Tras varios meses de discusión por el futuro de la hidrovía Paraná, el Gobierno dará un paso clave en busca del manejo estatal de la ruta fluvial. Es que el presidente Alberto Fernández tiene ya dispuesto un nuevo DNU para dejar la administración de la vía del Paraná en manos de la Administración General de Puertos (AGP) por doce meses, en el marco de la habilitación de una «licitación corta».
Así lo definió esta semana el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, quien ratificó que ya está preparado el decreto para establecer el traspaso. «Se va a licitar el dragado y el balizamiento y cuando termine este proceso de licitación corta vamos a contar con un Ente nacional de control que será el encargado de la licitación grande», explicó Guerrera en diálogo con El Destape.
Según afirmó el funcionario, esta «licitación corta» permitirá confeccionar una licitación larga que requiere las nuevas obras que proponen desde los gobiernos provinciales. Si bien no se afectará el actual trabajo que se realiza sobre el paso del río Paraná, sí comenzará a funcionar el cobro del canon por parte del Estado mediante la AGP.
La medida, que ya estaba en tratativas desde hace tiempo, estará orientada a gestionar bajo sello estatal la hidrovía hasta tanto se llame a licitación. La presencia del Estado argentino en la gestión de esa ruta es una deuda pendiente desde hace treinta años.
«Cuando termine este proceso, tanto de licitación corta como larga, vamos a contar con un Ente Nacional de control, que seguramente va a ser el encargado de la licitación larga, la que plantea mayor profundidad de dragado y acceso a puertos públicos. Esto se va a convertir en una Secretaría o Ministerio que se dedique de manera exclusiva a tener presencia en la hidrovía», señaló Guerrera respecto del nuevo esquema de operación.
En la actualidad, la hidrovía está a la espera del vencimiento de la prórroga de noventa días otorgada por el Gobierno hacia la firma a cargo, Hidrovía S.A., sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa S.A. Esto implicó el sostenimiento del régimen vigente desde la privatización de la ruta en 1995, que permite que Hidrovía S.A. sea quien hoy cobra los peajes a las embarcaciones que recorren la vía navegable del Paraná.
En tanto, la puesta en vigencia de este nuevo decreto lograría poner en marcha una etapa de transición entre el trabajo actual y una nueva presencia del Estado en la administración, elemento que incluso estaba en los pliegos originales de la normativa establecida en los noventa.
«Lo que va a suceder a partir de la nueva licitación, que sucederá dentro de un año y medio, es una presencia fuerte del Estado nacional con participación activa de las provincias que también están involucradas en la vía navegable», agregó el ministro de Transporte.
Cabe remarcar que el río Paraná es la principal autopista navegable de la Argentina y una de las más importantes del mundo. Por esta ruta se transporta el 80 % de la mercadería que exporta el país e ingresa el 95 % de las importaciones. La actual falta de regulación estatal en ese recurso natural genera fuertes perjuicios económicos para el país por los altos niveles de evasión y la ausencia de controles, y representa una demanda clave en materia de soberanía.
