antagonizar con les defensores de los derechos humanos como si fuéramos enemigos», añadieron.
