Por Florencia Abelleira
Entre todos los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri en tan sólo un mes de presidencia, se encuentra el N° 254, mediante el cual decidió revisar los concursos y los contratos de todos los trabajadores estatales en busca de «ñoquis» y del achicamiento del presupuesto destinado al empleo público.
Esta vez fueron del Programa Verdad y Justicia que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En total son cinco los despedidos, una socióloga, una antropóloga y tres abogados, los últimos que habían sido empleados a lo largo de 2015, quienes se enteraron de los despidos cuando llegaron a su trabajo y no pudieron ingresar al sistema. La respuesta que recibieron de parte de las autoridades es que “son prescindibles”.
“Yo creo que muestra claramente la política de vaciamiento que van a iniciar. Primero sacan a los que menos antigüedad tienen y después van a continuar por los contenidos”, opinó ante la consulta de Contexto Horacio Pietragalla, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, respecto a la medida que tomó el Gobierno.
“Ya tenemos la experiencia de lo que hicieron cuando terminó el gobierno de Aníbal Ibarra y comenzó el macrismo en la ciudad, donde hubo más de 5 mil despidos; y con la justificación de la digitalización y modernización de la parte operativa de la gestión van dejando un montón de gente afuera”, recordó.
El Programa Verdad y Justicia se creó en 2007 en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad para investigar los crímenes del terrorismo de Estado, hacer un aporte a la Justicia e implementar un programa de protección para los testigos. En total hay más o menos cincuenta trabajadores, de los cuales quince están en las provincias. Esos responsables llevan adelante determinadas tareas en la jurisdicción donde se desarrolla cada juicio.
“El gobierno de Macri ya declaró varias veces que va a dejar que la Justicia actúe con los juicios de lesa humanidad”, aclaró Pietragalla. “Salvo excepciones, la Justicia no avanza con los juicios, hay que estar atrás. El Estado tiene que hacer lo que hicimos todo este tiempo, acompañando y tratando de que la Justicia avance. Si el Estado se corre de ese rol que tiene que llevar adelante, brindando un abordaje integral a la política de juicios, digamos que no van a avanzar, nos están mintiendo”.
El Archivo en riesgo
El Archivo Nacional de la Memoria cuenta con causas emblemáticas, como la CONADEP, archivos del Plan Cóndor, procesos judiciales que fueron llevándose adelante en los últimos doce años con todos sus testimonios.
A la vez, nutre con esa información a los tres poderes del Estado. Por ejemplo, aportando información sobre delitos económicos que realizaron las empresas durante la última dictadura cívico-militar.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, manifestó que no va a respetar el cargo que asumió Horacio Pietragalla a principios de diciembre del año pasado a través de un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Todavía Pietragalla, hijo de desaparecidos, nieto restituido en 2003 y ex diputado nacional, sigue siendo el presidente del Archivo hasta que Avruj designe un nuevo funcionario.
“La ex presidenta me nombró presidente por pedido de los organismos de derechos humanos en el plazo que vencía la presidencia anterior. Esto siempre se consensuó con los organismos de derechos humanos, pero el ministro expresó que él iba a notificar quién será el presidente del Archivo Nacional de la Memoria”, explicó Pietragalla.
Desde las organizaciones de derechos humanos temen sobre el giro en sus funciones que pueda dar la entidad. “Vamos a tratar de hacer una auditoría, si me desplazan, para que quede muy claro para los organismos qué es lo que hay acá adentro”, advirtió el presidente del Archivo.
El año pasado, cuando se conformó una bicameral para llevar adelante las investigaciones sobre la responsabilidad civil y económica en la dictadura, este organismo fue uno de los que buscó información para poder brindar pruebas. Sin embargo, para Pietragalla, esos roles que hoy tiene la entidad pueden ser interceptados.
“No creo que salgan a denunciar a un Blaquier, por ejemplo, con pruebas que pueda haber acá, cuando ellos tienen a un Blaquier como funcionario. Los mismos grupos económicos que se favorecían en la dictadura siguen teniendo mucho poder en el país. Son los que financiaron la campaña de Cambiemos y hoy muchos de sus Ceo forman parte del Gobierno”, concluyó.
