El reciente caso de represión por parte de Gendarmería en el bajo Flores puso una vez más el acento sobre la libertad otorgada por Cambiemos a las fuerzas de seguridad para avanzar contra los derechos y libertades civiles. A esto se suma el accionar de la Policía Federal, avalado por el Ejecutivo, para pedir documentos y requisar a cualquier ciudadano de a pie, definido por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat como ilegal.
“Es ilegal que la Policía pida documentos y se demore en la vía pública o se traslade a alguien a una comisaría sólo por sospecha, si no se está cometiendo ninguna infracción”, dijo a Contexto Barcesat. “No existe una reglamentación que exija estar documentado en la vía pública. Es un atropello a la libertad porque implica una restricción a la libre circulación y, además, afecta la privacidad porque uno está obligado a sacar porta documento, billetera, lo cual no tiene por qué ser exhibido en la vía pública. A lo sumo, uno puede decir el número de documento correspondiente, pero si no existe una orden judicial o no hay ningún requerimiento de paradero o de búsqueda por algún delito que se esté investigando, no hay modo alguno de que se pueda estar molestando a la gente”.
“No existe una reglamentación que exija estar documentado en la vía pública. Es un atropello a la libertad porque implica una restricción a la libre circulación y, además, afecta la privacidad, porque uno está obligado a sacar porta documento, billetera, lo cual no tiene por qué ser exhibido en la vía pública.»
A su vez, Raúl Gustavo Ferreyra, docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho (UBA), a través de un punteo publicado en Página/12, señala la falta de amparo constitucional sobre el pedido de DNI en la vía pública. Ferreyra escribe: “El pedido de documentos conspira contra la libertad indicada y supone un breve e injustificado arresto o detención prohibido por la Constitución. El arresto descrito constitucionalmente tiene que disponerse con arreglo al principio de legalidad”.
“Entiendo que exigir mostrar documentos es una afectación de la privacidad y de la libertad ambulatoria. No tiene ningún sustento constitucional en absoluto. Solamente se puede llevar adelante cuando alguien se encuentra cometiendo una infracción in fraganti, o un delito de acción pública. Solo ahí se puede requerir efectivamente la identificación de la persona”, expresó Eduardo Barcesat, y agregó: “Creo que va a haber que empezar a interponer acciones de impugnación cuando esto sucede, es decir, denuncia por violación de deberes o abuso de autoridad. Me parece que es la manera de empezar a pararles la chata, por así decirlo”.
El aval para la represión
La disposición de la fuerza policial para exigir la exhibición de documentos se enmarca en el desarrollo de la Emergencia en Seguridad decretada en el territorio nacional. El diputado nacional del Frente para la Victoria y referente de la lucha contra la violencia institucional, Leonardo Grosso, dialogó con Contexto sobre la gravedad que representa este escenario de vía libre hacia las fuerzas de seguridad para avasallar los derechos de los sectores populares.
–Luego de acciones de represión tan visibles en tan escaso tiempo de gestión, ¿cuál es el interés concreto que el Gobierno persigue imponiendo este esquema de acciones de las fuerzas policiales y de seguridad?
–Por un lado, la campaña de demonización de los sectores populares y de criminalización de la pobreza, y, por otro lado, cada vez que la Policía actúa de esta manera hay un respaldo mediático. Cuando la Policía tiene más prerrogativa, más discreción, y cuando está respaldada políticamente por el Ejecutivo nacional en su violación a los derechos humanos, eso se traduce y se amplifica a través del territorio nacional, lo que baja el nivel y calidad de vida de nuestros pibes y pibas más humildes en nuestros barrios más pobres.
–Teniendo en cuenta el caso sucedido en el bajo Flores, ¿cuál es el peso real, desde lo social y lo legal, de la declaración de Emergencia en Seguridad en este escenario?
–La Emergencia en Seguridad decretada por el Gobierno nacional no sólo mezcla competencia del Ejército en políticas de seguridad interior –que, además, en este caso no tendría mucha razón de ser, ya que se trata de fuerzas de seguridad–, sino que además otorga mayor competencia y prerrogativas a esas fuerzas a la hora de llevar adelante sus supuestas tareas de prevención. Esto es en detrimento de los derechos de los ciudadanos. La Emergencia en Seguridad lo único que hace es otorgar mayor discreción para que puedan llevar adelante tareas sin tener que después dar explicaciones por ello.
–En ese sentido, ¿qué perspectiva observás en esta gestión de gobierno respecto de la violencia institucional?
–Esta no es la primera vez que pasa. Ya las fuerzas policiales han torturado pibes en la villa Fuerte Apache, han asesinado pibes en distintos lugares de la Argentina y han abusado de su autoridad. La particularidad que tiene este caso es que, por primera vez, este accionar represivo de las Fuerzas es respaldado personalmente por la ministra de Seguridad, negando la versión de los vecinos. Tienen a la ministra respaldando la violación de los derechos humanos.
