Por Roberto Álvarez Mur
La designación en comisión por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant por parte de Mauricio Macri como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desató una andanada de críticas de diferentes sectores del escenario político nacional. La medida vulnera el procedimiento constitucional para la designación de los jueces de la última instancia del procedimiento judicial, y se suma a la serie de decretos arbitrarios que el macrismo lanzó esta semana, donde ataca de manera directa normativas cruciales como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la Ley de Educación Nacional.
“El nombramiento de los jueces es inconstitucional, sin dudas. El modo correcto era convocar a sesiones extraordinarias, a efectos de que el Senado de la Nación examine el pliego de los candidatos propuestos y se concrete –o no– el acuerdo que requiere la Constitución con dos tercios de los votos de los senadores presentes al momento del (tratamiento del) pliego”, dijo a Contexto el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
“La normativa sobre la cual pretende escudarse Macri para justificarse refiere a los empleos de tipo Ejecutivo, no para un cargo que es vitalicio, según la Constitución histórica, y hasta los 75 años renovable por períodos de cinco años, conforme a la reforma del año 94”, completó.
“EL ESTILO UNIPERSONAL ES EL QUE PREDOMINA, MÁS ALLÁ DE ESE DISCURSO ENCUBRIDOR DURANTE LA CAMPAÑA DE ‘HABLAR CON TODOS’, ‘DIALOGAR’, ‘SENTARSE A CONVERSAR CON LA GENTE’”, EDUARDO BARCESAT, abogado.
Barcesat explicó que Macri avasalló el mismo discurso republicano de respeto a las instituciones y pluralidad con los que construyó su propia agenda de campaña. “Yo creo que esta maniobra responde a una táctica de Gobierno. Recordemos que el macrismo tiene una biografía política en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de haber emitido el mayor número de Decretos de Necesidad y Urgencia y el mayor número de Decretos de Leyes. De manera que el estilo unipersonal es el que predomina, más allá de ese discurso encubridor durante la campaña de ‘hablar con todos’, ‘dialogar’, ‘sentarse a conversar con la gente’”.
Asimismo, el ex juez León Arslanian, en declaraciones públicas, ratificó la irregularidad de la decisión de Macri: «Han invocado una facultad (del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución) que le permite al poder Ejecutivo cubrir empleos públicos que requieren acuerdo del Senado en comisión en tiempos de receso, pero lo han aplicado cuando es el único caso en el que no lo pueden aplicar». Además, aclaró que “la ley orgánica del Poder Judicial cuenta con una regulación para estos casos, proponiendo la intervención de conjueces que pueden actuar como jueces de la Corte conformando la mayoría necesaria para funcionar”.
Por otra parte, María Laura Garrigós de Rébori, jueza y titular de la agrupación Justica Legítima, dijo a Contexto: “Es un gesto políticamente deplorable. Si bien existe una cláusula en la Constitución que podría interpretarse como lo hizo Macri, sólo debería ser optada en momentos de emergencia, donde no hubiera otras posibilidades, y no es el caso en la actual situación. Con esta maniobra, por así decirlo, Macri pretende matar mosquitos con cañones”.
“ES UN GESTO POLÍTICAMENTE DEPLORABLE. CON ESTA MANIOBRA, POR ASÍ DECIRLO, MACRI PRETENDE MATAR MOSQUITOS CON CAÑONES”. MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉbORI, JUeza.
En tanto, Barcesat aseveró: “En el plano del nombramiento, asignar en comisión a los nuevos miembros de la Corte y no convocar a sesiones extraordinarias es saltear las atribuciones del Congreso de la Nación. Estamos en una situación en la que creo que vamos a vivir diversas formas de atropello institucional y del deber de obediencia de la supremacía del deber de la Constitución que establece el artículo 36”. Y agregó: “Acá ya dijo antes de asumir que iba a gobernar por decreto. Y, efectivamente, a propósito del DNU emitido en torno a Educación, ha trastornado el cuadro de varias leyes con un decreto muy mal redactado que deroga leyes y que, además, repone leyes derogadas”.
El propio ex juez de la CSJN, Eugenio Zaffaroni, había expresado su descontento con el procedimiento de Macri: «Esto afecta a la República, y la democracia sin República puede ser un caos. Me parece una barbaridad, es un abuso de autoridad».
Preocupación generalizada
La preocupación por el nombramiento de los jueces Rosatti y Rosenkrant alcanzó a diversos sectores del entremado político, incluso a través de referentes cercanos al propio macrismo, como es el caso de José Manuel de la Sota o Adolfo Rodríguez Saá. Asimismo, Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y referente del radicalismo acérrimo, lanzó fuertes críticas contra la decisión de Mauricio Macri: “Sinceramente, me parece que es una equivocación, un error grave, y sienta un precedente muy funesto, muy malo, porque cualquier Presidente podría durante el receso nombrar jueces, y al año siguiente, durante otro receso, podría volver a nombrarlo, y así tendría jueces suyos todo el tiempo. Y eso no es admisible”. Y agregó: “La posibilidad constitucional de nombrar a todos los empleados que necesiten acuerdo del Senado durante el receso sufre una restricción en el caso de los jueces, de acuerdo con el principio de independencia judicial. Los jueces provisorios no son jueces independientes”.
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¿Quienes son los jueces?
Carlos Rosenkrant. Es abogado, con título obtenido en la UBA en 1983, y tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale. Fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses); también enseñó en la Universitat Pompeu Fabra, España; y en la UBA. Forma parte de la firma “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”, en cuyo portal web muestra como clientes permanentes a Fibertel, Grupo Clarín y el diario La Nación.
Horacio Rosatti. Entre 1995 y 1999 se dedicó a la política y fue intendente de Rosario, su ciudad natal, por el Partido Justicialista. En 1994 había participado como Convencional Constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional. Desarrolla la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre 2004 y 2005 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y años antes había sido procurador general del Tesoro de la Nación.
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