Por Gabriela Calotti
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, hizo un brevísimo anuncio días atrás afirmando que Francia desclasificará archivos de la dictadura del periodo 1976-1981. Su declaración fue retomada por algunos medios argentinos de forma muy escueta, inclusive en aquellos medios gráficos que suelen dedicarle espacio a los temas de derechos humanos. Curiosamente, entre las agencias internacionales se hizo eco solamente la española EFE, y no así la francesa AFP, que por lógica o sentido común debería haber sido la que más informara al respecto.
“El Gobierno francés nos pide colaboración en este tema”, se limitó a indicar Avruj, antes de precisar que la decisión, que atribuyó al presidente francés François Hollande, había sido transmitida por la Cancillería francesa al embajador argentino en París, Jorge Faurie.
El funcionario argentino agregó que hablaría con los organismos de derechos humanos para transmitirles la noticia y que viajará a fines de noviembre para avanzar en la desclasificación de los archivos.
En febrero pasado, durante su visita oficial al país, que estaba prevista en realidad para 2015 pero que debió suspender a raíz del ataque islamista contra el semanario francés Charlie Hebdo, el mandatario francés recibió el pedido de los organismos de derechos humanos y de Mauricio Macri para que desclasifique documentación sobre la dictadura.
Cabe recordar que, durante su visita, Hollande se reunió con las Abuelas de Plaza de Mayo y con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fiel a la política de Estado que en materia de derechos humanos Francia puso de manifiesto hacia la Argentina en los últimos doce años, aun durante el Gobierno del conservador Nicolas Sarkozy.
Cabe recordar que en 2006, aun cuando en Francia gobernaba el predecesor de Sarkozy, el también conservador Jacques Chirac, ambos países impulsaron en la ONU una iniciativa adoptada por aclamación según la cual la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad.
Inmediatamente, Macri tuvo que acordar una reunión a las apuradas con las Abuelas de Plaza de Mayo y con otros organismos humanitarios, a quienes se había negado a recibir a poco de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, para no hacer el ridículo de que un presidente extranjero de visita en el país recibiera a los organismos de derechos humanos antes que el presidente del país anfitrión.
En sus breves declaraciones a la agencia oficial Télam y a la agencia española EFE, Avruj informó que hablaría con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para comunicarle la noticia.
Días después, las Abuelas recibieron la visita en su propia sede del embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Argentina, Pierre Henri Guignard, quien les aseguró que “Francia no olvida a los que nunca aparecieron, ni nunca aparecerán. Tenemos que trabajar juntos para que esto nunca vuelva a pasar”.
En el encuentro con Abuelas, nietos e integrantes de la Asociación, el diplomático francés, que hasta ese día, 18 de octubre, no se había reunido con las autoridades argentinas, les agradeció “la firmeza que han mantenido, porque hay que tener mucho valor para enfrentarse a la autoridad, sobre todo en dictadura”.
En los encuentros que Abuelas mantuvieron por separado con Avruj y con el diplomático francés, estos les confirmaron que Francia desclasificará archivos, indicaron a Contexto fuentes del organismo que semanas atrás identificó al nieto 121 en el marco de la infatigable labor que lleva adelante para dar con el paradero de otros cuatrocientos nietos, bebés robados en cautiverio por los represores de la dictadura.
“Se habló de ese tema. Hubo un pedido formal y Francia enviará los documentos al Gobierno argentino, que los compartirá con los organismos”, explicó esa misma fuente, antes de precisar que “son copias de los archivos desclasificados que permanecerán en Francia”.
La fuente consultada aclaró, no obstante, que habrá que esperar y ver qué tipo de archivos son, qué material contienen y en qué estado se encuentran, antes de referirse al caso de los archivos desclasificados por Estados Unidos luego de la visita que efectuó al país justo el 24 de marzo pasado el presidente estadounidense saliente, Barack Obama.
“Algunos archivos están tachados”, entonces no sirven de mucho en esas condiciones, precisó la misma fuente que dijo desconocer “las gestiones del Gobierno argentino” para que Francia desclasifique los archivos en cuestión.
El 10 de octubre pasado, el diario Clarín anunció que el representante especial de derechos humanos de la Cancillería argentina, Leandro Despouy, pediría a Francia en nombre del Gobierno de Mauricio Macri que revele los archivos sobre la represión en nuestro país entre 1966 y 1982, periodo amplio que incluye en una misma bolsa el golpe de Onganía, el triunfo electoral democrático de Héctor Cámpora, la muerte de Juan Domingo Perón, la llegada al poder de Isabelita y la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
“Argentina va a reclamar a Francia la liberación de los documentos diplomáticos desde 1966 a 1982 para poder reconstruir la memoria histórica sobre la dictadura en Argentina. Busca saber hasta dónde la metodología de los generales franceses en Argelia influyó en la represión en el país, los años 1975 y 1976, y cómo funcionó la vigilancia sobre el exilio argentino en Francia”, afirmaba ese matutino.
