«Ya no van a poder dar de baja tu plan», explicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para informar que será el propio Gobierno de Javier Milei el que lo hará, en caso de asistir a una manifestación. «Para ser claros, los únicos que no van a cobrar son los que vayan a la marcha y corten las calles», aclaró la funcionaria, como parte de un nuevo paso en el plan de neutralización de la protesta social que ya dio su primer indicio la semana pasada con el relanzamiento del viejo «protocolo antipiquetes» de Patricia Bullrich.
En este caso, Pettovello envió su mensaje este lunes por la tarde, donde presentó su propuesta para «vaciar las calles», bajo la condición de habilitar o inhabilitar las partidas sociales a quienes asistan a protestas, casi en una extorsión directa para desarticular al movimiento de organizaciones sociales.
La ministra adelantó que realizaría «auditorías» sobre las organizaciones que administren la distribución de los planes, como parte de un proceso que, de manera explícita, definió como «eliminación de la intermediación». En su planteo, Pettovello incluso aclaró que el objetivo es llevar «tranquilidad a los beneficiarios de los planes», dando por entendida la existencia de un enemigo común que es la organización popular y la manifestación.
Tal como ocurrió la semana pasada con los anuncios de Bullrich, desde los organismos de derechos humanos volvieron a expresar su preocupación sobre esta modalidad para obstruir el derecho a la protesta. «Pettovello no anunció ninguna medida para quienes más van a sufrir el ajuste. La ministra hizo una amenaza de quitar los planes sociales a quienes se organizan para ir a una marcha y a quienes no tienen estructuras de cuidados y llevan a sus hijos con ellos», advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
«Pettovello y Bullrich, a través del protocolo contra la protesta, estigmatizan a las organizaciones y dicen que quienes reclamen en manifestaciones o protestas no serán sus interlocutores. Esto significa negar la mediación política y perseguir la organización social», agregaron.
Por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta conversó con Contexto y se refirió al intento de este tipo de iniciativas por «desautorizar la solidaridad», tal como lo definió, algo que ya ha sido aplicado en el pasado por gestiones enfocadas en impulsar un fuerte ajuste sobre los sectores más vulnerables.
«De lo que se trata es de desautorizar la solidaridad social. El Gobierno sabe que estos trabajadores desocupados y los pobres en general van a tener menos chance de conseguir mejores beneficios y ejercer sus derechos de manera individual que si lo hacen de manera colectiva», dijo el docente e investigador de la UNLP y la UNQ, y añadió: «Sale más barato un pobre desorganizado que un pobre organizado. Forma parte del ajuste».
Pettovello fue enfática en la mentada «eliminación del intermediario» como intención directa de disociar el ejercicio del derecho a la asistencia del Estado del rol de la movilización colectiva y la demanda social en ese mismo derecho.
«La gente no vive del pan solamente, sino de la dignidad. La organización lo que hace es construir dignidad. Entonces, desautorizar al intermediario es desautorizar a la dignidad también. Al tratarse de actores sociales en desventaja, la mejor manera de garantizar el ejercicio de derechos es a través de la organización colectiva. No hay derechos sin organización», dijo Alzueta, y agregó: «Los derechos no son regalos de navidad que uno encuentra en el arbolito, sino conquistas sociales, producto de la movilización. Desautorizar esa organización es incapacitar a las personas a que puedan ejercer los derechos conquistados».
