El Gobierno nacional defendió el rol de las organizaciones gremiales que apoyan en la fiscalización del cumplimiento del programa Precios Justos en el marco de denuncias de faltantes por parte de las cadenas de supermercados adheridas e incumplimientos en los precios exhibidos.
La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, había adelantado que “ante faltantes de stock en supermercados por posibles desvíos de productos, esta semana intensificamos los controles en los centros de distribución de Carrefour, Coto y Cencosud”. El objetivo, según el funcionario, fue constatar que la mercadería que llega a los supermercados es la solicitada por esas firmas, una de las posibles explicaciones a la falta de productos. “De esta manera, controlamos la mercadería de Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Procter & Gamble, Unilever, Morixe y Colgate-Palmolive”, dijo. En esa línea, además, había destacado el rol del sindicato de Camioneros que aportaron la infraestructura sindical para que “los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento”.
El lunes, tras las repercusiones que tuvo la participación de los trabajadores en la fiscalización –sobre todo en la oposición– el titular de la Secretaría de Industria, cercano al ministro de Economía Sergio Massa, Ignacio De Mendiguren, expresó que “podemos discutir si los trabajadores deben participar o no, pero ¿Qué es lo importante para que se bajen los precios, que se cumpla el acuerdo o quién lo controla? Si el acuerdo se cumple, a mí no me preocupa que me controlen”.
En una entrevista radial, el funcionario pidió separar “lo principal de lo accesorio”, y manifestó que “el acuerdo tiene dos grandes objetivos: los precios y el abastecimiento, porque si respeto los precios y no abastezco, es una risa”.
El propio Pablo Moyano habló al respecto y contó que fue por pedido del presidente y el ministro de Economía que el gremio intervino “porque los empresarios encanutan la mercadería”.
En ese marco, ya se conocieron denuncias motorizadas desde la oposición para cuestionar la actitud de los funcionarios y del gremio. Una de las más difundidas fue realizada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció penalmente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini, por “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”.
Precios Justos es un programa de acuerdo de precios que alcanzó el Gobierno nacional con distintas cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo con el compromiso de no aumentar los precios más allá del 4 % mensual, similar a otros acuerdos que pactó con otros sectores como el textil, que se encuentra entre los que mayores aumentos registraron desde 2022. Desde su implementación, los últimos meses del año pasado mostraron una baja en la inflación, particularmente en productos alimenticios y de primera necesidad y textiles, que desde que comenzó a regir el acuerdo se ubicaron por debajo del promedio general de precios que releva el Indec.
