El gobierno nacional envió este jueves el pliego del juez Alejo Ramos Padilla para ocupar el Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, que será sometido al análisis del Senado.
El magistrado fue propuesto luego de haber sido elegido primero en el orden de mérito por el Consejo de la Magistratura en 2019 tras concursar para el cargo. Sin embargo, tras la investigación que encabezó desde Dolores por las extorsiones llevadas adelante por el falso abogado Marcelo D’Alessio y luego del pedido de juicio político de Cambiemos, el entonces presidente Mauricio Macri había decidido elevar el pliego de Laureano Durán, que quedó tercero en el concurso.
El Juzgado Federal de La Plata, que además de la competencia penal también abarca la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, está vacante desde 2014, y desde entonces fue subrogado por distintos magistrados, entre ellos el mencionado Laureano Durán.
Alejo Ramos Padilla encabeza desde 2011 el Juzgado Federal de Dolores y fue uno de los más señalados durante el macrismo. Sus fallos contra los tarifazos, contra los nombramientos por decreto de dos jueces de la Corte y, finalmente, la megacausa de espionaje ilegal y extorsión encabezada por el falso abogado D’Alessio le valieron en marzo de 2019 un pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura elevado por Juan Bautista Mahiques, representante del gobierno de Macri en ese organismo.
«No es la primera vez, Ramos Padilla ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo», había dicho el año pasado el entonces presidente durante una entrevista televisiva, luego de la detallada presentación que realizó el juez en el Congreso sobre el expediente de espionaje ilegal.
Sobre esa causa, el magistrado amplió los procesamientos contra Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y el periodista de Clarín Daniel Santoro, acusados de participar de una asociación ilícita.
El escándalo de espionaje ilegal salió a la luz en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest grabó las conversaciones que mantuvo con el falso abogado y supuesto agente de la DEA mientras era víctima de una extorsión.
Antes de conocerse la historia, la entonces diputada Elisa Carrió anticipó en sus redes sociales que se trataba de un supuesto plan contra la denominada «causa de los cuadernos», y realizó una presentación judicial con escuchas telefónicas realizadas sobre dirigentes políticos del kirchnerismo. Curiosamente, la denuncia fue desestimada por la Justicia, pero las escuchas forman parte hoy de otra causa más de espionaje ilegal durante el macrismo, esta vez en complicidad con agentes del Servicio Penitenciario Federal.
