La vasta embestida que el Gobierno de Cambiemos inició en septiembre de 2016 contra el sistema previsional y el Código de la Seguridad Social en su conjunto, que abarca las pensiones por discapacidad, viudez, enfermedades, riesgos de trabajo, prestaciones por desempleo o maternidad, está revelando sus verdaderas intenciones: desarmar el sistema previsional argentino y avanzar hacia la mayor privatización del país y de la región para seguir haciendo negocios.
Entre mayo y junio, el Gobierno emitió dos resoluciones a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que dirige Jorge Triaca. La primera, la 188, creó una comisión encargada de redactar el anteproyecto de ley que reforma el sistema previsional y el Código de Seguridad Social. Esta semana se conoció la segunda, la Resolución 385E/2017, que designa a los tres abogados, Lilia Mabel Maffei de Borghi, Bernabé Lino Chirinos y Félix Roberto Loñ, este último vinculado con la dictadura (1976-1983), que estarán encargados de redactar la iniciativa exigida, entre otros, por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Justamente las reformas previsionales son el histórico caballito de batalla que ese organismo, por otra parte, ya impuso en la Argentina de los noventa con resultados desastrosos.
“En realidad, la reforma ya la está pensando un equipo de ANSES. Los abogados sólo van a redactar el articulado” desde el punto de vista legal, explicó a Contexto una economista del Centro Cultural de la Cooperación.
La embestida macrista contra el sistema previsional comenzó, al menos públicamente, con la llamada “ley ómnibus” que el oficialismo impulsó en el Congreso de la Nación en 2016 y que contiene la Ley de Reparación Histórica, la Ley de Pensión Universal de la Vejez (formalmente Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM), y con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
Creado en 2007 durante el Gobierno de Néstor Kirchner para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones, el FGS es uno de esos frentes que ya está siendo desfinanciado por Macri, que vende las acciones que el Estado argentino controlaba en diversas empresas como accionista minoritario. A fines de 2015, el FGS contaba con unos 770.000 millones de pesos.
“Van a elevar la edad jubilatoria a hombres y mujeres, con las dificultades que esto implica en el marco del aumento de la informalidad laboral e inestabilidad laboral y desempleo”, aseguró la experta a este medio. “También aumentarán los años de aportes”, agregó.
A cambio de avalar préstamos usurarios con la complicidad de Gobiernos neoliberales, el FMI, que se la pasa elogiando a Macri, le exige lo que llama “recomendaciones”: no sólo aumentar la edad de la jubilación y los años de aportes, sino también “la relación entre el haber jubilatorio y el salario. Hoy está en alrededor del 60% y lo quieren bajar porque dicen que es muy alto”, precisó la misma economista.
En el marco del ajuste previsional, las moratorias, que en los últimos diez años permitieron la inclusión de millones de argentinos, desaparecerán. Es decir, si no se tienen años de aportes, no se podrá acceder. En cuanto a la Pensión Universal a la Vejez, será del 80% de una jubilación mínima, que en la actualidad es de 6.377 pesos, como para tener una idea, para las personas mayores de 65 años y para aquellos que no hayan estado vinculados a ningún sistema previsional.
“Es una mirada muy meritocrática y de esfuerzo personal que sobre todo responsabiliza al trabajador por no tener los años de aportes en blanco que debería tener. La responsabilidad recae sobre la persona por no haber tenido trabajos registrados y no sobre el Estado que debe llevar adelante las políticas para fomentar el empleo registrado y castigar a quienes contratan gente de forma informal”, subrayó la misma fuente.
Lo grave es que con el ajuste macrista (despidos, tarifazos, devaluaciones y derrumbe del consumo), el empleo informal en la Argentina ronda ahora el 40%.
