Con el silencio de los grandes medios y la estratégica ausencia en la Capital Federal durante la marcha del 24 de febrero, el protocolo antipiquetes del macrismo ya empezó a funcionar: los dirigentes de Mendoza Roberto Macho, Raquel Blas, de ATE, y el dirigente del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), Federico Lorite, fueron imputados en el marco de la movilización realizada el mes pasado en esa provincia, bajo la argumentación del artículo 194 del Código Penal que establece penas de hasta dos años de prisión por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”.
En sintonía con la iniciativa del Gobierno nacional de poner límites punitivos a la protesta social mediante un protocolo de seguridad, la provincia de Mendoza, bajo la conducción del radical alineado a Cambiemos, Alfredo Cornejo, ya “inauguró” a nivel nacional el nuevo plan antipiquetes, sin mayor repercusión en los medios de comunicación nacionales.
“No fue más de lo que hacemos comúnmente en cualquier manifestación, y nos encontramos con esta imputación que apela al viejo artículo 194 del Código Penal, un resabio de la época de Onganía”, dijo a Contexto Raquel Blas, una de las tres dirigentes imputadas tras la marcha.
“No fue más de lo que hacemos comúnmente en cualquier manifestación, y nos encontramos con esta imputación que apela al viejo artículo 194 del Código Penal, un resabio de la época de Onganía.”
En tanto, Roberto Macho, también imputado, dijo a Contexto: “Hay más de trescientos despidos en la provincia de Mendoza. En ese sentido, salimos a manifestarnos en el plan de lucha del 24 de febrero y ahora estamos sufriendo este proceso de criminalización de la protesta”. El referente mendocino de ATE, además de ser señalado por la Justicia provincial, resultó herido durante el ataque de una patota durante una nueva movilización esta semana.
“La situación en Mendoza está muy grave, muy jodida. Estamos frente a un discurso instalado desde que asumió Cornejo, donde pone al empleado estatal –al docente, al enfermero, al municipal– como el enemigo público número uno. A partir de su eje de campaña, se empeñó en culpar por la crisis a los aumentos salariales”.
“Cornejo le declaró una guerra a los sindicatos del Estado, así de simple”, dijo Raquel Blas.
Siguiendo esta línea, durante una nueva marcha de ATE en Mendoza por la reincorporación de despedidos del Casino provincial realizada esta semana, una patota irrumpió y comenzó a atacar a golpes a los manifestantes. Blas explicó: “En el momento en que nuestros compañeros se retiraban del lugar, se abrió una puerta lateral y desde adentro, munidos de palos, piedras y ladrillos, entonando cánticos de apoyo al Gobierno provincial y nacional, una patota de más de cincuenta personas arremetieron a los golpes contra el pequeño grupo de trabajadores que ya se estaban retirando”. La dirigente de ATE remarcó: “Al más puro estilo de la triple A o de los grupos paraestatales armados en forma salvaje dejaron hospitalizados a tres compañeros, incluyendo nuestro secretario general”.
“Es una triste fotocopia nivel provincial de lo que se está instalando a nivel nacional. Aquí se recrudece por los grandes recorte salariales.»
Por su parte, Roberto Macho sintetizó: “Es una triste fotocopia nivel provincial de lo que se está instalando a nivel nacional. Aquí se recrudece por los grandes recorte salariales, sumado a que Mendoza tiene características de pueblo, por lo que la posibilidad de reprimir es mucho más grande”.
Los trabajadores de ATE de Mendoza anticiparon que se realizará una concentración con presencia de los dirigentes imputados junto a organizaciones sindicales, políticas y sociales el 10 de marzo, a las 12hs, para dirigirse a la Casa de Mendoza.
