Mientras continúa su campaña política como compañero de fórmula presidencial junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales fue denunciado penalmente por el Gobierno de la Nación, por causa de la violenta represión policial desplegada en su provincia contra manifestantes. La acción judicial contra el gobernador de Jujuy fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti.
La denuncia se basa en los múltiples actos de violencia, detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a la protesta e incluso el ingreso ilegal a viviendas por parte de fuerzas de seguridad en el marco de las protestas llevadas adelante en las últimas semanas en Jujuy. Cabe recordar que a los reclamos salariales de docentes jujeños se plegaron organizaciones de derechos humanos y pueblos originarias para sumar el rechazo contra el manejo corporativo de la explotación local de litio y contra la reforma constitucional local que promueve Morales.
«Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia», sostiene la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos.
«Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes», agrega el documento.
Cabe destacar que Pietragalla Corti recorrió la provincia de Jujuy la semana pasada junto a funcionarios de su propio gabinete, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en los lugares de las protestas y cortes de ruta. Allí mantuvo diálogo con manifestantes y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención.
La denuncia se suma a un pedido de habeas corpus presentado ante la Justicia local por la misma Secretaría de Derechos Humanos para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al Gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
Vale recordar, además, que la semana pasada desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) anticiparon que también llevarían el reclamo por la situación en Jujuy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, el titular de APDH, Eduardo Tavani, brindó declaraciones públicas y advirtió: «Si la derecha alcanza lo que aspira a alcanzar, que es el gobierno nacional, esto que vivimos en Jujuy se va a extender a todo el territorio nacional. Los derechos van a ser conculcados y esto tenemos que alertarlo».