Marina Valderrama, abogada del Instituto Patria, explicó a Contexto que la resolución 188, que creó la Comisión para hacer un anteproyecto del Código de Seguridad Social, “va mucho más allá de lo previsional”, pues ese Código contempla las “nueve ramas que conforman la seguridad social”, que abarca no sólo la vejez, sino las enfermedades, los riesgos de trabajo, las prestaciones por desempleo, las pensiones por muerte de jefe o jefa de familia, la discapacidad y la maternidad. “Justamente son las ramas que han sido objeto de ajuste por parte del Gobierno” de Macri en sus primeros dieciocho meses en el poder, advirtió. Esto pone en evidencia el plan de negocios que viene aplicando Cambiemos desde el mismo 10 de diciembre de 2015.
En ese marco se inscriben la quita de pensiones por discapacidad o la solicitud de certificados de defunción a las viudas o viudos que cobran una pensión que generaron descontento en los últimos meses, entre otros ejemplos aberrantes.
El plan de los organismos internacionales contempla por supuesto “bajar los aportes patronales que pagan los empleadores como forma de bajar el costo laboral”, afirmó.
“Acá lo que quiere el Gobierno es justamente bajar el gasto social, el presupuesto de seguridad social, y una de las formas sería plasmar todas estas cuestiones en el anteproyecto de reforma del Código de Seguridad Social”, sostuvo Valderrama, para quien la privatización o capitalización privada sería un segundo paso en el marco del desguace del FGS de ANSES. “Por supuesto que se va hacia ese camino. Que el sistema previsional sea insolvente como en la época menemista”, afirmó.
Tras el desastre neoliberal que desembocó en la crisis de 2001, los sucesivos Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se encargaron, entre 2003 y 2015, de rearmar el sistema previsional, incluyendo a miles de mujeres que obtuvieron una jubilación de “amas de casa” mediante una moratoria a la que el macrismo puso fin en septiembre del año pasado. Numerosas leyes, como la 26.222 y la 26.425, permitieron volver al sistema estatal de reparto. Pero Macri y su equipo buscan transferir los organismos públicos de previsión social al sector privado, y con ellos, los multimillonarios fondos que pertenecen a los trabajadores en actividad que aportan mensualmente a las cajas previsionales de trece provincias, como el IPS bonaerense y el sistema nacional de ANSES.
El avance neoliberal en la región
Aunque en la región son pocos los países que tienen un sistema de reparto o contributivo previsional como el argentino, en Brasil, Colombia, El Salvador, Perú y Argentina se están impulsando procesos privatizadores.
En Brasil hay muchos proyectos impulsados por el presidente Michel Temer, que llegó al poder tras el golpe legislativo contra la mandataria electa democráticamente Dilma Rousseff, que son “bastante polémicos”, explicó la economista del Centro Cultural de la Cooperación.
“Por ejemplo, hay reformas para aumentar las horas de trabajo de 8 a 12, acortar los días de vacaciones y reducir los aportes. Todo eso marca una línea que retrocede a antes del año 1800. Es muy fuerte”, afirmó.
Respecto del sistema de capitalización privado, aseguró que Chile sigue siendo el mejor ejemplo del “tremendo fracaso” que significó el sistema de capitalización privada, o de AFJP, que en la Argentina impuso el menemismo y que el macrismo quiere reimplantar para sus negocios.
En el país trasandino, “la gente que aportó a las AFJP no llega ni a cubrir lo mínimo indispensable con los aportes que tuvo por el mal manejo del dinero” que hicieron esas Administradoras de Fondos y Pensiones, que en los noventa eran promocionadas como las panaceas de los futuros jubilados, agregó.
En la vereda de enfrente está Bolivia, que tras la llegada a la presidencia de Evo Morales y de Álvaro García Linera estableció la jubilación universal para los adultos mayores que tiene en cuenta las características propias del mercado laboral en ese país y el alto grado de informalidad.
“Lo que ocurre en Bolivia contrarresta esta política neoliberal que está volviendo a la región”, agregó la economista.
Valderrama sostuvo, a modo de resumen, que “si en lugar de los principios de universalidad, de progresividad, priman los principios que quiere el FMI, en esa idea de que si no pagás no te podés jubilar, el daño que se hará será enorme”.
La clave, consideró, será entonces qué plafón tendrá en el Congreso la iniciativa del oficialismo y cómo quedarán conformadas las Cámaras luego de las elecciones legislativas de octubre.
