«El Poder Judicial ha permitido la impunidad» frente a los delitos de lesa humanidad

Por Gabriela Calotti

«A 45 años de los sucesos, con todo respeto al Tribunal, es muy difícil suponer que estamos haciendo justicia», sostuvo Pedro Cerviño, sobreviviente del genocidio, durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que desde octubre de 2020 lleva adelante este juicio de forma virtual debido a la pandemia.

El testimonio de Cerviño, secuestrado el 8 de febrero de 1977 en la provincia de Tucumán, donde permaneció en cautiverio hasta el 7 de marzo en la Jefatura de Policía de la capital tucumana, fue presentado porque allí vio a Nélida Azucena Sosa de Forti, quien permanece desaparecida.

«Nelly era una militante del peronismo de base y además era parte de la comisión interna del sindicato municipal de la ciudad de Tucumán», precisó Cerviño, que también militaba en esa corriente. «Yo conocía a Nélida de Forti porque era mi amiga», afirmó.

Cuando la vio en la Jefatura de la Policía de Tucumán, «estaba muy golpeada, muy maltratada, tanto es así que no podía hablar», sostuvo. «Estaba vestida con un vestido amarillo. Estaba muy golpeada», reiteró. «Doy fe que Nélida de Forti estuvo en esas condiciones en el centro clandestino de detención de la Policía de Tucumán», dijo Cerviño.

Nélida Azucena Sosa de Forti tenía 41 años. El 18 de febrero de 1977 fue secuestrada junto a sus cinco hijos varones en un avión que estaba a punto de despegar hacia Caracas en el aeropuerto de Ezeiza. Efectivos de civil y de la Fuerza Aérea los bajaron del avión con la complicidad del comandante de ese vuelo de Aerolíneas Argentinas. Los seis fueron llevados al llamado Pozo de Quilmes.

Hacia el 23 de febrero, los sacaron de noche. A los chicos, el mayor de los cuales tenía dieciséis años, los dejaron en el barrio porteño de Parque Patricios. Pero a ella se la llevaron en un auto, según el testimonio de Alfredo, el hijo mayor que declaró en este mismo juicio el 7 de diciembre del año pasado.

«Cuando me sacaron de ahí, el 7 de marzo, ella estaba todavía», afirmó Cerviño, antes de asegurar que «esto es lo que yo he testimoniado ya innumerables veces», comenzando por su declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979, cuando estaba detenido en la cárcel de Caseros. Le siguieron su declaración en el Juicio a las Juntas, en 1985, ante la Justicia de Tucumán, y hace unos meses ante la justicia de Catamarca.

«A 45 años, lo que se ha cristalizado es la injusticia frente a estos hechos, sobre todo teniendo en cuenta que lo hemos declarado oportunamente», afirmó este hombre blanco en canas.

«Tanta reiteración sobre el mismo hecho sin que se haya condenado o que se haya hecho justicia demuestra simplemente que el Poder Judicial en casi todos sus estamentos ha permitido la impunidad, más allá de que hay algunos represores condenados. En mi opinión, el Poder Judicial de la Nación no ha estado a la altura de las circunstancias», sostuvo Cerviño al concluir su testimonio.

Un breve homenaje por el compañero fallecido Jorge Allega

Antes de que concluyera la audiencia del martes, la abogada querellante Luz Santos Morón, del colectivo Justicia Ya, pidió al Tribunal que se le permitiera leer un breve recordatorio a raíz del fallecimiento, el pasado 22 de enero en Italia, de Jorge Allega, sobreviviente del Pozo de Quilmes, donde estuvo secuestrado en dos ocasiones, entre octubre de 1977 y febrero de 1978.

La abogada defensora Carmen Ibáñez rechazó la lectura de tal recordatorio porque perjudicaba supuestos derechos de los imputados, pero el tribunal aprobó por unanimidad que fuera leído. La abogada Josefina Rodrigo respaldó la lectura del texto debido al «carácter reparatorio de estos juicios». Así lo hicieron también la Fiscalía y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

«Jorge Allega debía testimoniar este año en este juicio. Su vida se apagó lejos de aquí […] Para este entrañable compañero, la justicia llegó tarde», afirma el texto del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia que leyó Santos Morón y que subrayó el carácter «extremadamente lento» del Poder Judicial «con los delitos de lesa humanidad».

El texto destacó la «entereza y la solidaridad» que Jorge manifestó durante tantos años hacia los familiares de compañeras y compañeros que permanecen desaparecidos.

«Donde esté su alma seguirá reclamando justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos […] Seremos su voz […] Seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva», concluyó.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo diecisiete imputados y apenas dos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas, ignorando las audiencias. El 21 de octubre pasado, los abogados del policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó reiteradamente en la Brigada de Lanús, falleció, según informó su abogado defensor al tribunal, sin precisar los motivos. Ferreyro murió impune.

El presente juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por los tres centros clandestinos pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que lo lleva adelante está integrado junto a Basílico por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV
o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia tendrá lugar el martes 15 de febrero a las 9 hs.