Por Carlos Ciappina
El segundo peronismo (1973-1976) demostró que podía incorporar nuevos actores sociales y políticos: la juventud trabajadora y universitaria. Las tres banderas también se aggiornaron a la realidad latinoamericana y mundial de principios de la década del setenta, incorporando la teoría de la dependencia, el marxismo y la teología de la liberación como diagnóstico, y la búsqueda de un socialismo nacional, previo pasaje por la liberación y la reconstrucción de la nación.
En esa coyuntura de 1973, el movimiento nacional peronista volvió a configurarse como una gran y ancho río que ocupaba toda la llanura política: el FREJULI era un frente donde convivían peronistas de la vieja guardia con jóvenes del peronismo revolucionario, comunistas y radicales yrigoyenistas, exsocialistas democráticos, jóvenes universitarios , conservadores populares y hasta trotskistas. El 62% de los votos (cifra imposible de alcanzar antes y después en nuestra historia) señaló el fracaso de la estrategia destructora de las élites y el inicio de un nuevo ciclo peronista. La fraseología era nueva, se hablaba de socialismo nacional, liberación o dependencia, apoyar a los países del Tercer Mundo, pero en realidad la actualización de la “doctrina” se volvió a realizar en la práctica: entre marzo de 1973 y agosto de 1974 el salario se recuperó hasta llegar casi al 50% para el trabajo y el 50% para el capital, la argentina retomó relaciones diplomáticas con Cuba, los sindicatos recuperaron su poder de negociación, la libertad de expresión fue absoluta luego de décadas de prohibiciones varias y un número creciente de jóvenes se incorporaron a la vida política en áreas de gestión y conducción estatal.
La muerte de Juan Domingo Perón dejó a ese enorme movimiento heterogéneo sin conducción y las contradicciones que siempre lo habían constituido estallaron incontenibles. Las fuerzas armadas y el poder económico vieron la brecha para un nuevo golpe.
Con el golpe de 1976 se inicia un período de ausencia del Movimiento Nacional Peronista en la conducción del Estado hasta el año 2003.
El proyecto político de la dictadura cívico-militar fue terminar con las organizaciones y la militancia de izquierdas y al mismo tiempo terminar de una buena vez con el juego político que el peronismo había estructurado a partir de 1945: disciplinar a los sindicatos, las Universidades públicas y las organizaciones políticas que eran mayoritariamente peronistas. La dictadura se propuso por medio de una represión feroz, clausurar la posibilidad de reconstruir las tres banderas peronistas. La contrapartida era instalar un nuevo modelo societal: el neoliberalismo.
Durante lo que se llamó la “transición democrática”, el elfonsinismo propuso conformar un nuevo movimiento histórico que suplantara al peronismo. Ese proyecto se chocó con la imposibilidad de dominar al capital financiero y a los capitanes de la industria que apuraron varias crisis cambiarias y monetarias que hicieron retirar anticipadamente al radicalismo del poder.
Digámoslo de una vez y claramente: el menemismo desplegó una política que invirtió las tres banderas en todos los rubros: la independencia económica se transformó en una subordinación excepcional a los dictados del Consenso de Washington, los requerimientos de los organismos de crédito internacionales y la dependencia y pago creciente de una deuda externa impagable. La soberanía política se tradujo a un proceso creciente de subordinación a la política exterior norteamericana, llegando inclusive a participar de conflictos bélicos (como los de medio oriente) compartiendo políticas de invasión que nada tenían que ver con la geopolítica y las tradiciones e intereses de la Argentina. Por último, la justicia social desbarrancó hacia una sociedad profundamente desigual, con índices de pobreza, indigencia y desocupación crecientes, con las jubilaciones privatizadas y los sistemas de educación y salud desmantelados. Y, para cerrar su ruptura con el movimiento nacional peronista, el menemismo se desprendió de todo el arco de alianzas del frente nacional y popular, para refugiarse en el Partido Justicialista y los partidos neoliberales, en las antípodas de la tradición movimientista del peronismo.
El gobierno de la Alianza continuó con el despliegue neoliberal, aunque con menos margen económico y mayores dificultades de gestión. La explosión social de 2001 colapsó no sólo el sistema económico neoliberal, sino también a la casi totalidad de la clase política y buena parte de la sindical. Esta “crisis orgánica” sacudió los cimientos del país. Por primera vez desde el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación Argentina en 1853-1861, la Argentina pareció destinada a desaparecer.
En el colapso de 2001, tres organizaciones parecieron soportar la crisis orgánica: el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores de las provincias del interior y, en un arco diverso pero fuertemente movilizado, los nuevos Movimientos sociales. El Partido Justicialista y los gobernadores lograron en el período 2001-2003 un mínimo equilibrio político, pero los movimientos sociales continuaron reclamando un cambio sustancial en las variables económicas y sociales (pese al despliegue de programas universales de emergencia social como el Plan Jefes y Jefas de Hogar). El Partido Justicialista en el gobierno no pudo, no supo y no quiso ampliar su base de sustentación social y política frente a los movimientos sociales. Eligió un mix entre programas sociales y represión. Esta política represiva generó un nuevo colapso político con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El llamado a elecciones anticipadas planteó un escenario de enorme fragilidad económica, política y social.
