Diputados y senadores del radicalismo se encontraron en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le presentaron el borrador del proyecto de reforma laboral que elaboró el espacio y pidieron incluirlo en el articulado de la ley Bases que impulsa el oficialismo.
El encuentro se produce un día después de que el Gobierno libertario recibiera por primera vez de forma oficial a los sindicalistas más representativos de la CGT, quienes anunciaron un nuevo paro nacional para el 9 de mayo, tras el encuentro de su comisión directiva.
La reforma laboral fue uno de los capítulos que impulsó el presidente Javier Milei en el mega DNU que firmó a poco de asumir pero fue frenado en la Justicia luego de una presentación que realizó la central obrera. Ahora, el oficialismo espera que la iniciativa que llevará al Parlamento la Unión Cívica Radical pueda tener mejores chances.
La reforma laboral del radicalismo, según explicaron desde el bloque que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, busca «actualizar y simplificar el marco normativo para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo» y con ella esperan combatir la informalidad y el desempleo. «Los objetivos son impulsar el empleo privado, incentivar la formalidad del empleo, terminar con los privilegios del sindicalismo, reducir costos laborales no salariales desproporcionados, y empezar de una buena vez a dar una solución al sistema previsional», dijo el titular del bloque de la Cámara Baja.
El proyecto incluye varios tramos polémicos que ya fueron cuestionados por las organizaciones obreras. Por un lado, insiste con poner un coto al derecho a huelga de los trabajadores de educación con la declaración de servicio esencial, e incluye las cuotas solidarias de los convenios colectivos de trabajo, uno de los puntos que la CGT rechaza.
Entre los principales aspectos de la norma se encuentra la rebaja de las contribuciones patronales, vinculando los montos al salario mínimo, vital y móvil y aplicable a empresas de hasta cinco empleados; la eliminación de las multas que existen en la legislación laboral, manteniendo aquella que pena la informalidad laboral; y se impulsan cambios en las indemnizaciones, creando fondos de cese laboral con un aporte del empleador de hasta el 8 % de la remuneración y opciones de capitalzación o seguros para solventar las indemnizaciones. Además, propone extender los períodos de prueba por hasta seis meses sin derecho a indemnización.
