Por Guido Pirrone
Tras una sucesión de medidas que avanzaron durante tres años y nueve meses sobre derechos adquiridos, un nuevo embate sobre las personas con distintas discapacidades recorta y dificulta el acceso a tratamientos y achica las horas de terapias y prácticas de rehabilitación. La Resolución Nº 1231/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) –del devaluado ex Ministerio de Salud de la Nación que regula el funcionamiento de obras sociales y empresas de medicina prepaga– también afecta a los prestadores habilitados para efectuar los tratamientos, de acuerdo con la denuncia que varias entidades de la sociedad civil plantearon en estas horas.
En una suerte de remedo de la noche en la que, tras conocerse el abrumador resultado de las PASO, Mauricio Macri mandó a los argentinos a dormir, la medida dispuesta por la SSS manda a los discapacitados a descansar. A modo de argumentación, el Anexo I de la resolución sostiene que la medida «apunta a revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad».
El actual esquema de prestación en terapias de rehabilitación se divide en dos formas: prestaciones institucionales realizadas en un centro de rehabilitación –con un esquema de funcionamiento similar al de una clínica–, y de manera particular a través de terapistas individuales, que pueden trabajar o no en equipo, pero que facturan a las obras sociales de manera personal por sus servicios.
Con esta medida –publicada en el Boletín Oficial el pasado 2 de setiembre–, la SSS reduce la cantidad de sesiones de terapia por mes, pasando de 36 a 24, y les quita a los pacientes la posibilidad de contar con más de tres profesionales para su atención, con el agravante de que esas sesiones deben concentrarse en tres días. Es decir que no se podrá tener más de tres terapias por persona y estas no podrán espaciarse en la semana, obligando a los pacientes a horas de atención que no están en condiciones de tolerar.
Para familiares de personas con diferentes tipos de discapacidad, la resolución dictada por el organismo a cargo de Sebastián Neuspiller se aleja de la realidad, pues existen muy pocos centros autorizados, insuficientes profesionales entrenados y menos especialidades de las que necesita cada paciente.
Es el caso de Yesica Claros, mamá de una niña de nueve años con síndrome de Down, quien aseguró a Contexto que «estamos frente a un atropello, otro más. Es una falta total de respeto y de conocimiento del tema, porque achicar horas de tratamiento va totalmente en contra de los objetivos del mismo. En muchos casos, como con el autismo, los chicos aprenden por repetición, y esta medida va exactamente en contra. Hace que los chicos tengan menos horas de terapia y, peor aún, las que tienen las deben concentrar en tres días».
Argentina adhirió en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fija las bases para la cobertura y libertad en la elección o designación de tratamientos y profesionales para realizarlos, situación que la resolución de la SSS desconoce abiertamente.
«En un contexto de crisis económica, esta medida significa más ajuste no solo para los pacientes, sino también para el grupo familiar y los profesionales de la salud», analizó la diputada provincial y candidata a la intendencia de La Plata, Florencia Saintout. «Son medidas regresivas en materia de derechos sociales en las que el gobierno nacional reincide, como la de dar de baja a pensiones por invalidez que nunca restituyeron», añadió.
«Da bronca enterarse de estas medidas, porque el Estado no se debe ocupar de que nuestros hijos descansen; para eso estamos los padres. El Estado tiene la obligación de brindar atención, contención y las condiciones necesarias para que cada persona alcance su máximo potencial. Y claramente eso no se está cumpliendo», afirmó Alejandro Cytrynbaum, el vicepresidente de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).
Mamá de Gregorio, un joven de diecinueve años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), Jaqueline Devaux leyó la resolución y entendió «que la discapacidad se utiliza como válvula de ajuste. Peor aún con el argumento que evidencia un gran desconocimiento de la vida de estas personas y de sus familias. ¿Sobre qué marco teórico se basa? Sabemos fehacientemente que una intervención intensiva influye directamente en los aprendizajes, en el bienestar, en las estrategias que se instauran para poder abordar de manera más exitosa el resto de los ámbitos en los que estas personas se desempeñan».
Para Jaqueline, quien es la presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Autismo (APADEA), filial La Plata, «al leer la resolución lo primero que uno piensa es: ¿no saben, quienes escribieron y pensaron esta reglamentación, que va a producir un impacto negativo en el desarrollo de los chicos? ¿No saben, por ejemplo, que las personas con autismo también aprenden en sus terapias a utilizar su tiempo de ocio y esparcimiento de manera adecuada?». «Además desmerece el trabajo de muchas personas que ponen cuerpo y alma todos los días, con esfuerzo, capacitándose. Esta es una manera también de desincentivar a muchos profesionales a trabajar en el área de discapacidad», fundamentó Devaux.
«Es gravísimo lo que han hecho y lo que continúan haciendo contra las personas con discapacidad. Han sido cuatro años de retrocesos terribles», lamentó el diputado por el Frente para la Victoria neuquino, Alberto Ciampini, quien preside la Comisión de Discapacidad en la Cámara Baja de la Nación.
«Cualquier persona tiene un tiempo de atención limitado, y nuestros hijos tienen aún menos tiempo. Que la Superintendencia de Servicios de Salud nos diga ahora que tienen que tomar dos y hasta tres horas seguidas de terapia no tiene ningún sentido, ni siquiera se condice con su patética justificación del descanso», concluyó Claros, con marcada indignación.
