Milagro Sala, presa política en Jujuy hace más de 21 meses, aseguró desde las mazmorras de Gerardo Morales que lo único que le falta hacer al gobernador es pasearla encadenada por la céntrica Plaza Belgrano, a la vista de todos los jujeños. Y no se trata de una exageración.
Ya el sábado pasado, cuando el juez Pablo Pullen Llermanos la privó de la prisión domiciliaria para regresarla al penal de Alto Comedero, la policía irrumpió con extrema violencia en la casa de El Carmen y se la llevó esposada, descalza y en piyama. Ni Milagro ni sus abogados habían sido notificados del traslado.
Una vez en la cárcel, con la profundización del hostigamiento en su contra, la salud de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur comenzó a deteriorarse con rapidez. Por eso, la defensa presentó el martes un hábeas corpus para que se autorizara su internación en una clínica privada y luego se le restituyera la domiciliaria, como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de la recomendación de los médicos, Isidoro Cruz –otro juez funcional a Morales- rechazó el pedido de los abogados y Milagro intentó quitarse la vida con un vidrio, en medio de un fuerte cuadro de depresión.
“Estoy muy mal, vengo pidiendo la internación hace más de veinte días en el sanatorio Los Lapachos porque me siento mal de salud y el juez no lo permite. No me quieren dar ninguna pastilla por el colon irritable, mis compañeras me tuvieron que dar una pastilla para el dolor de cabeza… es inhumano”, dijo desde el penal.
“No puede ser que haya dos resoluciones de la CIDH y que no le hagan caso. Se cagan en todo y siguen avanzando. No aguantamos más todo lo que nos están haciendo, nos hostigan, no se conforman con tenerme presa”, sostuvo Milagro y, claramente angustiada, añadió: “Yo así no quiero seguir viviendo”.
Mientas la dirigente contaba ayer todo esto en comunicación telefónica con el programa radial de Víctor Hugo Morales, la Comisión por la Libertad de Milagro Sala denunciaba ante los tribunales federales de Comodoro Py no sólo a Morales y a los jueces jujeños, sino también al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Justicia, Germán Garavano.
“La denuncia es por instigación al suicidio y tiene que ver con el incumplimiento de la cautelar de la CIDH, que exige que Milagro no esté presa en el penal de Alto Comedero porque corre grave riesgo su vida e integridad física”, señalaron voceros de la Comisión a Contexto, que además advirtieron que “hay un objetivo por parte del Gobierno de Macri y de Morales de ver muerta a Milagro Sala”.
La presentación recayó en el Juzgado de Claudio Bonadío y la Fiscalía a cargo de Jorge Di Lelo. Desde la Comisión consideraron “llamativo” que todas las denuncias relacionadas con Milagro queden en manos de ese magistrado.
“No tenemos elementos para sostener que el sorteo haya sido digitado, pero es una casualidad que llama la atención. Con Bonadío se sabe de entrada que este tipo de denuncias no van a prosperar”, lamentaron.
Las expectativas están puestas ahora en la sesiones de la CIDH que se realizarán la semana próxima en Montevideo, Uruguay, donde el organismo interamericano tratará las violaciones a los derechos humanos del Gobierno argentino.
Según adelantaron a este medio, representantes de la Comisión por la Libertad de Milagro Sala viajarán a la capital uruguaya el 24 de octubre para denunciar la situación de la parlamentaria del Mercosur y el avasallamiento de sus derechos, mientras que el día 26 expondrán por el mismo tema miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados del Noroeste Argentino (ANDHES) y Amnistía Internacional (AI).
El propio titular de la CIDH, Francisco Eguiguren, se mostró “muy preocupado” días atrás por la noticia del traslado de Milagro al penal de Alto Comedero. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, dijo y adelantó que el organismo determinará los pasos a seguir.
En tanto, la defensa de Sala ya recurrió la resolución de Pullen Llermanos ante la Cámara de Apelaciones y, en caso de un fallo desfavorable, el trámite continuará en la Cámara de Casación.
“Milagro corre peligro en el penal, y esa es precisamente la razón por la que la CIDH le concedió la cautelar. Entonces cuando Pullen revoca la prisión domiciliaria y decide trasladarla a la cárcel, ella vuelve a estar en riesgo”, explicó ayer la abogada Paula Álvarez Carreras.
La letrada pidió a los jueces jujeños que respeten “la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“Nosotros cada vez encontramos más herramientas para seguir recurriendo, porque no podemos creer las resoluciones, el nivel de desprecio por la Constitución Nacional y la doctrina de la Corte”, concluyó Álvarez Carreras.