El anuncio de Clarín firmado por su corresponsal en París tuvo lugar dos días antes de un coloquio celebrado en Francia bajo el título “Archivos de las dictaduras sudamericanas: Espacios y lugares de revelación de conflictos entre el derecho al olvido y el derecho a la verdad”, organizado por la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea (BDIC) en colaboración con la Dirección de las Américas del Ministerio francés de Relaciones Exteriores, el Instituto de Ciencias Sociales de la Política y el Instituto de Altos Estudios de América Latina, estos últimos organismos de investigación y formación franceses dedicados a nuestra región.
Según ese matutino, Despouy iba a pedir el levantamiento del secreto de Estado francés en esos materiales durante dicho seminario que tuvo lugar 12, 13 y 14 de octubre con la participación de académicos, abogados y representantes de diversos Gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, la Cancillería francesa, que publica diariamente las preguntas que formulan los periodistas a su servicio de prensa, aseguró el 12 de octubre que si bien Despouy se había reunido el día anterior con la embajadora francesa encargada de derechos humanos, Patrizianna Sparacino Thiellay, “hasta el momento no tenemos conocimiento de un pedido de desclasificación” de documentos por parte del diplomático argentino.
La pregunta concreta era: “El embajador para derechos humanos de Argentina será recibido en la Cancillería para pedir la desclasificación de archivos de la dictadura argentina. ¿París le responderá favorablemente?”.
En su respuesta, el Ministerio francés de Relaciones Exteriores agregó que “el acceso del público a los archivos cumple con las disposiciones del patrimonio que prevé diferentes etapas de comunicación en función del tipo de documentos”.
En ese marco establece los siguientes plazos: “25 años es el plazo ordinario para la comunicación de archivos públicos; 50 años para los documentos cuya comunicación puede afectar el secreto de defensa nacional, los intereses fundamentales del Estado en la política exterior, la seguridad del Estado, la seguridad pública, la seguridad de las personas o la protección de la vida privada; y 75 años para los documentos de estado civil vinculados con investigaciones realizadas por la policía judicial”, agregó la misma respuesta.
Interrogada por Contexto sobre un pedido de desclasificación de documentos en poder de la BDIC, Céline Lèbre, encargada de las colecciones de la Península Ibérica y de América Latina, quien durante el coloquio expuso sobre “La BDIC como espacio de salvaguarda de los archivos de la dictadura”, respondió que “hasta ahora, la BDIC no recibió ningún pedido de restitución de copias de los documentos que conserva” por parte de las autoridades argentinas.
En su respuesta, la responsable indicó que entre 1995 y 2005, la BDIC “fue requerida como espacio de salvaguarda de algunos archivos de la represión, por sus vínculos con investigadores que trabajan sobre esos temas o militantes de derechos humanos, a menudo en relación con exiliados políticos”.
Precisó que en 2004 el francés Alain Touraine depositó una copia parcial de los archivos del Plan Cóndor descubiertos por Martín Almada en Asunción y que en 2005 Raggio presentó una copia de los archivos de la DIPBA.
En sus declaraciones a Clarín, antes de viajar a Francia donde estuvo exiliado nueve años, Despouy criticó “el uso político que se ha hecho identificando el tema de los derechos humanos con determinadas fuerza políticas”, en clara alusión al Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que hicieron de los derechos humanos una política de Estado. Despouy llegó a decir que “estamos en un momento en que la causa por los derechos humanos se beneficia a sí misma”, asegurando que este reclamo “es una política de Estado en Argentina”.
Sin embargo, los recursos financieros que el macrismo destina a los derechos humanos no se condicen con el discurso de sus funcionarios. El Gobierno de Cambiemos acaba de recortar en 15% dicho presupuesto para 2017, sin contar con el efecto de la inflación.
La secretaría dirigida por Claudio Avruj recibirá una partida de 607.542.535 pesos durante 2017, es decir, 110 millones menos que lo que recibió en 2016.
Durante el coloquio, los diversos ponentes hablaron sobre los archivos del Plan Cóndor, un plan de coordinación de la represión entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y el funcionamiento del Centro Piloto de la Marina en París, cuya tarea era vigilar el movimiento de los exiliados argentinos, entre otros temas.
Durante el coloquio, la directora general de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Sandra Raggio, expresó que “sería muy importante que Francia siga avanzando en el proceso de desclasificación derogando el secreto de documentos que den cuenta de la represión en nuestro país”.
“En esos archivos tiene que haber documentación muy valiosa sobre el Centro Piloto en París, el asesinato de Holmberg, las monjas francesas, el seguimiento al exilio argentino y también de la llamada escuela francesa”, afirmó Raggio, cuyo organismo inició exitosamente en 2001 el proceso de desclasificación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA).
Los organizadores del coloquio afirmaron en su presentación que “los archivos constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades. Fundan su identidad y son un elemento clave en la sociedad de la información. Son testimonio de las actividades llevadas a cabo y de las decisiones adoptadas; garantizan la continuidad de los organismos y la justificación de sus derechos, al igual que los de los individuos y los Estados”.
“Porque los archivos garantizan el acceso de los ciudadanos a la información administrativa y el derecho de los pueblos a conocer su historia, son esenciales para el ejercicio de la democracia, la responsabilidad de los poderes públicos y la buena gobernanza”, afirmaron.
El Gobierno de Macri suele tener discursos paralelos y antagónicos, sean para uso doméstico o para el exterior. Los derechos humanos no están exentos de este discurso laberíntico que confunde y engaña.
