La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció el traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sin orden judicial. Esto va en contra de la disposición vigente, que data del por entonces Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense de 2007.
La cartera había resulto que el traslado de un joven en conflicto con la ley y el ingreso o reingreso a un establecimiento de encierro debe formalizarse judicialmente. Esto fue ratificado, a partir de un habeas corpus colectivo presentado por la CPM, por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en 2013. Un año después, una resolución de la misma Corte exhortó a los magistrados a tomar las medidas necesarias para cumplir con este fallo.
existen «graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia».
La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Bahía Blanca, Natalia Giombi, puso en conocimiento a la CPM del caso de un joven que se encontraba en el centro de contención de Mercedes y que fue trasladado al hogar de tránsito de La Plata sin aval judicial. En el lugar donde fue derivado sufrió amenazas, golpes y abuso.
Sin embargo, desde el organismo de derechos humanos advirtieron que no se trata de un hecho aislado, sino que existen «graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA)».
La Jueza Giombi manifestó su preocupación: «Las autoridades del OPNyA consideran que está dentro de sus atribuciones decidir los traslados de jóvenes y que no deben solicitar la autorización al Poder Judicial».
Giombi: «La autoridades del OPNyA consideran que está dentro de sus atribuciones decidir los traslados de jóvenes».
«En este contexto, preocupa el accionar discrecional desplegado por la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del OPNyA, por el cual disponen los traslados de los jóvenes detenidos sin el debido aval judicial, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad y por consiguiente agravando las condiciones de detención en las que se encuentran», argumentó a la CPM en la presentación.
La CPM solicitó a la Corte que «disponga las medidas que estime conducentes a fin de instar al OPNyA a que cumpla con la obligación de solicitar el debido aval judicial antes de efectivizar el traslado de jóvenes alojados en las dependencias que se encuentran bajo su órbita». Además, desde la entidad señalaron que no es la primera vez que este organismo toma «decisiones arbitrarias e ilegales que no respetan los marcos normativos establecidos por la Constitución nacional y tratados internacionales».
