Por Alejandro Palladino
El Sindicato de Prensa Bonaerense difundió ayer un comunicado en el que dejó sentada su posición crítica con respecto al artículo 12º del protocolo antipiquetes que el intendente de La Plata, Julio Garro, presentará en el Concejo Deliberante. El municipio busca delimitar una zona específica para ubicar a los trabajadores de prensa sin permitirles moverse libremente en el escenario en el que se desarrollan los hechos que cubren.
El apartado del protocolo platense, que fue preanunciado durante la campaña electoral por funcionarios de Garro, como el subsecretario de Proyectos Especiales, Mauro Palummo, quien lanzó su deseo de “tolerancia cero” para la protesta social, es exactamente igual al que diseñó la impulsora a nivel nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En su “Capítulo III – De los medios de comunicación”, sostiene: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
Desde el sindicato rechazaron “las limitaciones a la labor de los periodistas, fotógrafos y camarógrafos”, y mostraron su desacuerdo con “las restricciones de ubicación para la cobertura de movilizaciones y piquetes en la vía pública, sin considerar que la dinámica de estos actos callejeros obligan a ubicarse frente a –y muchas veces en el interior de– la propia marcha para la obtención vivencial de las notas periodísticas”.
El protocolo despertó críticas por parte del kirchnerismo, la izquierda y organismos de derechos humanos por criminalizar la protesta social, justamente en un contexto en el que el Estado genera los conflictos al despedir masivamente a los trabajadores de distintas áreas, llevando a cabo una tercera ola de despidos en el sector público. En el caso particular de La Plata, de diciembre a la actualidad, sindicatos provinciales como ATE, SOEME, CICOP, la Asociación de Judiciales Bonaerenses, que recibieron mezquinos aumentos de salarios y cierre de paritarias por parte de Vidal, salieron a la calle en reitiradas oportunidades para reclamar por sus condiciones laborales.
Los casos de represión estatal en La Plata en etapa macrista fueron la de los trabajadores provinciales de SOEME el 9 de marzo y la de los municipales y cooperativistas platenses en Plaza Moreno el 8 de enero. ¿Qué hubiera pasado si el protocolo antipiquete hubiera entrado en función aquel mediodía de enero, cuando la Policía reprimió con balazos y gases a los trabajadores despedidos por Garro, con aquella mujer que recibió los balazos en la espalda? ¿Qué pasaba si la foto de la espalda baleada de la trabajadora municipal no hubiera sido acompañada de coberturas que narren lo ocurrido? ¿Qué implicancias tiene que los periodistas no puedan registrar la represión estatal desde el lugar donde ocurren los hechos, como pretende el macrismo?
“En la historia argentina, la prensa ha tenido un papel protagonista no solamente en la difusión de muchos conflictos sociales, sino también en el esclarecimiento de asesinatos que se inscribieron en el marco de una represión policial”, dijo a Contexto Esteban Rodríguez Alzueta, docente de la UNLP y la UNQ e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). “La prensa se acerca justamente para dar cuenta del punto de vista de los actores que están sosteniendo esa medida de fuerza», continuó.
Por su parte, el abogado y docente de la materia Derecho a la Comunicación de la carrera de Comunicación Social de la UNLP, Ignacio López, señaló los condicionamientos al campo de acción del periodista y cómo eso influye en lo que comunica: “Es una restricción a la individualidad de la persona y a su ejercicio profesional”, ya que el periodista “elige pararse en tal lugar para hacer su nota y vivirlo desde dentro, en una profesión tan sensible en lo que tiene que ver con la construcción del sentido social”.
López consideró que el accionar de control social del artículo 12º es “por razones arbitrarias, porque no hay razones valederas que sean justificables para limitar la tarea del periodismo. Esa limitación impacta en el producto final del periodista, porque limita la posibilidad de comunicar, en lo que es un derecho humano como la comunicación”.
Además de los efectos que el protocolo produce en la persona del periodista y en su trabajo, Alzueta también apuntó a un tercer sentido, sobre cómo impacta en la ciudadanía el derecho a informarse.
“El corralito que quieren establecer es un criterio que no sólo cercena el derecho de los trabajadores de la prensa, sino también el de todos nosotros a tener una información fidedigna”.
Mientras los concejales del FpV platense Guillermo Cara, Florencia Saintout y Gastón Castagneto se han reunido con referentes y abogados de derechos humanos para elaborar un documento crítico del protocolo y así preparar su participación en el Concejo Deliberante de La Plata para ponerle freno a la medida, el secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense Ricardo Salas dijo a Contexto que tuvieron un contacto con el presidente del Concejo, Fernando Ponce, para concretar una reunión, aunque detalló no saber aún qué postura tomará el Estado municipal tras su comunicado crítico.
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