Este martes por la noche, el Gobierno nacional decidió enviar finalmente a gobernadores y diputados el nuevo texto de la ley Bases, conocida también como ley ómnibus, con una serie de cambios en busca de lograr su aprobación. El proyecto incluye desregulaciones económicas, delegación de facultades, achicamiento del Estado y privatizaciones.
En esta nueva versión, el punto de partida, que son las emergencias y sus correspondientes delegaciones de facultades, sufrieron modificaciones. Las once emergencias que pretendía el primer proyecto fueron reducidas a tres: económica, financiera y energética. Asimismo, mientras en un inicio se pretendía que fuera por dos años con posibilidad de ampliarlo a cuatro, se redujeron a solo un año.
En este marco, además, el Gobierno deberá rendir cuentas ante el Congreso. «El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos», sostiene el texto.
Estas facultades delegadas, reza el artículo 2, buscan «mejorar el funcionamiento del Estado», «reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal» y «asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública».
En este marco, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer respecto de los organismos estatales «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades cuyo mantenimiento resulte innecesario y su reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias».
Asimismo, se aclara que quedan excluidos los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
En lo que respecta a privatizaciones, el nuevo texto hace mención a dieciocho empresas que pueden privatizarse de manera total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina), parcial (Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y concesionarse (AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales).
En términos de desregulaciones, se pone el foco en la Ley de Hidrocarburos, autorizando, por ejemplo, «las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa».
Asimismo, pone el foco en defensa de la competencia, facultando al Gobierno nacional a «disponer la derogación o modificación de las normas de rango legal que generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente».
