En medio de la crisis económica agravada por la pandemia, que impactó de lleno en las fuentes de trabajo y los ingresos en Argentina y el mundo, uno de los ejes de la discusión económica es quiénes deben hacer un mayor esfuerzo para incrementar la capacidad fiscal del Estado. En ese marco se introdujo el debate para crear un impuesto extraordinario a las grandes riquezas del país para costear las políticas sanitarias y de recuperación económica. En caso de aplicarse la propuesta del bloque en Diputados del Frente de Todos, se podrían recaudar fondos equivalentes a la construcción de 5.622 hospitales de emergencia, 12.3 millones de jubilaciones mínimas actuales, 63.2 millones de AUH y 20.8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) para los sectores informales y monotributistas clase A y B.
Así lo indicó un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que analizó los eventuales alcances del aporte extraordinario y los ejemplos de ese tipo de iniciativas en otras partes del mundo. El proyecto, que, si bien no ingresó todavía a Diputados, sí recibió el visto bueno del presidente Alberto Fernández, gravaría por única vez a 12.000 personas físicas (no empresas), lo que representa el 0,04% de la población adulta y el 0,08% de la población económicamente activa, indicó la UNDAV.
«Si bien los números no están aún definidos, todo parece indicar que se gravará patrimonios personales declarados a partir de los 200 millones de pesos, lo que equivale actualmente a patrimonios de casi USD 3.000.000», precisó la UNDAV. «Las alícuotas que se plantean están en torno a los 2% y 3,5%, y se sigue barajando establecerlo de manera progresiva. Dentro del oficialismo estiman que esto recae en apenas el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales», añadió.
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Los recursos obtenidos serían valiosos para el gobierno nacional por la dificultad para obtener fondos que le permitan prolongar las políticas contra la pandemia. Es que la caída de la recaudación tributaria se desplomó en mayo un 21%, mientras implementa medidas para sostener el sistema sanitario y garantizar ingresos a los sectores informales y monotributistas (vía IFE), y a los privados (vía ATP para trabajadores y créditos blandos a las empresas). Según estimaciones del gobierno, hasta este mes proyecta gastar el equivalente a cerca del 10% del PBI entre políticas de expansión financieras, fiscales y gastos corrientes, incrementadas ampliamente desde marzo.
En este contexto, el informe enfatizó la necesidad de un aporte extraordinario de los sectores más acomodados debido a que se han visto favorecidos por la política tributaria del macrismo. Este aporte serviría como una «escala adicional» para el impuesto a los bienes personales, que grava las riquezas en Argentina y cuyo peso en la recaudación total ha caído durante el gobierno de Cambiemos, quedando la estructura tributaria con una matriz más regresiva.
Según el estudio, la estructura impositiva durante el período 2016-2019 se volvió más regresiva ya que los impuestos que pesan sobre los sectores trabajadores, como el IVA, aumentaron su participación en el total recaudado en cuatro puntos porcentuales. Como contrapartida, los impuestos más progresivos (que gravan a los sectores pudientes) redujeron su participación en dos y un punto porcentual, respectivamente.
El debate internacional
La crisis económica alcanza a todos los países. Según recientes proyecciones del Banco Mundial, el hundimiento del PBI global será este año del 5,2%, lo que la convertirá en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y «la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita».
Esta situación llevó a gobiernos de todo el mundo a implementar estímulos fiscales y a poner en el centro de la agenda la posibilidad de aplicar impuestos, contribuciones excepcionales o aportes «patrióticos» que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios. «El abanico es amplio y abarca países latinoamericanos como Chile o Perú hasta Suiza o Italia», subrayó la UNDAV.
Ejemplificó los casos de España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile. En el primero, la agrupación política Más País, cercana al oficialismo, propuso un impuesto de solidaridad cívica a los grandes patrimonios. «El alcance sería a partir de USD 1.140.000 con una alícuota de por lo menos el 1% y a partir de USD 2.280.000, una de 2%», detalló el informe.
Por otra parte, en Italia (uno de los países más afectados de Europa por el COVID-19) el gobierno busca impulsar un impuesto progresivo durante 2020 y 2021 a las ganancias anuales declaradas que tribute a partir de una alícuota del 4% a ganancias de 91.200 dólares, y que vaya escalando la tributación por alícuotas hasta llegar al 8% para ganancias anuales por encima de 570.000 dólares. Con esta medida piensa llegar a más de 800.000 contribuyentes.
En Suiza, desde un partido de la oposición se propuso un impuesto único al patrimonio que grave la riqueza a partir de 3.180 millones de dólares con una alícuota única del 2%, que busca recaudar más de 18.000 millones de dólares para paliar la crisis económica. Y desde Rusia, el gobierno de Putin busca impulsar, en conjunto con otras reformas impositivas, un gravamen a los depósitos bancarios del 13% a partir de los 15.000 dólares.
Un informe de economistas Gabriel Zucman, Emmanuel Saez y Camille Landais de la Universidad de California y la London School of Economics propone un impuesto temporal, de una década, para neutralizar los efectos de la pandemia. Lo que plantean es que aquellas personas que posean un patrimonio superior a los dos millones de euros paguen un 1% de su fortuna; en el caso que su riqueza supere los ocho millones de euros, la tasa del tributo subiría al 2%; y al 3% si su riqueza sobrepasa los mil millones. Con lo recaudado, según sus cálculos sería un 10% del PBI de la Unión Europea, se podría pagar durante diez años la deuda generada por la actual crisis económica del coronavirus.
En Sudamérica también viene creciendo el debate sobre apuntalar la recaudación estatal a partir de las grandes riquezas, en un contexto muy complejo para cada economía. En Brasil, el principal partido opositor al gobierno de Bolsonaro (el PT) llevó al Congreso una propuesta de impuestos a los patrimonios a partir de los 10.000 millones de dólares, con una alícuota inicial de 2,5% que se puede reducir al 1,5% si el contribuyente se presenta voluntariamente para el pago.
En Perú, un proyecto de un partido de la oposición plantea un esquema progresivo para contribuciones a través de ganancias anuales declaradas. Plantea una alícuota inicial de entre 0,2% y 1% para ganancias de 290.000 dólares y una alícuota final de entre 2% y 3% para las ganancias declaradas a partir de 14.500 millones de dólares.
En Ecuador, también desde un sector de la oposición, entre varias propuestas hay una que plantea un gravamen a los patrimonios a partir de mil millones de dólares, con una alícuota única de 0,9%.
Finalmente, en Chile, desde el Partido Comunista, opositor al gobierno de Piñera, se propone un impuesto al patrimonio que abarque al 1% del sector más rico del país con una alícuota anual del 2%.
