Este miércoles, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación le dio el visto bueno al proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS presentado por el Frente de Organizaciones por la Salud de las personas. Ahora, el objetivo es que sea tratado en el recinto para lograr su media sanción.
«Es una nueva ley con perspectiva de derechos humanos», especificó la diputada oficialista Carolina Galliard, que viene impulsando en la Cámara Baja el proyecto.
Esta iniciativa fue presentada en octubre de 2020, pero previamente hubo dos proyectos similares que habían desembarcado en la Cámara Baja: uno en 2016, que tuvo dictamen en la Comisión de Salud pero no logró avanzar, y otro en 2018, que directamente fue cajoneado. En plena pandemia, las organizaciones volvieron a redactar un proyecto que en veinticuatro páginas resume la experiencia de años anteriores, recomendaciones de organizaciones y organismos pertinentes y la convicción de que es necesaria una legislación nueva, que refuerce y mejore las actuales políticas para que los cambios de gobierno no traigan consigo un ajuste en la materia, tal como sucedió con el macrismo.
En ese sentido, desde la organización Ciclo Positivo destacaron que, a diferencia de la ley vigente (Ley N° 23.798), sancionada treinta años atrás, el actual proyecto «tiene un enfoque de género y de derechos humanos para asegurar los derechos y garantías inherentes a la condición humana para todas las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS». En ese marco, esta iniciativa «pone en el centro de la escena los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma, la discriminación».
Para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos y la no discriminación, el proyecto propone la eliminación de la prueba preocupacional para diagnosticar estas enfermedades; la producción pública de medicamentos y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos; la capacitación y promoción dentro del sistema de salud para acompañar a las personas diagnosticadas; la provisión de tratamientos y servicios para quienes nacieron con VIH, y la promoción de la investigación.
Asimismo, el proyecto propone la creación de dos entes: por un lado, una Comisión Nacional de VIH, hepatitis, TBC e ITS que reúna a organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, y, por el otro, la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación bajo la órbita del INADI para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS.
Además, el proyecto hace hincapié en el desarrollo de programas destinados a la prevención, «teniendo en cuenta las desigualdades, discriminaciones que sufren las mujeres», apostando a la construcción de una nueva ley con perspectiva de género.
Otro de los puntos, y que generó ruido en el tratamiento de Comisión, es el de un régimen especial previsional para quienes tengan estas enfermedades. Sobre esto se pronunció el diputado del PRO Luciano Laspina, quien se refirió al «gasto» que podría tener. «Nuestro sistema previsional está atravesado por una crisis, en un amplio déficit», advirtió, y pidió que se evalúe el «costo fiscal» de estas jubilaciones anticipadas.
Galliard recogió el guante y destacó que ya se ha conversado con ANSES al respecto y desde el organismo «se respondió de manera favorable, dado que estamos hablando de un grupo muy pequeño, de entre 10.000 y 15.000 personas».
En ese sentido, la diputada del Frente de Todos detalló que lo percibirán «solo aquellos que no tengan trabajo o que trabajen en relación de dependencia pero no cobren más de dos salarios mínimos, vitales y móviles».
Finamente, el proyecto consiguió dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con 33 firmantes y 5 disidencias. Vale recordar que la Comisión de Salud ya hizo lo propio, por lo que ahora se encamina al recinto en busca de la media sanción.
