El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una acción declarativa (en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña que vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.
Esa reforma, que tuvo un debate exprés en apenas tres semanas, cercena el derecho a la protesta y avanza sobre las tierras de las comunidades originarias. Por eso generó una fuerte protesta social encabezada por docentes y pueblos originarios. El Gobierno jujeño respondió con una feroz represión a los reclamos, con un saldo de al menos 170 heridos y 69 detenidos, que incluyó operativos policiales con vehículos sin identificación y persecuciones en casas y barrios.
En este marco, la presentación del Gobierno nacional plantea la «gravedad institucional» generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el actual Poder Ejecutivo provincial a cargo del gobernador Morales, ya que «está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan», según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado.
La presentación también advirtió que la reforma, además de la Constitución nacional, atenta contra «la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley N° 24.071».
La acción presentada este viernes por la mañana fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos; y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Asimismo, destaca que «organismos Internacionales de Derechos Humanos, con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».
De esta manera hizo referencia a la comunicación oficial emitida el 20 de junio de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que esta urgió «al Estado argentino a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social», y a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial afirmando que lo dispuesto en Jujuy «no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Por otra parte, se afirma que «la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», indicando que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo (por parte del Gobierno de turno) que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución nacional.
El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva carta magna provincial, ya que durante el procedimiento de reforma se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación con diversas cuestiones que los afectan en forma directa.
Soria dijo que la reforma busca «crear el marco jurídico para reprimir»
Luego de que se conociera la información de la acción declarativa que fue presentada este viernes por el Gobierno nacional, el gobernador Morales expresó a través de su cuenta de Twitter: «Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución. Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo».
También salió en su defensa su compañero en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó en su cuenta de la red social que «la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños», y expresó su «solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias».
Como respuesta, en declaraciones que realizó esta mañana a Radio 10, el ministro Soria indicó que «hay artículos que son totalmente violatorios de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución en esta reforma exprés de Morales. Tiene partes que directamente chocan con la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos porque en realidad se pretende criminalizar la protesta».
El ministro sostuvo que con la reforma se busca «crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas», y añadió: «Esta película ya la vimos: ajuste hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la alianza del 2001 y Cambiemos en 2016».
