Cuatro organizaciones argentinas se presentaron ante la Asamblea de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Gobierno de Javier Milei por «destruir políticas sociales» destinadas a paliar el hambre, prevenir la violencia de género y garantizar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Las vaga respuesta del Ejecutivo nacional.
Este jueves la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, entre otras organizaciones, se presentaron en tres audiencias desarrolladas ante el máximo organismo internacional de derechos humanos, para informar la situación que atraviesa Argentina desde la llegada de Milei y en particular, sobre cómo afecta el «plan motosierra» en el cumplimiento efectivo de los derechos.
«Miseria planificada»
En la primera audiencia, sobre «el impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular», desde la UTEP afirmaron que el Gobierno de Milei tiene «un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria».
En este punto, mencionaron el desfinanciamiento a las obras para barrios populares, la eliminación del Monotributo Social, el estancamiento del Salario Social Complementario, la falta de distribución de alimentos a los comedores populares, «en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”, entre otros puntos.
Respecto a esto sólo habló el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien afirmó que Capital Humano «ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”, y que la intención de la cartera encabezada por Sandra Pettovello, “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de «autonomía» y un «sistema justo» para los sectores vulnerables.
Nombrar la violencia de género
En la segunda audiencia, titulada “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”, se presentaron referentas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres x Mujeres, la FUNDEPS y el CELS quienes expusieron sobre el estado precario de las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. Concretamente, informaron sobre el desmantelamiento institucional, la reducción de personal y los recortes presupuestarios en programas, dispositivos e insumos, lo que afecta directamente a niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.
El mismo día que Argentina se convirtió en el único país en votar en contra de una resolución de la ONU a favor de erradicar la violencia de género, Baños negó ante la CIDH la violencia hacia las mujeres, y hablo de «violencia en todas las formas».
En este punto, intervinieron dos comisionados del organismo internacional, para recordarle al funcionario de Milei que justamente es la violencia más perpetrada y le pidieron “ reforzar todos estos conceptos para que esta violencia no sea naturalizada. Les pido como funcionarios de gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar la violencia de género”.
«El Estado reconoció la degradación institucional y el recorte de áreas, pero lo justificó en términos de una supuesta eficiencia, sin registrar la desprotección en la que se encuentran las mujeres y diversidades. Un ejemplo es el programa Acompañar, destinado a las víctimas de violencia de género, que tuvo una caída del 98% y que dejó de cubrir la demanda de mujeres en el máximo nivel de riesgo. Se trata de miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte», explicaron desde el CELS tras la audiencia.
En otro punto, Baños rechazando una la Ley de Interrupción del Embarazo sancionada por el Congreso nacional, dijo que este Gobierno «protege la vida desde la concepción».
“Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son esenciales»
“Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos en Argentina”, fue la tercera audiencia. “Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.
“Nunca, en estos 47 años de lucha, hemos bajado los brazos. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy pueden ser padres y madres. Por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, sostuvo y agregó:
“En esta búsqueda colectiva hemos encontrado 137 nietos, y para ello ha sido esencial el rol del Estado. No claudicaremos, sabemos que necesitamos a todos y a todas para garantizar el Nunca más”.
A su turno, Paula Litvachky, en representación del CELS, afirmó: “Como dijo Estela, atravesamos un momento de ruptura, que amenaza décadas de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Litvachky se refirió al desfinanciamiento, cierre de líneas de trabajo, despidos, vaciamiento de instituciones, e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, subrayó.
En la misma linea, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, puntualizó todos los ataques a la búsqueda de los nietos desde el actual Gobierno nacional. “Hoy los pilares de nuestra búsqueda se encuentran en jaque. Nos preocupa la destrucción de las herramientas del Estado”, aseveró.
Barrios en tanto, nego tal desfinanciamiento. “Seguimos respetando la memoria, pero el Gobierno también está respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas de terroristas. Las demandas de los peticionantes carecen de argumentos”, expresó.
En este punto, los expertos de la ONU manifestaron su preocupación. “Desde la recuperación de la democracia, Argentina ha hecho un gran esfuerzo para enfrentarse al legado de la dictadura: los juicios, el trabajo de Abuelas y Madres, los sitios de memoria”, manifestaron.
Uno de los comisionados de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, subrayó que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son esenciales y tienen impacto en múltiples dimensiones. Una de ellas es el fortalecimiento del estado de derecho, otra la reparación integral de las víctimas”, y formuló varios interrogantes a la delegación del gobierno de Milei relacionadas con el acceso a los archivos sobre delitos de lesa humanidad, cuál es el futuro de los espacios de memoria, la protección de testigos, la UEI, la preservación, desclasificación y acceso a archivos de inteligencia. Las respuestas del Gobierno llegarán por ecrito.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, expresó: “Gracias a Argentina el sistema interamericano ha avanzado de un modo muy importante. Me preocupan las narrativas que escuché aquí referidas a ‘organismos militantes’, ‘terroristas’… Argentina nos ha dado muestras a la región de cómo buscar y cómo reparar, ojalá estas muestras no se deconstruyan, porque han sido pioneras”. Y remarcó la obligación de “escuchar a la sociedad civil” cuando se trata de políticas públicas.
