Por Roberto Álvarez Mur
En un comienzo de año marcado por fuertes tensiones respecto de la “limpieza” ideológica denunciada en medios de la talla de Radio Nacional (donde la nueva directora Ana Gerschenson admitió que se revisaban las cuentas de Twitter de los periodistas), o espacios culturales como el Centro Cultural Kirchner, el foco se cierra esta semana sobre las declaraciones del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, frente a la revisión de 11 mil nuevos cargos públicos y la justificación de 6.200 despidos a causa de la pertenencia a la militancia política.
«Al 31 de enero se identificaron casi 6.200 contratos que no se renovaron o se cancelaron producto de distintas situaciones; primera y obvia, gente que no iba al lugar de trabajo, otros que concurrían en horarios acotados y otros que pertenecían a movimientos sociales y políticos, a la militancia», dijo ayer Ibarra al anunciar la posibilidad de nuevo despidos en el sector público.
“La política es la herramienta de los pobres para transformar la realidad. Los ricos no la necesitan, porque ya tienen la riqueza. Entonces, lo que necesitan es vaciar el contenido político y la tradición de debate político del pueblo argentino, para que asumamos que es ley de Dios que hay explotadores. Tiene un objetivo claramente cultural incluso, de penalizar a aquel que piensa políticamente”, dijo a Contexto el secretario general de ATE en Buenos Aires, Oscar De Isasi, respecto de los dichos del titular de Modernización que ya ponen de manifiesto el carácter persecutorio del Gobierno frente a las ideas disidentes.
“Por lo tanto, en esos términos, esto no es más que una caza de brujas. Están empezando a desenmascararse; comenzaron con lo de los ‘ñoquis’, ahora continúan con esta persecución política. En el fondo, lo que quieren es achicar el Estado. Achicar la planta de personal. Lo que están haciendo es un ajuste que es descargado sobre los trabajadores. También sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, agregó De Isasi. “Yo reivindico al trabajador del Estado que está trabajando y además sueña con tener un país para todos. Y si además milita para tener un país para todos, cualquiera sea el pensamiento, es reivindicable. Todo trabajador debe ser respetado, más aun si milita”.
Por su parte, el secretario general de CTA, Hugo Yasky, en conversación con Contexto, también se refirió a la persecución política encabezada desde principio de año sobre los trabajadores del Estado: “Lo que se está aplicando en nuestro país desde hace dos meses es un ajuste que tiende a disciplinar. La criminalización de la protesta social, la caza de brujas, la persecución política que se genera a partir de la potestad que el Gobierno se arroga a sí mismo para castigar a quienes participan políticamente, son todas prácticas de un autoritarismo que en nuestro país creíamos desterrado”.
Asimismo, el referente de CTA reflexionó sobre la impronta a nivel cultural que puede producir la insistencia del Gobierno en castigar la participación política dentro del sector trabajador. “Estamos ante el intento de crear un retroceso cultural, con un manejo de los grandes medios de comunicación que pretenden tergiversar y suprimir todo lo que en estos años se avanzó. La reivindicación de la democracia, los derechos humanos y el derecho a la diversidad. Hay una gran operación que tiende a poner un manto que haga pensar a los argentinos que la uniformidad de pensamiento en torno a las propuestas autoritarias de Cambiemos equivale a una especie de opción por la democracia”, dijo Yasky.
En tanto, Oscar de Isasi sintetizó: “Está muy claro, si a nivel nacional los funcionarios ya de por sí no te dicen que vienen de la política, sino que son técnicos o gerentes y hasta deslizan cierto desprecio hacia la política”.
Mientras el discurso oficial se empeña en demonizar la ideología política para justificar su accionar, miles de trabajadores ya están en las filas de desocupados en la Argentina, en apenas dos meses de gestión.
