En medio de las múltiples denuncias del oficialismo por los atropellos a la democracia y la institucionalidad, Argentina cerró este viernes su cuarto ciclo del examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, en el informe final, recibió cuatro recomendaciones de distintos países en relación con las presentaciones sobre independencia judicial. Las naciones coincidieron en los señalamientos realizados por Argentina, vinculados al peligro que representa la cooptación política del sistema judicial.
Cabe destacar que las conclusiones del EPU estuvieron atravesadas por observaciones tales como la “erradicación de los discursos de odio y la discriminación” y la necesidad de “adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Milagro Sala”. Asimismo, hubo un fuerte mensaje de solidaridad hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el intento de magnicidio sufrido en 2022.
En cuanto a lo relacionado con la independencia judicial -tema reconocido como un grave problema en la actualidad en Argentina-, fue abordada en cuatro recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania. Todas estas recomendaciones fueron en sintonía con lo planteado desde el Gobierno nacional, a pesar de las operaciones de los grandes medios argentinos, que intentaron instalar lo contrario.
Es que tanto Clarín y La Nación como otros sectores de la prensa alineada al macrismo viralizaron una versión falsa de las conclusiones del informe, donde planteaban que los señalamientos de Alemania eran dirigidos al actual Gobierno, cuando en realidad eran dirigidos al período 2019, en torno a las denuncias por presiones a fiscales y jueces durante la era Cambiemos.
En efecto, Alemania resaltó esto en base a una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019. Allí se advertía que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante “actos de intimidación y presión” a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos “habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
En este marco, la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación salió a hacer aclaraciones esta semana, con el informe ya publicado de manera oficial. “Es falsa y malintencionada esta noticia, que también replicó el diario La Nación. En primer lugar, el informe oficial con las recomendaciones realizadas por los estados a la Argentina será publicado recién el viernes”, señaló el titular del área, Horacio Pietragalla Corti, en relación al intento de Clarín y La Nación de instalar la noticia falsa.
“Por otro lado, en la audiencia hubo representantes de 107 estados, que felicitaron y elogiaron el informe presentado”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación y agregó: “Sólo dos estados hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina y fue para recomendarle al Estado que tome medidas para fortalecer la independencia judicial. El recorte y la interpretación de esas dos únicas exposiciones son insólitos”.
