En el marco de la profundización de la crisis económica desatada por el gobierno de Mauricio Macri y tras estallar el escándalo de “los aportantes truchos” (blanqueo de dinero para la campaña electoral) en la que aparece involucrada la gobernadora María Eugenia Vidal, el brazo mediático-judicial volvió a jugar una carta repetida y desgastas: atacar a la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, para tratar de correr el foco de la discusión y dar un paso más en el intento de quitarla de la carrera presidencial.
El libreto y la mecánica del ataque contra la expresidenta argentina no son originales y tampoco parecen haberse pensado en estos rincones del Cono Sur. En el nuevo contexto regional, tras la llegada de gobiernos neoliberales alineados con las políticas de Washington a Argentina (por medio del engaño electoral), Brasil (a través de un golpe parlamentario) y Ecuador (mediante la traición política), se pusieron en juego una serie de mecanismos para evitar que los líderes populares que habían conducido los destinos de esos países hacia procesos de mayor equidad social e integración regional vuelvan a conducir los destinos de sus patrias.
Un supuesto delincuente “arrepentido” es beneficiado por un fiscal y un juez que le prometen reducir su pena si testifica que un exmandatario o exmandataria es parte de una trama delincuencial. Sin pruebas materiales, el fiscal, el juez y los medios dan por cierta la declaración del “arrepentido”, la condena mediática es inmediata y no deja margen para la duda. El objetivo más directo y concreto es la demonización y condena de una parte de la sociedad, los objetivos más ambiciosos son la proscripción y el encarcelamiento.
Está lógica ejecutada por un sector del Poder Judicial y sostenida por los grupos mediáticos hegemónicos es, a grandes rasgos, la aplicada contra la expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el exmandatario de Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva, y el líder ecuatoriano, Rafael Correa.
En diálogo con Contexto, Cecilia Merchán, diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria (FpV), aseguró que “la arremetida contra los líderes populares es muy similar en toda la región, prácticamente idéntica, y tiene su punto más alto en el encarcelamiento del expresidente Lula”.
“Un militante del MST de Brasil me remarcaba que la decisión de encarcelar a Lula también es un mensaje a toda la militancia en la que el poder le dice que toda lucha, todo gesto de resistencia, va a tener como respuesta la persecución mediática y judicial”, señaló.
Merchán remarcó que “en Argentina, cada vez que el gobierno de Cambiemos tiene una debacle económica o política avanza con un nuevo ataque al sistema democrático y lo hace de la mano del Poder Judicial y del mediático”.
“En nuestra región hay una parte del sistema judicial que se monta en esa declaración de supuestos arrepentidos, que además son personajes secundarios de toda trama, sin ninguna prueba fehaciente contra esos dirigentes a los que acusan y arman una causa. A pesar de la falta de pruebas contundentes, con el poder mediático logran instalar en gran parte de la sociedad la idea de que se cometió un hecho de corrupción”, sostuvo.
La parlamentaria aseguró que “las corporaciones económicas van de la mano de las corporaciones mediáticas y judiciales. La única herramienta que le queda a los líderes populares y a los pueblos para enfrentar esta arremetida político-mediático-judicial es la organización y la movilización. Frente a este avance de las derechas en la región, debemos ver cómo logramos hundir bien las raíces en nuestra historia de lucha y organización, que es muy rica y muy dinámica. Así podremos generar nuevos instrumentos, nuevas formas de lucha”.
“A pesar de todas las dificultades, Argentina siempre ha sido ejemplar en organización y movilización popular. La solidaridad internacional entre los pueblos, la organización y la movilización son las herramientas que les quedan a los líderes populares y a los pueblos de nuestra región”, sostuvo Merchán.
